Azora, el fondo inmobiliario que en su día saltara a la palestra en España tras comprar en 2013 -en consorcio con Goldman Sachs- casi 3.000 viviendas de protección pública (2.935 viviendas) por 201 millones de euros a la Comunidad de Madrid, ha repartido pingües retribuciones entre sus seis directivos el año pasado. De acuerdo con las cuentas anuales del fondo, si en 2017 repartieron 1,4 millones de euros (a 230.000 euros por alto cargo), las "retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración de la sociedad y a la Alta Dirección" ascendieron a casi 57,3 millones.
Esto supone más de 9,5 millones por cada uno de los seis altos cargos, un reparto económico que es difícil de cuantificar. Y un cómputo global que prácticamente multiplica por 57 los emolumentos a la cúpula en España. Las retribuciones a los dirigentes de este fondo en España se han disparado. La filial Azora ha rechazado hacer declaraciones a El Independiente, según portavoces de la firma.
Cada directivo -cuatro mujeres, dos hombres- recibirá 9,5 millones de euros
Azora, así como varias de sus filiales (Lazora, Encasa Cibeles), poseen miles de viviendas, protegidas o no, en España. "La sociedad ha distribuido una remuneración salariable extraordinaria y no consolidable durante el ejercicio 2018", expresa la filial a pie de página en el apartado de retribuciones.
Dos hombres y cuatro mujeres
Siempre de acuerdo con las cuentas, "durante los ejercicios 2018 y 2017 la sociedad no ha pagado ni devengado cantidad alguna en concepto de sueldos, dietas y otras remuneraciones a los miembros actuales de su consejo". Todas las partidas que reciben la media docena de consejeros corresponden a "retribuciones y otras prestaciones". La alta dirección está compuesta de dos hombres y cuatro mujeres.
El beneficio por acción de Azora ha pasado de 6,36 euros a 64,80
En las cuentas de 2017, Azora advirtió que estaba siendo “expuesta a los riesgos por las demandas” judiciales. Desde hace tres meses, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) delibera sobre si anular la venta de una vivienda protegida que en el momento de la adjudicación (2013) su inquilino se encontraba en régimen de alquiler. Azora, o Encasa Cibeles, vive tensiones derivadas de la situación política y judicial.
Fue 2018 un ejercicio muy beneficioso para Azora, según la información económica-financiera publicada: si el beneficio básico por acción fue en 2017 de 6,36 euros, el año pasado ascendió a nada menos que 64,80 euros. La deuda con las Administraciones Públicas cayó de 356 millones a 60,7.
Opa sobre Hispania
Igualmente, los beneficios netos del ejercicio se multiplicaron por 10: de 12,7 millones de euros en 2017 a 120,5 millones en 2018. La socimi Hispania terminó el verano pasado su contrato de gestión de activos con Azora, a la que abonó 224,5 millones por dos cuestiones: comisiones de éxito (191 millones) y el resto en compensación por la clausura anticipada de este contrato, acelerado por la opa de Blackstone sobre Hispania. El acuerdo contemplaba la gestión de hoteles y oficinas. También contemplaba residencial.
Los fondos que aterrizaron hace seis años en España en medio de la crisis económica empiezan a recoger los frutos en forma de réditos económicos millonarios. La enajenación de vivienda pública supuso un escándalo que en estos momentos está judicializado. El TSJM tiene la última palabra.
La Comunidad de Madrid era presidida por Ignacio González en el momento de la venta: el Ayuntamiento de Madrid, simultáneamente, adjudicó en 2013 en tiempos de ANa Botella a Fidere (Blackstone) 1.860 viviendas de protección oficial por 128 millones de euros, con inquilinos dentro. A finales de diciembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas condenó a la entonces alcaldesa, Ana Botella, y a otros seis miembros de su equipo a pagar 25 millones de euros por la venta de esos pisos por debajo de las condiciones de mercado. La situación de los inquilinos de Blackstone (viviendas sociales del ayuntamiento) y de Azora y Goldman Sachs (VPO de la comunidad) pende aún de una sentencia judicial.
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