Las Administraciones adjudican 4.300 millones en subvenciones ‘a dedo’, un tercio del total

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha empezado a dar publicidad a una serie de ejercicios de evaluación del gasto público en España sin precedentes y, por ello, muy esperados, a los que ha dedicado el trabajo de tres años.

Es la primera vez que un auditor independiente profundiza en la utilidad o las transparencia del gasto público, y la idea es que esta autocrítica se normalice en el quehacer de las instituciones.

Uno de los primeros resultados se refiere a la concesión de subvenciones públicas y pone en evidencia el caos en el que se otorgan, pese a que la cantidad no es nimia: más de 14.300 millones de euros solo en el año 2017, el de referencia para el análisis.

Sin embargo, a la hora de detallar los problemas detectados, la AIReF arroja duras críticas especialmente sobre aquellas subvenciones que se adjudican de forma directa o nominativa, con más frecuencia en el ámbito de las comunidades autónomas.

Tomando como referencia ese ejercicio 2017, la factura de estas subvenciones directas o nominativas superó los 4.300 millones de euros. Ahora bien, este montante se refiere solo a las subvenciones que la Autoridad Fiscal ha podido reconocer como tales en términos homogéneos entre todas las administraciones.

De acuerdo con la Ley General de Subvenciones de 2003, estas deben concederse en procesos de concurrencia, pero existen tres supuestos de concesión directa de subvenciones públicas: si vienen impuestas por una norma de rango legal, previstas en los Presupuestos de la Administración que las concede y otras que tienen carácter excepcional.

Lo cierto es que estos tres supuestos de excepcionalidad se han hecho cada vez más frecuentes, hasta el punto de que este tipo de subvenciones nominativas ya suponen un tercio del total.

La propia AIReF sugiere un posible abuso. Recuerda que, con frecuencia, los órganos de control externo ya han denunciado "el abuso de este tipo de subvenciones de concesión directa, en proporciones muy superiores en ocasiones a las que se instrumentan de forma competitiva".

Añade que “las subvenciones nominativas se encuentran escondidas en las leyes presupuestarias sin una adecuada justificación de su fundamento, su cuantía y los compromisos que implican para sus beneficiarios”.

“Tampoco existe transparencia y visibilidad adecuada respecto de las concedidas por la vía excepcional, amparadas usualmente en convenios. La regulación de su cuantificación económica y de las obligaciones y compromisos de ejecución y resultados que asumen sus beneficiarios es insuficiente en ambos casos”, apostilla.

Las escurridizas subvenciones directas

Según datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), las subvenciones de concesión directa y nominativas representan la tercera parte de la cuantía total de las subvenciones registradas, 4.342 millones de euros en 2017.

Concretamente, atendiendo a los 2,9 millones de concesiones correspondientes a 2017, el peso del importe de las concesiones directas se eleva a un 32%, y se otorga en mayor medida a organismos de sector público, asociaciones y sociedades empresariales.

¿Por qué tantas subvenciones directas dentro del sector público? La Autoridad Fiscal explica que el elevado porcentaje de subvenciones nominativas a sujetos y entidades públicas se explica, en parte, porque en esta categoría se incluyen supuestos como, por ejemplo, las que financian a las universidades públicas o las que dotan financieramente de recursos públicos a fundaciones públicas, institutos, agencias u otras entidades cuya diferenciación en la BDNS respecto de las verdaderas subvenciones no siempre es correcta.

Además, se incluyen también en este concepto las subvenciones de cooperación con las entidades locales, ya sean procedentes del Estado o de las comunidades autónomas, así como las subvenciones vinculadas a consorcios o amparadas en convenios interadministrativos.

Si se profundiza por las convocatorias nominativas y directas de 2017 de los distintos niveles de la Administración, se aprecia que las comunidades autónomas son las que más importe total de convocatorias acumulan por esta tipología de subvenciones, con alrededor de 1.100 millones de euros.