Vía libre al subsidio para mayores de 52 años, pese al 'no' del PP

El Gobierno ha sacado adelante la convalidación del Real Decreto de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en el mercado de trabajo que incluye el subsidio para mayores de 52 años. Los diputados del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCat, PNV, UPN y Foro Asturias han trasladado a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magadalena Valerio, su apoyo. Durante el debate de convalidación del decreto en la Diputación Permanente, únicamente ha mostrado su negativa el PP. Ciudadanos ha optado por la abstención.

Sobre el subsidio de mayores de 52 años, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha insistido en que "en absoluto" está suspendida la tramitación de este subsidio. Además, ha recordado que va a afectar a 380.000 personas e implica dotar de un mínimo de capacidad adquisitiva a un mayor número de personas.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Carlos Rojas cree que las medidas incluidas en el decreto son "una quimera" y que están "solo al alcance de quien fue presidente por una moción de censura y dejará de serlo en las urnas". También ha criticado que haya "miles de solicitudes del subsidio de mayores de 52 años paralizadas".

"Entiendo que el Gobierno tenga mucha prisa electoral, pero no costaba nada haber intentado negociar esta norma", ha apuntado el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Francisco De la Torre, que también ha criticado que la estimación del coste del subsidio de mayores de 52 años sea de 1.340 millones según la memoria económica del decreto y de 700 millones según Valerio.

La diputada del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos Yolanda Díaz, aunque ha mostrado la voluntad de votar a favor, ha asegurado que es un decreto "absolutamente menguante", un "sucedáneo de mala calidad" que deja intactas las normas laborales que "han destrozado el mercado laboral". "Han tenido tiempo de sobra para derogar las reformas laboral y de pensiones, no querían hacerlo, porque son otros los intereses que se han impuesto a sus propias voluntades", ha apuntado.

Las medidas del decreto

Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo (SEPE).

Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años.

La norma incorpora un plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años.

También verá la luz una reducción del 14,6% en las cuotas para trabajadores del sistema especial por cuenta ajena del sector agrario durante sus periodos de inactividad, de forma que, con efectos del 1 de enero, aquellos que hayan realizado un mínimo de 55 jornadas cotizadas en 2018 se les aplicará el descuento. Asimismo, habrá una reducción a la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos de las empresas de sectores de turismo, hostelería y comercio durante los meses de febrero, marzo y noviembre.

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 euros para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019. Por último, en materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones.