El ritmo cabalgante del envejecimiento en España no solo plantea retos por el lado de las pensiones, también dibuja un panorama de cambios profundos a otros niveles económicos y también sociales. No es lo mismo cómo asume el riesgo en las inversiones una sociedad joven que una envejecida, ni tampoco sus patrones de consumo. Por eso muchas empresas se preparan para ese momento en el que la mayor parte de sus clientes serán sexagenarios. Y también la política se verá afectada por este proceso. Sin embargo, en este caso el cambio tiene más visos de involución.
Un reciente informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) viene a concluir que, a medida que la población vaya envejeciendo, lo lógico sería que el votante dirigiera más su mirada hacia la vieja política, a partidos como PP y PSOE, en busca de lo conocido. De ser así, todo apuntaría a que los partidos de la conocida como nueva política estarían en un momento clave: o ganan ahora las elecciones generales en España y se meten en la terna de los partidos habituales para los ciudadanos, o puede que dejen pasar su oportunidad.
El estudio, titulado Implicaciones electorales del envejecimiento y de las políticas de bienestar, ha sido elaborado por Juan Jesús González, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), en el marco del proyecto I+D+i Reducir el paro estructural en España: formación y empleo, costes laborales, migraciones, Estado de bienestar y familia, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del anterior Gobierno del PP.
La premisa de la que se parte es cuanto menos llamativa: quizás ya no tenga sentido, a la hora de abordar las tendencias de voto, hablar de izquierdas y derechas, o del proletariado frente a las clases medias. Tal vez sea más acertado ahora contraponer las nuevas clases medias y las pasivas, entendidas estas como las que de una parte financian el sistema de prestaciones, cada vez más amplio, y las que las consumen.
Dicho de otro modo, "los alineamientos electorales obedecen cada vez menos al impulso de las políticas que regulan el ámbito de la producción y cada vez más a las tensiones redistributivas derivadas de la financiación del Estado de bienestar, dando lugar así a colectivos sociales más o menos organizados que compiten por el reconocimiento de sus respectivos derechos sociales, a la conquista de recursos públicos que reduzcan sus sentimientos de privación relativa".
Nada más y nada menos que lo que ocurrió en febrero de 2018, cuando los pensionistas salieron a las calles de forma masiva en España para reclamar que sus prestaciones subieran los mismo que el IPC para no perder poder adquisitivo. Fue sorprendente ver a millones de jubilados manifestarse, pero ese es ahora el campo de batalla electoral.
El informe pone el foco en este fenómeno, y señala que los sectores que dependen de políticas sociales –y, en particular, los pensionistas– representan un tercio creciente del censo electoral de las democracias avanzadas, lo que les proporciona una especie de veto electoral contra cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en perjuicio suyo, "tal como se ha podido ver en el caso español a la hora de aplicar los recortes o en la manera como discurre el debate sobre la reforma del sistema de pensiones, donde la puja electoral siempre conduce a la solución más generosa, por ejemplo, la revalorización conforme al IPC".
Por el contrario, la apuesta por la “nueva política” ha venido liderada por las nuevas clases medias, las cuales tratan de encontrar por esta vía no solo nuevas formas de gobernanza, sino también un nuevo equilibrio distributivo.
Sin embargo, solo los pensionistas van camino de sumar 10 millones de jugosos votos. Es por eso que, como ha ocurrido esta semana, los partidos políticos se tiren las pensiones a la cabeza para tratar de llevarse los votos de estos beneficiarios a su redil. Especialmente los grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, que, como pone de manifiesto el informe, serán los asideros políticos de una España cada vez más envejecida.
En el caso de España, era cuestión de tiempo. Representa un caso genuino de apuesta por el gasto social centrado en pensiones y protección al desempleo -más del 40% de los Presupuestos anuales se va en estas partidas- frente al gasto en inversión social, que incluye educación, I+D o políticas activas de empleo. Según el informe esto no hace sino agudizar el sesgo redistributivo a favor de la tercera edad y darle más poder electoral.
¿Hacia dónde vamos?
Y esto no ha hecho más que empezar. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) , la población en edad de trabajar se mantendrá estable en torno a los 30 millones de personas en las próximas décadas. Otras instancias, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la oficina estadísticas de la Comisión Europea (Eurostat), calculan que la población potencialmente activa no sobrepasará los 28 millones de personas.
Estos datos, comparados con la previsible salida del mercado de trabajo de muchos trabajadores que a día de hoy suman en torno a 60 años, llevan a que en 2050 habrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, según estimaciones de la OCDE. En esta línea, el organismo dirigido por José Luis Escrivá indica que el crecimiento estimado del gasto en pensiones sobre el PIB es moderado hasta el final de la década, se acelera entre 2020 y 2030, coincidiendo con la jubilación de la generación del baby boom, y se estabiliza a partir de 2045.
En 2048, el gasto alcanzará un 13,4% del PIB, 2,8 puntos porcentuales más que en 2018. Y esa es la frontera que dividirá a los que tienen que generar riqueza y los que se comerán ese estado del bienestar. Más aún, mientras la renta de los hogares con miembros activos registró una caída del 12% entre 2008 y 2014, la renta de los hogares con miembros inactivos -entendidos como dependientes, pensionistas, etc- aumentó un 11%. Así es que ¿quién quiere perder en experimentos lo logrado durante años?
La lucha por mantener intacto el bolsillo
No obstante, la cuestión es quizás más simple. Uno de los factores que modula esta propensión al cambio o la continuidad es la propia edad, sin más, por cuanto viejos y jóvenes difieren en su nivel de aversión al cambio. Tanto es así que, a lo largo de las últimas décadas, el ciclo de los partidos que han ido pasando por el gobierno ha estado condicionado, entre otras cosas, por cambios en su perfil sociodemográfico.
Explica el estudio que, si bien "la llegada al gobierno ha contado con el apoyo, más o menos entusiasta, de los sectores más jóvenes de la población, estos han sido progresivamente reemplazados por electores más viejos a medida que su gestión se hacía más previsible y rutinaria".
En este sentido, no sorprende que desde el año 2015 una serie de partidos de nuevo cuño haya acaparado buena parte del voto joven y trabajador, mientras que los partidos clásicos sufrían un envejecimiento de su electorado, con pensionistas y amas de casa como baluartes. De hecho, los votantes socialistas de 2008 se dividieron en dos mitades siete años más tarde; una mitad permaneció en el PSOE y la otra emigró a Podemos: en tanto que los votantes populares de 2011 se repartieron cuatro años más tarde entre el PP y Ciudadanos.
Ahora bien, el informe indica que, "puesto que las clases pasivas son cada vez más numerosas y, sobre todo, más fieles en términos electorales, el envejecimiento imparable de la sociedad española se ha convertido en un factor decisivo a la hora de frenar y retrasar dicho cambio".
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