La gran ‘hipoteca’ eléctrica: diez años más pagando deuda con el recibo de luz

Con cada recibo de luz todos los clientes están pagando una deuda. No sólo lo que deben cotidianamente por la electricidad que han consumido –que también-. Hay otra deuda. Una que viene de lejos y que ha llegado a ser milmillonaria.

Una parte de cada factura sirve para saldar una enorme hipoteca que los clientes tenían originalmente con las eléctricas y que ahora está en manos de bancos y de fondos de inversión. Y a todos esos clientes eléctricos, desde la familia que menos consume hasta una gran industria que lo hace con intensidad, aún les queda diez años para saldar esa hipoteca.

Durante años, lo que los consumidores pagaban con sus recibos de luz no fue suficiente para cubrir todos los costes reconocidos del sistema eléctrico. Entre 2000 y 2013 el desfase que se fue acumulando año a año entre los ingresos y los costes superó los 40.300 millones de euros. Parte del desfase se iba pagando más o menos rápidamente con los sucesivos recibos, pero la deuda que los clientes tenían con el sistema eléctrico (el famoso déficit de tarifa) tocó su máximo en 2013 con 28.700 millones de euros.

En un primer momento los consumidores debían esa cantidad a las propias compañías eléctricas, que eran las que durante años asumieron la diferencia en sus balances y financiaban el desfase entre ingresos y costes reconocidos. Pero ese milmillonario agujero se fue titulizando y colocando en los mercados financieros,  y las eléctricas fueron cediendo los derechos de cobro de la deuda a fondos de inversión y bancos, cuyos abonos (incluidos los intereses) se incluyen en cada factura eléctrica. Hoy parte del recibo va a esos bancos y esos fondos.

21.000 millones pagados, 21.000 por pagar

Actualmente esa deuda asciende a 18.851 millones de euros. Pero ésa es sólo la parte principal del endeudamiento, porque a ese importe hay que sumarle los intereses. Así que lo que aún tienen que pagar todos los clientes eléctricos de aquí hasta 2028 es en realidad 21.122 millones de euros, según las estimaciones que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Y eso que desde 2006 a los usuarios ya han pagado se les ha cargado en su factura eléctrica 21.164 millones de euros para pagar la deuda acumulada en años anterior. En total, los pagos previstos en 22 años para saldar la deuda reconocida alcanzarán los 42.286 millones (deuda más sus intereses), según todas las anualidades ya abonadas y por abonar que calcula el supervisor.

De media, a lo largo de la próxima década le toca unos 755 euros a cada uno de los 28 millones de clientes que hay en España (aunque el importe real registra enormes diferencia en función de las características de cada consumidor). Sólo este año lo que los clientes pagarán en su factura alcanzará los 2.703 millones para cubrir el heredado agujero financiero del sistema eléctrico, a razón de unos 96 euros por cada cliente de media.

La gran mayoría de la deuda se cedió a entidades financieras a través de colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), al que le corresponden casi 15.400 de la deuda aún restante, o más de 17.500 millones incluidos los intereses (en torno a un 80% del total). Pero también hubo otro tipo de colocaciones específicas: para cubrir el déficit de 2005, el déficit de 2013 y el denominado déficit ex ante.

En principio, el fin de los pagos de esta deuda estaba previsto para 2026, pero la CNMC anticipa que harán falta en los próximos años cuatro emisiones de deuda más para dotar de liquidez al FADE y eso alargará la hipoteca hasta 2028.

Y Aznar permitió pagar a plazos

Los desajustes en el sistema eléctrico venían de lejos, pero fue en 2000 cuando el Gobierno de José María Aznar abrió la puerta a que se convirtieran en un agujero financiero. Había que cumplir los criterios de Maastricht para entrar en el euro, y España tenía que embridar como fuera su inflación.

Así que el Ejecutivo permitió que no se pagara a las eléctricas todo lo que costaba el suministro e ir así acumulando como deuda reconocida la diferencia entre el recibo y los costes. Se empezaron a incluir como meros apuntes contables lo que los consumidores debían a las eléctricas, que irían cobrándolo poco a poco. El recibo de la luz bajó durante un tiempo, pero a cambio fue alumbrándose un roto en las cuentas del sistema en forma de deuda.

