Interinos y opositores, en guerra con Justicia por 6.300 plazas

El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del 28 de abril se va a encontrar con un polvorín en el ámbito de la Justicia. Tras el anuncio triunfal de una convocatoria de 33.000 plazas dentro de la oferta de empleo público, se está gestando una batalla por acceder a las 6.300 plazas dentro del proceso de consolidación de plantillas.

En el centro del conflicto están los concursos-oposición para acceder a plazas de gestión, tramitación y auxilio procesal, a las que optan entre 7.000 y 12.000 interinos y otros 25.000 opositores. Hasta ahí, la lógica competencia.  Sin embargo, unos y otros ven en las condiciones en las que previsiblemente se desarrollarán las pruebas de acceso un sesgo a favor del colectivo 'rival'. Y esta cuestión ha acabado de estallar después de que se haya conocido hace unos días el contenido de los borradores en los que figuran los criterios de los concursos-oposición para las plazas correspondientes a las convocatorias de 2017 y 2018, unas 6.000.

El Ministerio de Justicia y los sindicatos prevén reunirse esta semana para cerrar definitivamente estos borradores, que incluyen importantes cambios. Los más significativos se refieren a la sustitución de las pruebas de mecanografía (primer ejercicio) por un test de ofimática; el cambio de la prueba de gestión (tercer ejercicio), en el que se sacaban al azar tres temas para desarrollar dos, y que ahora serán 10 preguntas sobre el temario; y una ampliación de temario.

Estas modificaciones, y otras cuestiones, son a los ojos de los opositores que quieren acceder de nuevas a la Administración una forma de allanar el camino a los interinos (opositores también, al fin y al cabo). Estos, en cambio, creen que la experiencia debería pesar aún más en la ponderación de los méritos --de hecho, quieren una plaza automáticamente para aquellos que lleven más de tres años en su puesto-- y denuncian que los borradores cierren el paso a aquellos que no tengan una licenciatura.

El resultado es que, a la vista de que este proceso quedará resuelto en alrededor de un mes, previsiblemente después de Semana Santa --cuando los sindicatos hagan sus alegaciones y el Ministerio de Política Territorial de el visto bueno--, las partes pisan en acelerador y afilan la uñas. Son dos colectivos en el que en el fondo les une una situación de abuso en la Administración fraguada durante años, como ha denunciado el Tribunal de Justicia de la UE. Pero, lo cierto es que las plazas son finitas y todos pelean por sus intereses.

De momento, los interinos planean impugnar los concursos. Por su parte, los opositores esperarán a que se publiquen oficialmente las bases para decidir si emprenden una batalla legal. No obstante, ya han remitido un escrito al Ministerio de Justicia plagado de críticas y peticiones de cambios en las bases de las oposiciones. Todo camina pues hacia una mayor escalada en el conflicto.

Los cambios de Justicia

Este periódico ha intentado recabar alguna explicación por parte del Ministerio de Justicia para conocer el por qué de los cambios introducidos en los borradores respecto a lo acordado con los sindicatos en el mes de enero. Por el momento, la única respuesta recibida es que estos temas están siendo tratados con ellos.

Sin embargo, desde los sindicatos tratan de arrojar algo de luz. Recordar que ya en enero se practicaron modificaciones en las bases, que planteaban una mayor entrada a priori de aspirantes en la primera fase del concurso oposición. Y es que, hasta ahora, se realizaba una primera prueba de mecanografía y, una vez valorado el nivel alcanzado por los candidatos, se establecía una nota de corte.

Para las convocatorias de 2017 y 2018, lo que se ha hecho es establecer una nota mínima, a partir de la cual pasarán a la siguiente fase los mejores resultados, a razón de 10 por plaza. Esto hace que el proceso tenga visos de ser masivo.

