Sánchez da por hecho que el nuevo Pacto de Toledo apoyará ligar las pensiones al IPC

"Existe un gran consenso entre las formaciones del Pacto de Toledo para retomar la revalorización de las pensiones con el IPC, por lo que se considera que ésta se va a producir en cualquier escenario futuro". Así lo asegura el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido el pasado martes a la Comisión Europea, en el que no se hace alusión alguna al posible cambio en la correlación de fuerzas que se podría producir en la comisión permanente del Congreso de los Diputados a raíz de las elecciones generales del pasado 28 de abril.

El Gobierno se agarra a que la comisión permanente rozó al término de la pasada legislatura un acuerdo para sacar adelante más de una veintena de recomendaciones que deberían servir de guía para la próxima reforma de las pensiones. Entre ellas, la primera en cerrarse fue la número dos, relativa a la revalorización de las pensiones. Todos los grupos salvo ERC secundaron volver a referenciar las pensiones al IPC real, aunque con una redacción que dejaba la puerta abierta a introducir nuevos elementos en la coctelera previo acuerdo en el Pacto de Toledo y supeditada a un acuerdo global.

Sin embargo, una vez se anunció que habría elecciones anticipadas, el acuerdo estalló por los aires. Unidos Podemos planteó una enmienda a la totalidad en el último minuto y tanto PP como Ciudadanos, que se habían adherido a la subida de las pensiones con el IPC real a regañadientes, más por no quedarse fuera de un acuerdo así ante los alrededor de nueve millones de pensionistas y votantes, que por convicción, se pusieron entonces de perfil.

Tras el 28 de abril han cambiado muchas cosas, pero el Gobierno parece dar por seguro que nada de eso hará descarrilar otra vez un acuerdo en el Pacto de Toledo . Y ese acuerdo tiene un valor incalculable en la actual coyuntura. Si el Gobierno logra un pacto en la comisión permanente se verá legitimado para adoptar medidas en ese sentido sin temor a que la oposición haga frente común en su contra durante un eventual trámite parlamentario.

¿Qué ha cambiado?

De un lado, el PSOE, beligerante en su objetivo de volver a ligar las pensiones con el IPC por Ley, ganará peso específico, al pasar de 84 diputados a 123. En cambio, Unidos Podemos, que junto a los socialistas fueron los más combativos, perderán impulso al contar con menos escaños, solo 42. Ahora bien, la coalición morada podría volver a la comisión del Pacto de Toledo como socio de Gobierno del PSOE, lo que podría allanar el camino de sus objetivos.

Al otro lado de la mesa, el portavoz del PP en la comisión durante la pasada legislatura, Gerardo Camps, tuvo que hincar la rodilla ante la evidencia de que la reforma de las pensiones de 2013 no gozaba de suficiente apoyo social. Tras el 28-A, el PP seguiría arrinconado y con menor representatividad, lo que podría incluso darle más libertad para hacer una oposición más dura, aunque también parece difícil que decida quedarse fuera de una reforma tan popular.

De entrada, su programa económico ya avanzaba que la revalorización de las pensiones debería tener en cuenta "tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad”. Es decir, que no aseguraba el aumento de las pensiones al ritmo del IPC sin más, y abría la puerta a revalorizaciones por debajo, aunque también por encima.

Ciudadanos, siempre en posiciones tibias y ambiguas, se sumó a la revalorización de las pensiones con el IPC, pero con cautelas, y su posición está en suspenso ahora que roza el liderazgo de la derecha en el Parlamento con 57 diputados frente a los 66 de los populares y que ha hecho bandera de la disciplina fiscal durante toda la campaña. Hasta la fecha, esa misma indefinición sigue vigente.

Pero el principal cambio, que parece obviar el Gobierno, es que el hasta ahora portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, una eminencia en el ámbito de las pensiones, ya no estará presente en la comisión (no concurrió en las listas y el partido en todo caso se integrará en el Grupo Mixto), después de haber sido un referente, un elemento vertebrador y una garantía de sosiego en el debate.

En su lugar, tras la formación de Gobierno y el arranque de la nueva legislatura, habrá un representante de Vox, que obtuvo 25 escaños en las pasadas elecciones, lo que le confiere derecho a un grupo parlamentario propio. Además, ERC, que no se sumó la pasada legislatura a la subida de las pensiones con el IPC, ha dado un salgo de gigante y ha alcanzado los 15 diputados.

¿Qué dice el programa de Vox sobre pensiones?

Lo que está claro es que el programa económico de Vox no va para nada en la línea de los acuerdos que el Pacto de Toledo estuvo a punto de cerrar. Y no hay que olvidar, que la comisión permanente puede cerrar una recomendación contando con votos particulares, pero cualquier cambio en la Ley deberá ser aprobado posteriormente en el Pleno, siendo las pensiones una cuestión en la que todo Gobierno aspira a reunir el mayor consenso posible.

Lo que plantea al formación que lidera Santiago Abascal es una reconversión del actual sistema público de pensiones, basado en la solidaridad y el reparto, en otro mixto, en el que tenga el mismo peso la vertiente de la capitalización y el ahorro privado.

De entrada, Vox se compromete con la reducción del déficit estructural de la Seguridad Social, pero incorpora el principio de propiedad en las pensiones. Entiende que “un individuo es o puede ser propietario de su casa, pero no tiene derecho alguno de propiedad sobre su pensión porque la obtención de ésta se sustenta en un sistema de reparto”, basado en una solidaridad integeneracional que considera en ningún modo sostenible.

La propuesta de Vox fija una aportación mínima del 50% del actual porcentaje del salario que se destina a la cotización para la jubilación a una cuenta personal residenciada en entidades creadas expresamente con este fin. Este porcentaje podría elevarse en un 10% adicional. El otro 50% en principio sigue destinándose a la financiación del sistema público de pensiones.

La parte que quedara invertida en una de esas entidades entraría en una cartera diversificada cuyos rendimientos se acumularían durante el tiempo de cotización y se comenzarían a percibir en el momento de la jubilación. “De este modo, las pensiones (al menos un gran porcentaje de ellas) quedarían blindadas de la discrecionalidad política y se convertirían en un potente instrumento de ahorro individual a largo plazo”, señala Vox.