Bruselas empeora la previsión de PIB y déficit de España y cuestiona el plan fiscal de Sánchez

La Comisión Europea ha presentado este martes la revisión las nuevas previsiones macroeconómicas de primavera correspondientes a los diferentes Estados miembro, sobre las que planean los riesgos de un Brexit duro, una profundización de los conflictos comerciales internacionales o una prologación de la crisis en el sector manufacturero. Sin embargo, en el caso de España, la Comisión reduce la previsión de crecimiento del Gobierno (que ya revisó a la baja en otoño) y eleva su estimación del déficit público, lo que pone en jaque el plan de Pedro Sánchez para absorber todo el déficit público en 2022.

De acuerdo con las cifras revisadas, Bruselas prevé que el PIB de España crezca un 2,1% en 2019, una décima menos que lo que prevé el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido el pasado lunes a la Comisión Europea, y un 1,9% en 2020, en línea con el documento. Detrás de estos datos, la Comisión Europea prevé una moderación del consumo privado y de la inversión y un leve repunte de la tasa de ahorro, junto a una mejora del sector exterior.

En cualquier caso, este nuevo escenario vuelve a certificar que España seguirá creciendo a un ritmo muy superior al de la UE y la Eurozona, con ritmos de creación de empleo que, aunque más moderados, rondarán el 2%, lo que permitirá reducir el paro al 13,5% en 2019 y al 12,2% en 2020, en línea con lo que espera el Gobierno de Pedro Sánchez.

Bruselas cuestiona el ajuste fiscal

El problema es que la Comisión Europea, en tanto que rebaja las previsiones de crecimiento de España para este año, también arroja un escenario más pesimista en relación con su capacidad para reducir el déficit.

En cifras, el Gobierno ha previsto una reducción del déficit público hasta el 2% del PIB en ausencia de nuevas actuaciones económicas, solo con un mayor control del gasto y gracias al empuje del ciclo económico alcista, pero la Comisión Europea entiende que este saldo se desviará hasta el 2,3%, algo más de 3.500 millones de euros y dos décimas más de lo que preveía en otoño de 2018.

Para el año que viene, cree que el déficit público solo bajará hasta el 2% del PIB, frente al 1,1% que estima el Gobierno. En este caso la diferencia es de bulto, nada menos que unos 11.000 millones de euros de diferencia.

Cabe precisar que Bruselas tiene en cuenta para esta medición el Presupuesto prorrogado de 2018 y las medidas de gasto e ingresos ya adoptadas, como la subida de las pensiones o el incremento salarial de los funcionarios, o la subida de las bases mínimas y máximas de cotización, del lado de los ingresos. No así el Programa de Estabilidad trasladado por el Ejecutivo el pasado lunes.

Sin embargo, todo está relacionado. Porque en lo que se refiere a 2019, tanto Gobierno como Bruselas hacen un ejercicio de previsión en ausencia de nuevas medidas fiscales más allá de lo ya adoptado. El Ejecutivo parte de un déficit del 2% del PIB sobre el que podría volver a una situación de equilibrio en 2022, después de elevar la presión fiscal en unos 26.000 millones de euros, sobre todo a partir de 2020 --para ese año prevé aumentar los ingresos en 5.654 millones de euros--, recuperando las medidas fiscales planteadas en el Presupuesto fallido de 2019 y contando con un ciclo alcista más prolongado.

Por tanto, el escenario base que plantea Bruselas supone un paso atrás en el punto de partida del plan fiscal de Pedro Sánchez. Y ello sin contar con que Bruselas ya manifestó su desconfianza en la capacidad recaudatoria de las medidas de ingresos que el Gobierno ahora reitera en su Programa de Estabilidad.

El ajuste estructural pendiente

Entre tanto, la Comisión Europea cree que los 'viernes sociales' de Sánchez lastrarán el ajuste fiscal de momento. Destaca que el ciclo económico "favorable" y los menores costes de la deuda compensarán "parcialmente" el efecto de estas medidas.

En este sentido, otro de los mensajes más importantes que se incluyen en la comunicación de Bruselas es el que tiene que ver con el déficit estructural --sin tener en cuenta los efectos del ciclo económico--. La Comisión Europea entiende que se seguirá deteriorando durante los próximos años en lugar de corregirse.

Recordar que ya en su informe de otoño, la Comisión Europea indicaba que, frente al ajuste estructural del 0,4% del PIB planteado por el Gobierno en su Plan Presupuestario para ese año, las medidas fiscales incluidas solo permitirían un recorte del 0,1%. Pero en lo que se refiere a los ingresos, no se han llegado a aprobar. En todo caso, esas mismas medidas son en esencia las mismas que el Ejecutivo ha vuelto a plasmar en el Programa de Estabilidad, toda vez que no pudieron incluirse finalmente en los fallidos Presupuestos de 2019, pero no entrarán en vigor al menos hasta 2020.

En cualquier caso, tanto el comisario europeo de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, como el propio Gobierno, ya quitaron hierro a estas diferencias el pasado mes de octubre, achacándolas más a cuestiones metodológicas. Pero lo que pone de relieve esta divergencia es que la UE no confía de momento en que España vaya a ser capaz de corregir el déficit estructural al ritmo deseado, tal y como, por otra parte, ya admitía el Gobierno en el Programa de Estabilidad. Y eso sitúa a España más cerca de posibles sanciones.