El Gobierno quiere garantizar luz más barata por la noche para cargar coches eléctricos

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere impulsar la expansión del coche eléctrico en las carreteras de España como uno de los pilares para reducir las emisiones de efecto invernadero. Si consigue mantenerse en Moncloa tras las elecciones del 28-A pretende impulsar un plan de promoción de la movilidad eléctrica con ayudas de 1.000 millones de euros hasta 2025.

Pero la conseguir que los coches eléctricos se multipliquen en el mercado español, el Ejecutivo también se mueve para facilitar precios de la electricidad razonables para alimentar a esos vehículos. El Gobierno ha trasladado sus orientaciones de política energética para que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las tenga en cuenta para fijar parte de los cargos que se cobran en el recibo de la luz.

Entre ellas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha pedido al supervisor que cuando establezca la cuantía de los peajes de acceso del recibo de la luz (que se cobran en la factura y que sirven para cubrir los costes regulados) y, “en particular, el diseño de los periodos horarios” lo haga con el objetivo de contribuir al fomento del coche eléctrico.

Esto es, el Gobierno quiere que la CNMC estudie fórmulas que haga que el precio de la luz siga siendo más barato durante las noches porque es el momento en que mayoritariamente los propietarios recargan en casa sus vehículos eléctricos, según confirman fuentes ministeriales.

Actualmente la presencia del vehículo eléctrico en el parque automovilístico español apenas supera las 36.000 unidades. El objetivo que marcaba el Gobierno en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) era llegar a 2030 con cinco millones de vehículos eléctricos en las carreteras, en torno a un 16% del total. Las previsiones de la industria automovilística son mucho más conservadoras y anticipan que en una década habrá en España un millón de coches, entre un 4 o un 5% de unidades del parque móvil nacional.

La CNMC regula, el Gobierno orienta

Tras un larguísimo litigio, con recursos en los tribunales españoles y con Bruselas amenazando con denunciar a España ante el Tribunal de la UE, el Gobierno devolvió el pasado enero a la Competencia Nacional de los Mercados y de la Competencia amplias competencias de  control y regulación de los mercados de electricidad y de gas.

La CNMC ya asumirá de cara a 2020 el control de una parte importante de los costes que determinan el precio final del recibo de la luz y del gas natural, y también cuánto cobran REE, Enagás o las grandes energéticas por sus redes de luz y gas. Pero el organismo deberá hacerlo tomando “en consideración” las orientaciones de política energética que le marque el Gobierno.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esas orientaciones políticas para marcar límites al supervisor. No son de obligado cumplimiento para la CNMC, son recomendaciones para modular que las competencias que asume se desarrolle de manera armónica con los objetivos del Gobierno en materia energética.

La CNMC elaborará a lo largo de este año trece circulares de carácter normativo a través de las que articulará sus nuevas competencias (seis circulares referentes al sector eléctrico, seis del sector del gas y una referente a ambos). Y el Ministerio comandado por Teresa Ribera ha establecido sus orientaciones para cada una de ellas.

Entre otras reclamaciones, el Gobierno pide a la CNMC que al fijar la retribución que cobra el operador del sistema eléctrico –Red Eléctrica de España, REE- busque garantizar la independencia del gestor del sistema respecto a otros negocios del mismo grupo empresarial. Una advertencia que el Ministerio cuela después del acuerdo de Red Eléctrica para comprar el grupo de satélites Hispasat.

Entre otros aspectos, el Gobierno también pide a la CNMC que las metodologías de retribución del transporte y de distribución de electricidad y de gas natural contemplen un principio de prudencia financiera para los titulares de activos de las redes; que las retribuciones aseguren la sostenibilidad del sistema eléctrico, la seguridad de suministro y la integración de las nuevas renovables y que todo sea haga al “mínimo coste” posible; o que se incentive la extensión de las instalaciones que ya hayan superado su vida retributivo para ahorrar costes y evitar su sustitución por otros activos.