La hipoteca electoral: valencianos y manchegos, los que más deuda regional soportan

Las promesas electorales antes de unos comicios autonómicos y municipales suelen centrarse en la mejora de los servicios públicos (sanidad, educación o dependencia), ese espacio de la política económica en el que las regiones en encargan de llegar, haciendo uso de sus competencias, allí donde el Estado no alcanza. También es habitual hablar en campaña de la otra cara de la moneda, la de la financiación. ¿Quién paga la factura? Pero cuando se hace, los candidatos se refieren a bajadas y subidas de impuestos o al crecimiento de la economía local.

En ese reverso está, sin embargo, la deuda pública, esa en la que se apoya el gasto público cuando supera los ingresos. Y esa cuestión, en cambio, apenas sale a relucir con detalle en los debates electorales pese a que las comunidades autónomas mantienen elevadas ratio de endeudamiento, por encima de los límites que marca la normativa fiscal.

Un reto debería ser reducir esos niveles de deuda en el horizonte de la próxima legislatura y hacerlo compatible con una vuelta a los mercados, tras soltar el salvavidas de los mecanismos de financiación del Estado, como hicieron Andalucía y Baleares en el último año.

De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se establece un límite de deuda del conjunto de las administraciones públicas del 60% del PIB con un reparto entre subsectores: 44% para la Administración Central, 13% para las comunidades autónomas y 3% para los ayuntamientos, a alcanzar en 2020.

Sin embargo, al cierre de 2018, el nivel conjunto de deuda de las administraciones públicas se situó en el 97,2% del PIB en 2019, un 24,3% del PIB correspondió a las comunidades autónomas.

En el caso del Estado, los niveles alcanzaron el 70,8% (después de haber amortiguado durante años el saneamiento de la deuda de las comunidades autónomas y los ayuntamientos), mientras que las corporaciones locales cumplieron con la normativa fiscal, con una ratio del 2,1%.

Esta deuda, en última instancia es la 'hipoteca' que arrastran los ciudadanos, que tienen que sobrellevar su deuda regional y la común.

Pues bien, los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a partir de la información disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Intervención General del Estado (IGAE) o el Banco de España, cada español necesitaría 352 días cada uno para pagar toda la deuda, de los que 86 días, corresponden a la deuda regional. Con estas cifras, el auditor del Estado asegura que la deuda es la principal debilidad del subsector autonómico.

Esta estimación es el resultado de meter en la misma coctelera el PIB correspondiente, la deuda y el tamaño poblacional de cada región. Así, no todas las comunidades están en la misma situación. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña (no celebra elecciones autonómicas este año) y Murcia presentan un esfuerzo por ciudadano superior. En este caso, se necesitarían más de 100 días por persona para sufragar toda la deuda regional.

A futuro, todo depende de variables como la política de gasto que desarrollen los diferentes gobiernos autonómicos, pero también el crecimiento económico que se logre en estos años. La AIReF estima que solo cuatro comunidades autónomas lograrán llevar sus niveles de deuda sobre PIB por debajo de los de referencia en 2022: Comunidad de Madrid (12,1%), Navarra (12,1%), País Vasco (16,1%) y Canarias (7,4%). No obstante, se trata de una proyección sobre un escenario predeterminado, que da la idea de la situación de cada comunidad autónomas, pero que no puede tomarse como una previsión.

La dependencia del Estado

Por otro lado, las elecciones autonómicas coinciden con un momento clave para la financiación de las regiones, puesto que es de esperar que se inicien nuevos movimientos para salir a buscar recursos en los mercados.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el 5 de julio de 2018 las condiciones para la salida gradual a los mercados financieros de las comunidades adheridas al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCCAA) y en situación financiera saneada. Los requisitos son haber cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, y que su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería.

Además, es preciso contar, al menos, con una calificación crediticia de grado de inversión. Además, el 26 de julio se aprobó la posibilidad de refinanciar las operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural de las comunidades autónomas mediante endeudamiento a largo plazo.

Con estos límites, el Gobierno de Pedro Sánchez ya incluyó en el Programa de Estabilidad remitido hace unas semanas a la Comisión Europea la salida gradual a los mercados de las comunidades autónomas. En los último tiempos, la dependencia de las comunidades autónomas respecto del FFCCAA, cuya mayor parte se corresponde con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), había ido en aumento. Estos fondos representaron el 60% del total de la deuda del subsector y más del 80% en algunos casos.

Sin embargo, ya en 2018 Andalucía empezó a salir a los mercados, y Baleares también dio el paso en febrero de este año. Como se ve en estos casos, una de las consecuencias de no depender de los mecanismos de financiación del Estado es que el coste financiero es superior (los mecanismos del Estado permiten a las comunidades autónomas financiarse con condiciones más ventajosas, en detrimento de las cuentas del Estado).

Por ejemplo, el tipo implícito de la Comunidad de Madrid es el 2,3%, sin apenas dependencia de los mecanismos, mientras que Murcia, que presenta un nivel de vinculación del 85,4%, paga un tipo del 1,2%; mientras que para la Comunidad de Valencia, estos porcentajes son del 82,7% y el 0,9%.

Así es que los cambios de gobierno en las comunidades autónomas llegan en un momento sensible en términos de sostenibilidad financieras, al que se añade que, tras la salida de España del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas y la entrada en un proceso de vigilancia, Bruselas pondrá aún más el foco en la evolución de la deuda pública y eso también tendrá que ver con la hipoteca autonómica.