Sánchez se libra de la temida subida de luz en plena campaña pese al alza de impuestos

El Gobierno se arriesgaba a encontrarse con una fuerte subida de la electricidad en plena campaña electoral para las generales del 28-A. Desde el pasado 1 de abril se recuperaba el impuesto al valor de la producción eléctrica –suspendido durante seis meses- y se auguraba que iba a tener un impacto directo en los precios.

Pero el mercado lleva días desinflándose, y en mitad de la campaña electoral el precio de la electricidad incluso se ha apuntado un descenso importante en el mercado mayorista (en el que eléctricas y brókeres compran y venden la energía). La electricidad que se consumirá hoy jueves tendrá un precio medio de 29,69 euros por megavatio hora (MWh), el menor precio en un año y un 25% menos que los 40 euros de cotización media del miércoles.

Un desplome del precio que se debe muy especialmente a la alta producción mediante energía eólica, que cubrirá casi el 45% de la demanda total del sistema eléctrico a lo largo de la jornada de hoy, según datos del consultor especializado en el mercado eléctrico Francisco Valverde. Durante varias horas de la madrugada, en que se combina baja demanda y alta producción eólica, incluso se pagará la electricidad a precios realmente bajos de entre 5 y 6 euros por MWh.

Frente a la fuerte subida del precio de la electricidad que se temía para este mes, de momento en lo que de abril, durante los 25 primeros días, el precio medio de la electricidad se sitúa en los 49,5 euros MWh, sólo un 1,4% más que durante el pasado marzo, cuando en la cotización aún no se cobraba el impuesto a la generación eléctrica. No obstante, es previsible que en los próximos días se registren algunas subidas porque se espera una menor producción eólica en el país.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado octubre un plan de choque para frenar las subidas de la electricidad y del recibo de la luz. Las medidas principales para parar la espiral alcista pasaban por rebajas de impuestos a las compañías eléctricas (por un importe total de 970 millones de euros) con el objetivo que éstas las trasladarán a los precios de la electricidad en el mercado mayorista.

Pero el grueso de esas rebajas fiscales para las eléctricas (por más de 800 millones de euros) tenía sólo carácter temporal, y expiraban a principios de abril. Esto es, las medidas que el Gobierno presumía que estaban sirviendo para contener el precio de la electricidad dejaron de tener ese efecto a las puertas de la campaña electoral para las generales del 28-A.

El Gobierno se resignó y asumió que no tenía margen para intentar prorrogar estas rebajas fiscales temporales antes de las elecciones. La decisión estaba en manos directamente del Ministerio de Hacienda, pero fue la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que confirmó que no se prolongarían las medidas excepcionales.  “El Gobierno no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura”, sentenció la ministra.

Con su plan de choque de octubre, el Ejecutivo suspendió durante seis meses  los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final.

El impuesto no se eliminaba, sino que se rebajaba hasta abril el tipo de gravamen desde el 7% actual hasta un tipo cero durante seis meses, los de mayor demanda eléctrica del año. La estimación del Gobierno es que durante el periodo en que no se aplicará el tributo –creado por el Gobierno de Rajoy como uno de sus pilares de su reforma eléctrica- las arcas públicas han dejado ingresar 830 millones de euros.

En efecto el fin de la legislatura recortaba las opciones para maniobrar en este campo, pero el gran problema con el que se encontraba Hacienda es que, si el Gobierno decidía finalmente prorrogar las ayudas por otros seis meses, tendría que asumir un descenso extra de en torno a otros 800 o 900 millones de euros menos de ingresos tributarios este año. Un recorte difícil de asumir con los presupuestos de 2018 prorrogados tras el no a las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Sánchez para este año.