Según los sindicatos, esta es la razón por la que las pruebas de mecanografía se hayan convertido de un mero test. Según apuntan, la Administración no está preparada materialmente --en número de aulas y ordenadores-- para hacer pruebas de mecanografía a tantos aspirantes. Esa misma circunstancia explicaría el cambio en el examen de gestión, que sería difícilmente abarcable si hubiera que corregir por cada candidato el desarrollo de dos temas durante cuatro horas.

¿Qué opinan los opositores?

En el escrito remitido por la Asociación por los derechos de los opositores de la Administración de Justicia (Adoaj) al Ministerio de Justicia, la primera de las críticas se dirige al cambio en el tercer ejercicio --que pasa a un cuestionario de 10 preguntas-- dentro de los exámenes para el cuerpo de gestión procesal y administrativa. Según señalan, "esta propuesta de eliminación del ejercicio de desarrollo beneficia directamente a los aspirantes que gozan de la condición de funcionario interino y perjudica gravemente al resto de opositores". "Es una propuesta que no respeta el principio de igualdad", añade.

En el caso de las pruebas de acceso a las plazas del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, el texto carga contra la sustitución del ejercicio de mecanografía por el test de ofimática, pues supone "precarizar" la formación de los futuros funcionarios y, además, beneficia claramente a los interinos, que no suelen tener la misma preparación ante un teclado.

Además, de forma general, los opositores lamentan la ambigüedad de los borradores planteados por Justicia, ya que no aclaran qué puntuación ponderada obtendrían los titulares de diplomaturas, y critican que estos textos otorguen más peso a las licenciaturas en Derecho que a otras, en contra, dicen, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por último, lamentan que en la fase de méritos se vaya a otorgar una serie de puntos por cada mes trabajado en la Administración y aseguran que, de acuerdo con la previsión, los interinos que lleven más de 10 años tendrán asegurada la valoración máxima.

¿Y los interinos?

Los interinos, de entrada, sostienen que se encuentran en muchos casos en fraude de Ley al llevar más de tres años en esta situación, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo. Desde ese prisma, la actual situación que se está dando en torno a las oposiciones no tiene sentido, y denuncian que la solución adecuado hubiera sido abrir un proceso extraordinario para estabilizar sus puestos.

Por eso, entre el colectivo de los interinos, lo que hay es mucho miedo y rabia. Muchos de ellos llevan más de una década en la Administración y superan los 45 años, la misma edad de muchos parados de larga duración para los que el Gobierno estudia ahora medidas de reinserción laboral. Se ven siendo los próximos.

Y por ello, se han encomendado a los bufetes de abogados para pelear, en primer lugar, que, dado que los tribunales han condenado el uso abusivo de la figura del interino en la justicia europea, se hagan fijos a todos los trabajadores que lleven más de tres años en esta situación o que, como último recurso, se les despida con una compensación. Además, los interinos lamentan que las pruebas de acceso dejen fuera, de entrada, a quienes no tengan una legislatura, aseguran desde la Asociación Interinos Justicia (AIJ), que ya se ha constituido como sindicato bajo la denominación Acción Sindical Independiente de Justicia (ASIJ).

¿Qué ocurrirá en 2019?

La gran incógnita es qué ocurrirá con las alrededor de 1.500 plazas de consolidación pendientes de convocatoria en 2019. La clave será un cambio introducido a finales de 2018. Se trata de la modificación del artículo 484 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada vía enmienda del PP, para que los procesos de selección de los funcionarios de Justicia se convoquen con arreglo a lo que dicta el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), esto es, que en casos excepcionales puedan convocar concursos de méritos.

Aunque los interinos ganaron esta batalla y lograron introducir este elemento en la legislación, las convocatorias para 2017 y 2018 no han tenido en cuenta este cambio. Los opositores defienden que cuando se realizaron las convocatorias, este cambio aún no se aplicaba, pero creen que esta modificación se aplicará para los próximos exámenes. En esa tesitura, los opositores creen que lo que les espera es una alfombra roja para los interinos. Estos, en cambio, creen que la Administración ya se está saltando la Ley.