La dirección de Endesa y los sindicatos retoman este miércoles las negociaciones para un nuevo convenio colectivo. La nueva reunión llega cuando aún dura la resaca de la huelga general de hace dos semanas y cuando aún resuenan las protestas, los gritos, los pitidos y los abucheos que se oyeron dentro y fuera de la junta de accionistas de la eléctrica.
Las negociaciones, tras 18 meses de contactos sin frutos, habían quedado suspendidas por la convocatoria de paro general por parte de UGT, CCOO y SIE haciéndolo coincidir con la junta del 12 de abril.
Los sindicatos denuncian que las propuestas de la dirección de Endesa y de Enel (que controla el 70% del capital de la eléctrica) para el nuevo convenio colectivo –el anterior expiró en diciembre- sólo contienen en la práctica retrocesos económicos y laborales, a pesar de la mejora de los resultados que se prevé en el plan estratégico y tras años de una generosa política de reparto de dividendos.
Como parte de un acuerdo general se han de revisar las tablas salariales (la propuesta de la empresa es hacerlo con una subida del 1%) y un plan de prejubilaciones voluntarias (manteniendo el 60% del sueldo a los mayores de 50 años y el 80% para los mayores de 60) y con jubilaciones anticipadas. Pero el gran punto de enfrentamiento entre la compañía y los sindicatos es otro.
Y es que el principal asunto de choque frontal entre la dirección y las organizaciones sindicales, y el detonante último de la huelga general convocada, es la decisión de Endesa de suspender el consumo eléctrico gratuito del que se benefician los 9.000 integrantes de la plantilla actual y unos 26.000 más ex trabajadores del grupo ya jubilados y sus viudos o viudas.
Endesa entiende que con la expiración del convenio también lo hace la vigencia de estos beneficios sociales para los jubilados, y dejará de pagar el 30 de junio la electricidad de las casas de los ex. La electricidad gratuita está considerada una parte del salario en especie, así que con la expiración del convenio la plantilla actual ha consolidado esa parte en sus contratos, pero los 26.000 ex empleados se quedarán sin bonificación alguna en julio.
Hasta ahora, tanto los trabajadores como los ex empleados sólo se hacen cargo en su recibo de luz de de los peajes regulados de la factura y de los impuestos, mientras que la parte del consumo eléctrico (entre un 35 y un 40% del recibo final) es gratuita.
Endesa recoge en sus cuentas unas provisiones de 711 millones de euros para hacer frente a los pagos futuros de los recibos de luz gratuitos de los 26.000 jubilados. Si no hay acuerdo global para un nuevo convenio colectivo y para una solución al pago de la electricidad a los retirados, la eléctrica revertirá las provisiones millonarias y realizará una inyección en sus cuentas de esos más de 700 millones que irán a parar directamente a su resultado bruto de explotación (ebitda).
La Audiencia Nacional acaba de avalar a Endesa en su intención de retirar la gratuidad de la factura eléctrica a los ex empleados retirados. Aunque los sindicatos ya han anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, el aval de la sentencia de la Audiencia permite a la compañía –empujada por su propio auditor- revertir las provisiones.
En su última reunión, la eléctrica ha propuesto a los sindicatos para alcanzar un acuerdo y cerrar el litigio la posibilidad de rebajar el máximo de consumo eléctrico gratis del que se beneficia la plantilla y los jubilados, pasando y dejarlo en un máximo de 3.500 kilovatios hora (kWh) al año para todos (actualmente algunos disfrutan de consumo gratuito ilimitado, otros de 30.000, otros de 20.000 kWh y otros de 15.000).
En el caso de los empleados activos además de ese consumo gratuito, la compañía también ofrece electricidad con descuentos especiales para el consumo entre 3.500 y los 9.000 kWh y un complemento en metálico de entre 400 y 500 euros al año. Los sindicatos no aceptan que haya diferentes condiciones para los empleados actuales y para los ex trabajadores del grupo, así como para sus viudas y huérfanos como se hacía hasta ahora. Reclaman un acuerdo global que incluya a todos los beneficiarios, los trabajadores actuales y los ex.
Desde la compañía se esgrime que para negociar mejoras laborales y económicas en el nuevo convenio para los trabajadores en activo hace falta quitarse ese lastre millonario que suponen los beneficios sociales de los ex empleados. Según fuentes financieras, la oferta diseñada por la empresa sobre la electricidad gratuita serviría para rebajar esas provisiones desde los más de 700 millones actuales a sólo entre 100 y 150 millones. Pero si no hay acuerdo antes de julio, la eléctrica podrá revertir las provisiones en su totalidad.
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