El programa electoral de Podemos para las próximas elecciones generales del 28 de abril recoge su intención de aprovechar Bankia como banco público y echar al actual presidente José Ignacio Goirigolzarri, para buscar un nuevo ejecutivo "capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país".

El ideario de la formación morada señala que "en el rescate bancario, del que los bancos nos deben 60.000 millones de euros y debido al cual se ha concentrado el 70% del mercado en cinco entidades, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia".

En este marco, se propone aprovechar la circunstancia para que la entidad opere como un banco público. "Al menos, podemos aprovechar ahora para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la  banca que otras entidades descuidan, como cajeros o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país", recoge el programa.

Propone un cajero dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado con un canon al sector bancario y gestionado por Bankia

Podemos promete que habrá "al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia".

Y es que el partido que lidera Iglesias aboga por más impuestos para los bancos. Para "recuperar los 60.000 millones del rescate bancario", propone la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca.

Según sus cálculos, "recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país".

Concretamente indica que establecerá "un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades". Además, explica que, "del mismo modo que el rescate fue una operación específica destinada al sector bancario y no se extendió a trabajadoras y trabajadores autónomos, familias, pymes ni otros sectores económicos, tiene todo el sentido establecer un impuesto específico para recuperar, también a través de otras reformas, los 60.000 millones del rescate bancario".

Defiende un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades y otro impuesto específico a la banca

Otra de sus propuestas es implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias. "Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada", sostiene.

Añade que, "al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa".

Podemos también propone prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios y que bancos y los fondos sean propietarios de los medios de comunicación.

Quiere auditar los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas e intervenir el mercado del alquiler

En su programa lanza un dardo directo a PSOE sobre su posición en torno al sector financiero. "Cada vez que hay que enfrentarse a las eléctricas, a la banca o a los fondos buitre para defender los derechos de la gente, al PSOE le tiemblan las piernas", indica.

Por su parte, Podemos se compromete a luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda. "Auditaremos los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo, elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda".

El partido morado propone "blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental" para afrontar "el acceso a la vivienda como una cuestión de Estado".

Propone "intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler eestable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias". Para ello, señala en el programa, "estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler".

Podemos planea obligar a fondos y bancos a ceder 50.000 viviendas vacías al año para elevar el parque de vivienda en alquiler social

En la misma línea, para garantizar un alquiler estable, en los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.

Podemos también plena crear un gran parque de alquiler público de precio asequible a costas de activos de grandes inversores y bancos. "Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementaremos en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías", manifiesta.

Promete aumentar la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea y paralizar y revertir la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público.

Pide al BCE que condone a Europa una deuda superior a los tres billones de euros; a España le cancelaría una deuda de 450.000 millones

El partido de Iglesias también lanza propuestas para la "reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro". Se propone implementar esta reestructuración a través de una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad.

Según Podemos, el Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0% de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60% del PIB. Es decir, la propuesta de Podemos supone que el supervisor europeo condone a Europa deudas por valor de 3 billones dado que, según los últimos de Eurostat de 2017, la deuda de los 19 países de la Eurozona sobre el PIB alcanza el 86,8%, equivalente a 9,73 billones de euros. Rebajarla al 60% del PIB supondría situarla en unos 6,72 billones, es decir, pide la institución que preside Mari Draghi la cancelación de tres billones de deuda.

En el caso de España, con datos de 2018, la deuda sobre el PIB está en el 97,2% (1,17 billones de euros). Bajarlo al 60% supondría reducirla a 725.000 millones, esto son 450.000 millones menos.