El lío de las subvenciones: 14.300 millones de gasto sin planificación ni transparencia

Era un secreto a voces, pero faltaba un estudio en profundidad para conocer la dimensión del multimillonario caos que suponen las subvenciones públicas que se conceden cada año en todos los niveles de la Administración española.

Lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras las reiteradas llamadas de la UE para realizar una evaluación del gasto público (Spending Review, en la terminología comunitaria), que en España supone el 40% del PIB.

La Autoridad Fiscal se comprometió por ello a presentar seis ejercicios de evaluación, y ha empezado por una revisión del entramado de subvenciones, a las que seguirán próximamente las políticas activas de empleo y los beneficios fiscales.

En este primer informe, el balance es contundente: la bolsa anual de subvenciones es difícil de dimensionar, adolece de planificación y transparencia y evidencia que hace falta una nueva regulación y un nuevo mecanismos de rendición de cuentas. Un lío monumental que se cuenta por decenas de miles de millones cada año, que cumplen la legalidad a la hora de otorgarse pero que después pocas veces se someten a un seguimiento.

En la práctica esto hace que los miles de millones de euros adjudicados cada año pierdan eficacia e incluso vayan a fondo perdido porque incluso cuando se incumplen las obligaciones por parte del beneficiario, no se aplican en muchos casos sanciones y no se produce nunca un reintegro de las cantidades.

¿Qué es una subvención?

Como base, la AIReF ha tomado como referencia planes estratégicos de subvenciones, cientos de planes presupuestarios y planes sectoriales desde los ayuntamientos hasta el Estado. Ahora bien, el primer problema es que no existe en España ni siquiera una definición clara de qué es una subvención. Esto lleva a una falta de homogeneidad que hace difícil seguir la pista a esta parte del gasto.

El informe toma como consideración aquellas transferencias sin contraprestación a todo tipo de agentes económicos dentro de la Ley General de Subvenciones vigente desde 2013, lo que supone una bolsa de gasto de 14.300 millones de euros para más de un millón de beneficiarios, de los que unos 10.000 corresponderían a las comunidades autónomas.

Ahora bien, se trata de la mitad de los 28.000 millones, de los que parte la AIReF en su análisis y sobre los que se ha realizado un proceso de criba para poder llevar a cabo un estudio lo más homogéneo posible hasta llegar a esos 14.000 millones, el único mapa posible del dinero.

Una nube de ineficiencias

Fruto de esta prospección, la AIReF detecta una "clara falta" de vinculación entre las políticas públicas, los planes sectoriales, la planificación presupuestaria y la estrategia relacionada con las subvenciones.

En lo que tiene que ver con la planificación, el problema es que la estrategia con la que se deberían plantear las subvenciones no lidera el proceso de puesta en marcha y desarrollo de las subvenciones, sino que entra en juego solo al final.

De un lado, solos las comunidades autónomas y los ayuntamientos vienen presentando planes estratégicos sobre subvenciones desde el año 2003, cuando entró en vigor la Ley General de Subvenciones, mientras que solo cuatro ministerios contaban con uno en 2017. Un año después, estos planes se han extendido.

Entre las administraciones que mejor planifican estarían el Ministerio de Fomento o las comunidades autónomas de Navarra, Cataluña y Murcia. En cambio, Justicia está entre los ministerios que aún no tiene ninguna planificación.

Centralismo y falta de transparencia

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la coordinación entre administraciones, la AIReF lamenta que haya un gran número de conferencias sectoriales, hasta una cuarentena, pero que apenas se reúnen.

Además, critica el carácter "centralista" de estos órganos y su visión "parcial" de las políticas públicas, que "en muchos casos se limita al reparto de fondos de la Administración Central a las comunidades autónomas".

Dicho de otro modo, lo que debería ser un foro de intercambio y ordenación del gasto que en parte va a las subvenciones, de acuerdo con unos objetivos estratégicos previos, es un mero ámbito en el que la Administración preside y en el que existe "falta transparencia", resumen fuentes de la  AIReF, que añaden que su funcionamiento es "estrictamente político y los criterios de reparto no son objetivos ni públicos".

Un ejemplo es la conferencia sectorial de vivienda, donde los criterios de reparto de fondos no han cambiado desde 1992, pero no se sabe en qué se fundamentaron.

AIReF tiene un plan

Tras las críticas, la Autoridad Fiscal propone replantear todo el mapa de subvenciones, partiendo de un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria, con una puesta en común entre los diferentes niveles de la Administración.

Esto, prosigue, debería ir unido a un sistema integrado de información e indicadores que permita la evaluación de los resultados continua, integrada en la gestión.

La idea es, entre otras cosas, que la evaluación de las subvenciones no se entienda como una carga de trabajo adicional, sino como un elemento del día a día. Además, estos indicadores deberían ser públicos.

Sobre las conferencias sectoriales, el organismo que preside José Luis Escrivá precisa que deberían ser una red de órganos especializados donde compartir y evaluar iniciativas.

Por último, la AIReF ve margen para mejorar la transparencia en el proceso subvencional y para aprovechar todo el potencial que ofrece una base nacional de subvenciones. Asimismo, el informe detecta una excesiva carga administrativa de los procedimientos, por lo que propone revisar la Ley de Subvenciones de 2003.

Por último, otra de las propuestas de la AIReF es la planificación de las subvenciones a cuatro años en coordinación con todas las administraciones públicas, de forma que se incluya en el Programa de Estabilidad para poder concatenarla con la Comisión Europea.