La Comisión Europea publicaba la pasada semana la actualización de primavera de las proyecciones macroeconómicas de España, en las que se arrojaba un pronóstico del déficit público más pesimista que el del Gobierno para el mismo ejercicio, del 2,3% del PIB, tres décimas más, desde el 2,5% de 2018.
Sin embargo, estas cifras, sin dejar de ser importantes, tienen más que ver con que la UE no contempla en sus mediciones ciertos indicadores recientes que sí tiene en cuenta el Gobierno, según explican fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es por eso que la Comisión Europea, a la vista de la buena marcha de la economía y el empleo en el primer trimestre del año, no descarte revisar al alza su previsión de PIB y moderar la de déficit.
También tienen que ver con que las diferencias metodológicas entre la Comisión Europea, el Gobierno de España y su auditor, la AIReF, son evidentes y llevan a medir el momento cíclico de la economía de forma muy diferente. Esto, en periodos valle, no tiene tanta importancia, pero que en momentos como el actual, en el que España podría haber alcanzado ese punto de crecimiento a partir del cual se rompe el equilibrio estructural y se inician los desequilibrios (brecha de producción o 'output gap'), es clave.
Ahora bien, desde la óptica de Bruselas y tal y como señalaba en un acto público organizado por el Consejo General de Economistas el pasado jueves el director general adjunto de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Carlos Martínez Mongay, las cifras pueden variar con las del Gobierno, pero "el relato es el mismo". Y no es otro que España aún no está haciendo el esfuerzo de reducción del déficit estructural esperado. Porque la reducción del desfase entre ingresos y gastos desde el 2,5% del PIB en 2018 al 2% este año, como espera el Ejecutivo, no entraña ningún tipo de corrección estructural y es básicamente cíclico, como el llevado a cabo hasta ahora.
¿Por qué? Según la Comisión Europea, básicamente porque se ha expandido el denominador, es decir, ha aumentado el PIB y ha absorbido un saldo negativo que en realidad no se ha reducido tanto. De hecho, el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas admite que, en lo que se refiere al déficit estructural, España seguirá incumpliendo el Pacto Fiscal hasta al menos el año 2022.
Cabe recordar que España ha logrado salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas, el conocido como brazo corrector, después de haber rebajado las cifras de déficit público por debajo del 3% del PIB. Sin embargo, no ha dejado por ello de estar bajo el control de la Comisión Europea. España se encuentra ahora en un proceso de vigilancia en el que las cuentas que tendrá que rendir ante Bruselas tienen que ver con el cumplimiento de la regla de gasto europea, la reducción del déficit estructural que marca el pacto fiscal y la absorción de la deuda pública.
Pues bien, la nuevas previsiones de la Comisión Europea prevén que el déficit estructural -que no tiene en cuenta el ciclo económico- se situó en el 2,7% del PIB este año y, en lugar de descender, se incrementará al 2,9% al 2019 y al 3,2% en 2020. Más aún, el saldo primario ajustado al ciclo, que descuenta el gasto destinado al pago de la deuda, será del 1% en 2019 y del 1,1% en 2020.
Es cierto que las previsiones de Bruselas solo tienen en cuenta el presupuesto prorrogado de 2018 y las medidas de gasto e ingresos ya aprobadas por el Gobierno, pero no aquellas anunciadas que se quedaron fuera del fallido Presupuesto de 2019, que ahora ha incluido el Gobierno en el Programa de Estabilidad. No obstante, ni el Gobierno cuenta con haber absorbido todo el déficit estructural en 2022 y admite que habrá un claro incumplimiento en el presente ejercicio.
No obstante, la Comisión Europea no se explica, según señalaba el Martínez Mongay, como una economía que lleva años creciendo a ritmos superiores al 3% no haya sido capaz de reducir de forma significativo sus niveles de deuda pública. "Algo revela que tenía ciertos déficit primarios muy elevados", que incluso ha cuantificado: un agujero de alrededor de 30.000 millones de euros independientemente de la posición del ciclo.
¿Y qué quiere decir esto? Como señalaba Martínez Mongay, que mientras ese saldo primario no entre en superávit (algo que España espera que ocurra en 2020), el país estará pagando el coste de la deuda emitiendo deuda. Visto de otro modo, la única forma de reducir los actuales niveles de deuda es lograr un saldo primario positivo. Y en ese punto llega la preocupación.
Martínez Mongay, pensando en el Programa de Estabilidad del Gobierno, señalaba la pasada semana que "habrá que esperar a 2020 para tener un saldo primario ligeramente positivo"."Hasta ahora hemos estado financiando con deuda parte de la deuda y si no se invierte la tendencia, la deuda puede llegar a un lugar insostenible".
Las previsiones de la deuda
El problema es que después de años de políticas monetarias acomodaticias por parte del BCE y aunque la previsión es que se extiendan aún a lo largo de 2019, se vislumbra el momento en el que comience de nuevo la escalada de los tipos de interés. Y nunca se descarta un shock financiero que pueda poner en jaque a España por su elevada deuda. Una debilidad que, no obstante, comparte con otras grandes economías como Italia o Francia.
De acuerdo con las previsiones del Gobierno, la deuda pública se reducirá del 97,1% del PIB actual hasta el 95,8% en 2019 y al 94% en 2020. Sin embargo, la Comisión Europea, de nuevo es más pesimista, y se decanta por una reducción al 96,3% del PIB y al 95,7% en 2020.
Estas diferencias dan muestra de por qué la Comisión Europea está a la espera de que España enderece su déficit estructural y su deuda pública, y por qué generan nerviosismo las medidas de gasto desplegadas por el Gobierno, como la revalorización de las pensiones con el IPC.
¿Qué dice la AIReF?
La Autoridad Fiscal entiende que, aplicando la metodología de la regla de gasto comunitaria -que entre otras cosas empieza a computar el gasto en pensiones-, este crecería un 4% en 2019, por encima de los requisitos previstos en las recomendaciones del Ecofin. "Esto podría interpretarse como por la Comisión como un riesgo de desviación significativa", añade.
Con esta salvedad, la AIReF cree que, de acuerdo con sus estimaciones, el saldo estructural podría reducirse del 1,8% en 2019, al 1,2% en 2020, el 1% en 2021 y al 0,8% en 2022. A modo de resumen de la orientación de la política fiscal en los próximos 4 años, la AIReF estima una reducción del déficit estructural de casi un punto de PIB, atribuible en su mayoría a las medidas de ingresos. Según las estimaciones realizadas por la AIReF, el déficit estructural se vería reducido prácticamente a la mitad en el horizonte de previsión 2019-2022. Esta reducción, sería achacable en su mayoría a las nuevas medidas de ingresos y, en menor parte, a los potenciales ahorros derivados de las medidas resultado de la implementación de las propuestas de revisión de gasto público llevada a cabo por la AIReF.
Y además, da claves adicionales a tener en cuenta. Señala que, aunque el superávit del subsector de CC.LL. obedece a factores estructurales, existe el riesgo de que desaparezca a medio plazo. Como ya ha señalado la AIReF en informes anteriores, el superávit de las CC.LL. está conduciendo a una reducción de la deuda del subsector y al incremento de los depósitos bancarios hasta niveles históricamente elevados. Al mismo tiempo, las CC.LL. plantean diversas iniciativas dirigidas a poder disponer de este superávit, tendencia que empieza a apuntarse en el ámbito autonómico. En consecuencia, existe el riesgo de que este desaparezca incrementando el déficit estructural del conjunto de las AA.PP.
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