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La oleada de opositores e interinos en pugna por una plaza en Justicia obliga a simplificar exámenes

El Ministerio sustituye un examen de mecanografía por una prueba teórica sobre el manejo de Word ante la avalancha de candidatos.

Aula durante un examen de oposiciones.
Aula durante un examen de oposiciones. | Europa Press

 

Primero en Upday

A veces los detalles condensan la esencia de los grandes relatos. Y eso es lo que está ocurriendo en el caso de las oposiciones para los Cuerpos Generales de Justicia. Un ámbito en el que el proceso de convocatoria de las oposiciones para cubrir las plazas ofertadas para los años 2018 y 2019 está siendo una síntesis de la lucha de los interinos por mantener su plaza frente a los opositores externos a la Administración desde marzo de 2017.

Por el camino, cruces de acusaciones, sindicatos enfrentados, dudas en la Administración y cambios en los exámenes de última hora con un trasfondo: el difícil encaje de intereses tan legítimos y comprensibles como contrapuestos de unos y otros. Y todo ello con prisas, porque las oposiciones previsiblemente se convocarán en julio (los exámenes serán a partir de septiembre), pero su diseño aún está discutiendo.

Todo puede cristalizar en un hecho. El Ministerio de Justicia, dando margen para que opositores externos e interinos se sientan cómodos con la convocatoria de oposiciones se ha encontrado con un aluvión de candidatos --entre 7.000 y 12.000 interinos y otros 25.000 opositores-- que ha puesto en un brete toda la logística de las oposiciones y ha llevado, en último término, a un cambio cuanto menos llamativo.

Uno de los exámenes, el de mecanografía, podría pasar a convertirse (aún no se han cerrado los detalles) en un ejercicio tipo test sobre el Word para poder agilizar el proceso y evitar miles de exámenes de mecanografía que luego habría que corregir uno por uno.

¿Qué implica esto? Pues que miles de opositores están indignados porque llevan años preparándose un ejercicio de 'meca' (en el argot opositor) que ya no se realizará; temor entre los sindicatos por el hecho de que aquellos que saquen la plaza luego no tengan la fluidez necesaria al recibir dictados, y un Ministerio de Justicia obligado a dar explicaciones.

Y todo ello porque, en última instancia, el anterior Gobierno del PP firmó un acuerdo con los sindicatos en 2017 para reducir la temporalidad de las Administraciones al 8% tras años de uso abusivo de la figura del interino para cubrir las plazas que no se cubrían mediante tasas de reposición. Porque ello ha expuesto a una bolsa de interinos a la pérdida de su puesto de trabajo tras años de tarea por tener que concurrir a unas oposiciones, junto a miles de candidatos externos, para poder mantenerlo.

Y la pelea no ha acabado. El no-examen de 'meca' es un detalle que da cuenta de hasta donde ha llegado el problema. Pero aún queda otro escollo, la ponderación de la experiencia en la nota final, algo fundamental para que los interinos puedan llevarse el guiño de la Administración, o para que los opositores logren esa igualdad de trato que persiguen. Todo apunta a que, otra vez, nadie quedará contento.

Así empieza todo

Cabe recordar que las plazas en liza son alrededor de 7.300 de Gestión y Tramitación Procesal y auxilio Judicial que se corresponden a turno libre dentro del proceso de consolidación de plazas temporales y de nuevo ingreso para las convocatorias de 2017 y 2018, que se tramitarán de forma conjunta.

Tanto los interinos que actualmente trabajan en la Administración de Justicia como los opositores externos tendrán que hacer las mismas pruebas para optar a estas plazas. Y es la confección de los ejercicios, que cambiarán respecto a años anteriores, lo que hace que unos y otros estén viendo el proceso con tensión y tratando de influir en el mismo según sus intereses.

Fuentes sindicales no ocultan que no se trata de poner una alfombra roja a los interinos por el mero hecho de haber sido en principio víctimas de fraude de Ley (muchos aseguran que llevan años opositando para quedarse con su plaza, de hecho), pero tampoco de mirar a otra parte, con lo que admiten que lo que se está buscando es un equilibrio entre los intereses de unos y otros, siempre dentro de la legalidad, que impone que todo acceso a un puesto fijo en la Administración se debe hacer por un procedimiento de concurso-oposición, salvo en aquellos casos en los que las convocatorias sean excepcionales (algo a lo que se agarran los interinos para justificar un mero concurso de méritos en el marco del proceso extraordinario de consolidación de plantillas).

A día de hoy, se han cerrado los criterios para el desarrollo de la primera fase de oposición. Según la información suministrada por los sindicatos, la avalancha de candidatos ha provocado, por ejemplo, que en las pruebas para gestión procesal o administrativa se haya sustituido en el tercero de los ejercicios de la fase de oposición la práctica habitual de sacar al azar tres temas para desarrollar dos, por un ejercicio de 10 preguntas sobre el temario, que además se ha ampliado.

¿Falta de ordenadores para tanto candidato?