En 2000 la deuda fue de 250 millones, otros 279 millones en 2001, se acumularon 1.297 millones más en 2002… Los costes reconocidos del sistema eléctrico (reconocidos, no necesariamente los costes reales) fueron creciendo con la inclusión en la tarifa de todo tipo de partidas ligadas a la política energética y compensaciones para las compañías por invertir en nuevas plantas de generación. Primero, para cubrir compensar la construcción de decenas de centrales de gas y, después, para impulsar el boom de las renovables mediante primas.

Del déficit a la ‘hucha de la luz’

El desfase entre los costes y los ingresos se disparó con casi 6.300 millones en 2008, 4.600 millones en 2009, 5.500 millones al año siguiente, 3.800 en 2011, 5.600 millones más en 2012… La dura reforma eléctrica emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy sirvió para atajar la sangría y evitar que siguiera creciendo el agujero.

Fuertes recortes en todos los costes regulados (con las renovables como grandes damnificadas del hachazo), creación o subida de los impuestos, subida de la factura a los consumidores… La situación se dio la vuelta y tras 14 años de déficit de tarifa, en 2014 se abrió una nueva etapa con superávit para el sistema eléctrico.

En 2014 los ingresos del sistema superaron en 550,3 millones a todos los costes reconocidos. En 2015 fueron otros 469,3 millones. En 2016 se sumaron otros 421,4 millones más. En 2017 el superávit fue de 150,5 millones. En total, unos 1.590 millones de euros que todos los actores del sistema eléctrico (consumidores y las propias eléctricas) han pagado de más en ese tiempo. La previsión oficial es que 2018 se haya cerrado con otro superávit adicional de 43,8 millones (aunque a falta de sólo una liquidación definitiva de costes e ingresos -que sirve para ajustar muchas partidas- ahora mismo el déficit para el año pasado roza los 243 millones, según desveló esta misma semana la CNMC).

Ese dinero acumulado se guarda en una cuenta bancaria común y corriente del banco Santander (heredada de Popular tras su absorción), cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es una suerte de hucha de la luz en la que el dinero ha estado durante años inmovilizado a la espera de que el Gobierno aprobara una norma que permitiera utilizarlos.

El Gobierno de Rajoy lo hizo y gastó un tercio de la hucha de la luz para devolver a las grandes eléctricas los 518 millones de euros aportados para financiar el bono social de la luz entre 2014 y 2016, después de que el Tribunal Supremo volviera a tumbar el sistema de financiación del programa contra la pobreza energética y que endosa a las compañías cubrir el presupuesto del mismo. Además los sucesivos Gobiernos han utilizado 120 millones para dar ayudas a la inversión en nuevas instalaciones de renovables.

Vuelta al déficit… sin que se note

Tras sacar esas cantidades de la cuenta bancaria a cargo de la CNMC, actualmente  quedan 952 millones de euros. Pero sólo de momento, porque este año el Ejecutivo puede acabar dándole un buen pellizco y gastar prácticamente la mitad de ese montante para cubrir los desajustes entre costes e ingresos que volverán a producirse este año.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido, y van ya cinco años consecutivos, congelar los peajes que se pagan con la factura eléctrica y que sirven para cubrir costes reconocidos del sistema (redes de transporte y distribución, ayudas a renovables…). Y lo hace en un momento en que el sistema tenía a asumir el impacto de medidas para bajar el precio de la luz (la suspensión del temporal del impuesto del 7% a la generación y del denominado céntimo verde a la producción con gas suponía una rebaja de impuestos para las eléctricas de 970 millones).

Unos costes, o una caída de ingresos, que obliga al Gobierno a tomar medidas excepcionales para conseguir cuadrar las cuentas del sistema. Y es que, según reconoce el Gobierno, este año se volverá al déficit de tarifa en el sistema eléctrico, pero no se va a notar, porque se utilizará parte de la hucha de la luz para tapar el agujero.

El Ministerio para la Transición Ecológica preveía en su orden de peajes para este año que los costes del sistema superaran en 434 millones de euros (aunque la CNMC acaba de corregir a la baja esa estimación y sitúa el déficit previsto para este año en los 417,8 millones).

Para cubrir ese agujero el Ejecutivo pretende sacar 455 millones de la hucha de la luz, los fondos acumulados por los superávit del sistema eléctrico registrados en los últimos años. Esto es, el Gobierno gastará la mitad de lo que queda en esa hucha para evitar que el sistema eléctrico vuelva a registrar el famoso déficit de tarifa. Habrá déficit, pero no habrá déficit. Así que, al menos de momento, no engordará más la deuda que se paga con el recibo de luz.