Los sindicatos se quejan de que Endesa puede ganar dinero con la huelga general

Endesa afronta este viernes la primera jornada de huelga general en su historia. UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de Energía (SIE) han convocado una jornada de huelga total, coincidiendo con la junta de accionistas de la eléctrica y como medida de presión en la negociación de un nuevo convenio colectivo. Los sindicatos temen que, con los servicios mínimos impuestos por el Gobierno, la jornada de huelga puede acabar incluso saliéndole rentable a la compañía.

La ley establece que las instalaciones de producción de electricidad y las redes de distribución y transporte han de estar sujetas a la fijación de servicios mínimos para garantizar el suministro eléctrico sin problemas y la estabilidad de todo el sistema. De cara a la huelga de este viernes, el Gobierno ha impuesto ya esos servicios mínimos y fuerza que todas las centrales eléctricas del grupo tengan que estar disponibles durante el paros.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado una orden en el BOE con la que impone la plena disponibilidad de todas las centrales de gas natural y de carbón de la compañía, de las hidroeléctricas, tal y como había propuesto REE. Todas tienen que estar disponibles, menos las que ya tenían paradas programadas. Las centrales nucleares no se ven afectadas porque su plantilla se rige por convenios colectivos propios al estar gestionadas por agrupaciones de interés económico en la que Endesa participa con otras eléctricas.

Asimismo, el departamento comandado por Teresa Ribera también impone la plena disponibilidad y operatividad de todas las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, de los centros de control en todos sus niveles jerárquicos de todas las filiales de Endesa, sean generadoras, de transporte y de distribución. Y el Ejecutivo establece la obligación de designar retenes y brigadas necesarios para atender al mando local y resolver averías en caso de que se produjesen.

Para la empresa, un ahorro en salarios

Los sindicatos se quejan de que los servicios mínimos son “abusivos” y “desproporcionados” y denuncian que pueden acabar teniendo un impacto económico positivo para la propia compañía. En el escrito de alegaciones presentado por CCOO a la orden de servicios mínimos, el sindicato reclama que la huelga general en la empresa tenga consecuencia directa sobre la disponibilidad de las centrales para evitar que Endesa se beneficie el paro por el pago de salarios que no pagará a los trabajadores que lo secunden.

“Si no se fijan paradas de ningún grupo de generación, la huelga sólo tendría un efecto negativo en los trabajadores que secunden la huelga por los salarios dejados de percibir y, de otra parte, ningún impacto económico en la empresa”, ha argumentado CCOO en las alegaciones, según se describe en la propia orden ministerial. “Para mayor abundamiento, la jornada de huelga podría suponer un ahorro económico a las empresas afectadas por la huelga derivados de los salarios que no abona a los trabajadores que se acojan a la huelga”.

Asimismo, en otro escrito de alegaciones conjunto de UGT, CCOO y SIE se denuncia que los servicios mínimos pueden considerarse “desproporcionados” y “abusivos”, ya que “superan a la palantilla real en fines de semana y festivos, donde ls distintas líneas de negocio operan con total normalidad y ofrecen precisas garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales”.

El Ministerio para la Transición Ecológica se desentiende de las críticas y subraya que su obligación en este campo no pasa por valorar los resultados de la huelga o su impacto económico, sino que su función únicamente es la de fijar unos servicios mínimos para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en todo momento y la estabilidad del sistema eléctrico. Dos premisas que, según subraya, sólo puede cumplir si sigue la recomendación de REE y exige la disponibilidad total de las plantas.

Junta de accionistas caliente

La junta de accionistas de Endesa de este viernes ya prometía ser especial. Lo era porque será de la que saldrá el nuevo presidente de la eléctrica, Juan Sánchez-Calero, y será la última de Borja Prado tras una década al frente de la compañía. Pero será, además, movida por coincidir con la huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos del grupo y por una concentración de protestas a las puertas del hotel en que se celebrará la junta en Madrid.