No obstante, el cambio más llamativo tiene que ver con el tercer ejercicio de las pruebas de tramitación procesal y administrativa. En este caso, fuentes de UGT y CSI-F aseguran que las pruebas de mecanografía, en las que se valoraba por ejemplo la velocidad del aspirante, consistirán finalmente (el Ministerio de Justicia no da por cerrado este extremo) en un ejercicio teórico sobre Word.

Según los sindicatos, el Ministerio de Justicia ha explicado este cambio en un principio por la falta de ordenadores y aulas (las pruebas se realizan en varias comunidades autónomas de forma simultánea), ante la previsión de que las pruebas reciban una avalancha de candidatos después del alto número de plazas convocadas.

En esta circunstancia, Justicia habría barajado externalizar la prueba y contratar a una empresa privada, pero lo habría desestimado al ser arriesgado entregar los ejercicios que realizará el Tribunal Calificador Único a un número elevado de trabajadores de esa empresa. Por último, esto supondría el desplazamiento de miles de opositores a tres o cuatro ciudades donde se realizarían las pruebas.

De un lado, opositores contactados por este periódico se quejan de que llevan hasta tres años pagando mensualmente clases de mecanografía para un examen que ahora no se producirá. Los sindicatos también lamentan que este cambio devaluará la calidad del futuro trabajador, que no verá contrastadas sus capacidades en mecanografía.

En cambio, fuentes del Ministerio de Justicia lo niegan todo. Para empezar, aseguran que las convocatorias de los procesos de estos tres Cuerpos Generales se han visto afectadas por las Bases Comunes aprobadas por la Orden Ministerial de, 4 de marzo, que adapta el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público de la Mesa General de Negociación de diciembre del pasado año.

A partir de ahí, admiten que el diseño del tercer ejercicio del proceso de Tramitación está siendo analizado por los diferentes órganos con competencias en la materia, pero asegura que "el cambio de formato no responde en absoluto a una falta de previsión de recursos materiales y/o humanos", sino a una razón de agilidad, sin perjuicio de la objetividad. Concretamente, asegura que "simplificando la realización del ejercicio se garantizará una mayor agilización en su corrección" ante la previsión de que habrá un elevado número de aspirantes en correspondencia al gran número de plazas ofertas.

"En todo caso, la prueba a realizar permitirá valorar la aplicación práctica del contenido informático  seleccionando a los que mejor comprendan el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que utilizarán en su posterior desempeño profesional", añaden, para apostillar que no es cierto que se haya barajado la contratación de una empresa externa.

Pugna sindical

Entre tanto, ha habido elecciones sindicales en pleno proceso de diseño de las oposiciones en el que ha emergido un nuevo sindicato de interinos, bajo las siglas ASIJ. Con 7 representantes, se ha situado como segunda fuerza, por detrás de STAJ, y por delante de CCOO, UGT o CSI-F a los que los interinos acusan, sobre todo a estos últimos, de defender los intereses de los opositores.

Esto ha hecho que la asociación de opositores Adoaj, principal frente rival de Asij, haya mantenido contactos con el resto de sindicatos para buscar la forma de influir en el diseño de los concursos oposición.

El último escollo

Con las espadas en alto se ha llegado a un nuevo punto de tensión, la confección de las pruebas de mérito. En estos momentos, los sindicatos CSI-F, CCOO, UGT y STAJ han remitido al Ministerio de Justicia una propuesta conjunta de baremo de la fase de concurso de los procesos selectivos de turno libre. Con esta propuesta, Justicia debe convocar la Mesa para negociar el tercer ejercicio de Tramitación y cerrar definitivamente dicha baremación.

En síntesis, si la fase de oposición supone un 60% de a nota final y el concurso el otro 40%, de este la mitad de la nota corresponderá a la antigüedad, el 17,91% a los títulos, el 11,1% a la formación y el 20,8% a ejercicios aprobados con anterioridad.

En el caso concreto de la experiencia, puntuará más la acumulada en el cuerpo al que se accede, algo que obviamente favorece a los interinos; no se puntuará la acumulada en otras administraciones y se reduce a 0,05 puntos el mes de experiencia como personal laboral. En este punto, desde Adoaj critican que se de 0,30 puntos por mes trabajado dentro de ese 50% de antigüedad, de modo que con que una persona haya trabajado un poco más de 9 años llegará al tope máximo de puntuación, que es de 33,5 puntos. Adoaj pide reducir ese 0,30 a 0,16.

Además, critica que se excluya del baremo la puntuación por conocimientos de idiomas, algo que, de nuevo, asegura que favorece a los interinos.

Cuando todo haya acabado aún quedará abierta la batalla legal de los interinos, que siguen defendiendo su derecho a ver reconocida su condición de funcionarios a partir de tres años de desempeño. Un frente que, de tener el respaldo de la justicia europea, pondría poner en cuestión todos los procesos de concurso oposición celebrados hasta la fecha. No obstante, los despachos de abogados consultados coinciden en que solo habrá marcha atrás para aquellos interinos que decidan recurrir a la vía legal antes que haya un posicionamiento en firme en Europa.

 

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