El Gobierno maniobra para recortar ayudas a la industria que se pagan con el recibo de luz

Los consumidores eléctricos españoles cargan cada año en su recibo de luz con pagos millonarios a la gran industria. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se organiza a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario.

El Gobierno ha aprobado la celebración de una nueva subasta para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año. Y lo ha hecho modificando las condiciones de la puja de tal manera que provocará un fuerte recorte del importe de las ayudas que percibirá la gran industria y por tanto del coste que se traslada a la factura eléctrica de todos los clientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha organizado una subasta que se celebrará el próximo mes en la que rebaja el precio de salida de la puja. En la próxima subasta, el precio inicial será de 125.000 euros por cada bloque de 5 megavatios (MW) en liza –frente a los 150.000 de las anteriores pujas- y será de 150.000 euros para los bloques de 40 MW –cuando en las anteriores citas se arrancaba desde los 200.000 euros-.

El Ministerio comandando por Teresa Ribera argumenta que se ha procedido a la rebaja del precio de salida para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. Desde Bruselas se consideraba alto el precio inicial que se aplicaba en España y se venía reclamando un recorte para evitar que el resultado final estuviera por encima al de otros países con mecanismos similares, subrayan fuentes ministeriales.

En paralelo, el Gobierno recorta la potencia eléctrica subastada de mayor tamaño, a la que sólo pueden optar las mayores factorías. Y es que adjudicarán un máximo de 16 bloques de 40 megavatios (MW), cuando en la subasta para el primer semestre la horquilla de la puja era entre 16 y 24 bloques, y en la anterior fue entre 18 y 26 bloques de 40 MW. Aumentan en cambio el número de bloques de 5 MW: se adjudicarán entre 352 y 480 bloques pequeños, frente a las horquillas de las dos subastas anteriores, de 328 y 480 bloques y de 312 y 376, respectivamente.

“El Gobierno da una nueva vuelta de tuerca a la ya mala situación de la industria electrointensiva”, se queja Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo Eléctrico (AEGE). “El resultado de la anterior subasta ya fue malo, y éste tememos que será bastante peor”, alerta. La mayor competencia que provocará la menor potencia eléctrica subastada y la reducción del precio prevista hará que los ingresos de las factorías siga cayendo tras varias pujas ya a la baja.

En la anterior subasta de interrumpibilidad, celebrada el pasado diciembre y que cubría las necesidades de este programa para el primer semestre del año,  la retribución a las compañías cayó hasta los 101 millones de euros a repartir entre 123 plantas, un 36% menos que las ayudas del pasado (cuando ya cayó otro 40% en relación al ejercicio previo). Con las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno la patronal de los grandes consumidores industriales teme ahora otro hachazo.

Siete meses sin parar las fábricas

La maniobra del Ministerio para imponer un nuevo recorte de las ayudas llega después de seis meses en que las industrias no han recibido la orden de parar sus fábricas. Desde octubre pasado y hasta finales de abril, ninguna de las fábricas acogidas a la interrumpibilidad había recibido la orden de parar por parte de Red Eléctrica de España (REE), según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del funcionamiento del programa.

En las últimas semanas, en cambio, sí han producido algunas de parada. Pero no se trataban de parones forzosos para atender una emergencia técnica o económica, sino sólo paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien. Unas paradas de prueba que son exigidas por la normativa desde 2013 y que pueden ser como máximo de un 1% del total de horas del periodo previsto (en este caso seis meses). Desde el 29 de abril y hasta el 25 de mayo se han parado las fábricas un total de 42 horas, alcanzando casi ya el tope máximo reglado, según varias fuentes del sector industrial y del energético.

Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó el servicio de interrumpibilidad a finales de 2017 para poder activarlo más fácilmente por motivos económicos, Red Eléctrica –gestor del sistema- en la práctica casi no lo utilizaba. Durante años, las industrias cobraban por ofrecerse a parar, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca. Los datos son confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo cinco horas (aparte de las pruebas del sistema).

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Las instalaciones industriales se vieron forzadas a parar durante 700 horas. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

A la espera de otras ayudas

La “vuelta de tuerca” de la interrumpibilidad de la que se queja la patronal se produce después de que el Gobierno paralizara la aprobación del nuevo programa de ayudas a la gran industria para rebajar su factura eléctrica. El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el mes pasado el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, elaborado por el Ministerio de Industria y que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos.

Pero el nuevo plan de ayudas quedó paralizado hasta que lo apruebe (y lo rediseñe) el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 28-A. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió paralizar el programa por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas sean legales.

El propio presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a sacar adelante un nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos una vez que forme gobierno, aunque todavía está por ver cuál serán las condiciones del nuevo texto. En paralelo, el Ejecutivo ha garantizado ya 91 millones de euros para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias y se ha comprometido a elevar esa cantidad hasta los 200 millones, el máximo que permite Bruselas (aunque de momento es sólo una promesa).

“La industria está preocupada por esta situación. Todo es incertidumbre, y la incertidumbre es lo último que necesita el sector para seguir invirtiendo”, protesta el director general de AEGE. La gran industria española se queja desde hace años de que el alto precio de la electricidad en España pone en jaque su competitividad y su rentabilidad. Los elevados costes energéticos de las plantas industriales son un lastre para competir en el exterior porque son muy superiores a los de sus rivales europeos.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía ya se había quejado de que las ayudas que planeaba el Gobierno eran insuficientes para atender sus necesidades y advertía de que algunas factorías no soportarían los altos costes energéticos y recurrirían a recortes de actividad o incluso a deslocalizaciones.

El frenazo al nuevo estatuto para los electrointensivos llega en un momento en que conseguir ayudas para la gran industria para sus cargos eléctricos se había convertido en una de las grandes bazas para conseguir un comprador para las dos plantas que Alcoa pretende cerrar en Avilés y A Coruña. La propia Alcoa ha amenazado también con clausurar la última de sus factorías en España, la de San Ciprián, en Lugo.