Los sindicatos quieren llevar la protesta de los trabajadores contra dirección de Endesa y contra la gestión de su dueña, la italiana Enel, a la propia junta de accionistas. En una demostración de fuerza, lo harán con una concentración que anticipan será multitudinaria frente al hotel en que se realizará el cónclave de accionistas. Y también lo harán desde dentro, ya que decenas de empleados y ex empleados de la eléctrica han comprado una acción para poder entrar a la junta y plantear sus exigencias a la cúpula de la compañía.

Los sindicatos prevén que a las puertas de la junta de accionistas, en Madrid, se concentrarán entre 2.500 y 3.000 empleados y ex trabajadores del grupo. Las organizaciones sindicales, en coordinación con las plataformas de ex empleados y las asociaciones territoriales, fletarán entre 45 y 50 autobuses procedentes de toda España para facilitar el traslado a la concentración de la capital, según adelantó El Independiente fuentes sindicales. También están convocadas otras dos concentraciones en Barcelona y en Sevilla.

El fin de la ‘luz gratis’ para 36.000 empleados

Los sindicatos denuncian que las propuestas de la dirección de Endesa y de Enel (que controla el 70% del capital de la eléctrica) para el nuevo convenio colectivo –el anterior expiró en diciembre- sólo contienen en la práctica retrocesos económicos y laborales, a pesar de la mejora de los resultados que se prevé en el plan estratégico y tras años de una política de reparto de dividendos.

Uno de los principales puntos de choque entre dirección y sindicatos, y el detonante último de la huelga general prevista para esta semana es la decisión de Endesa de suspender el consumo eléctrico gratuido del que se benefician los 9.000 integrantes de la plantilla actual y unos 27.000 más ex trabajadores del grupo ya jubilados y sus viudos o viudas.

Endesa entiende que con la expiración del convenio también lo hace la vigencia de estos beneficios sociales, y dejará de pagar en julio la electricidad hasta a dos casas de los trabajadores y los ex empleados retirados. Unos y otros sólo se hacían cargo de los peajes regulados de la factura y de los impuestos, mientras que la parte del consumo eléctrico (entre un 35 y un 40% del recibo final) era gratuita.

La electricidad gratuita está considerada una parte del salario en especie, así que con la expiración del convenio la plantilla actual ha consolidado esa parte en sus contratos, pero los 26.000 ex empleados se quedarán sin bonificación alguna en julio. La Audiencia Nacional acaba de avalar a Endesa en su intención de retirar la gratuidad de la factura eléctrica a los ex empleados retirados, aunque los sindicatos ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La eléctrica ha propuesto a los sindicatos para alcanzar un acuerdo y cerrar el litigio la posibilidad de rebajar el  máximo de consumo eléctrico gratis del que se beneficia la plantilla y los jubilados,  pasando desde los 15.000 kilovatios hora al año hasta los 3.500 kilovatios hora (kWh) para todos.

En el caso de los empleados activos además de ese consumo gratuito, la compañía también ofrece electricidad con descuentos especiales para el consumo entre 3.500 y los 9.000 kWh y un complemento en metálico de entre 400 y 500 euros al año. Los sindicatos no aceptan que haya diferentes condiciones para los empleados actuales y para los ex trabajadores del grupo, así como para sus viudas y huérfanos como se hacía hasta ahora.

Endesa recoge en sus cuentas unas provisiones de 711 millones de euros para hacer frente a los pagos futuros de los recibos de luz gratuitos de los que hasta ahora eran beneficiarios del descuento. Desde la compañía se esgrime que para negociar mejoras laborales y económicas en el nuevo convenio hace falta quitarse ese lastre millonario. Según fuentes financieras, la oferta diseñada por la empresa sobre la electricidad gratuita serviría para rebajar esas provisiones desde los más de 700 millones actuales a sólo entre 100 y 150 millones.