Opositores e interinos de Justicia estallan: los nuevos exámenes son "vergonzosos"

"Son una vergüenza". Con las mismas palabras expresan tanto candidatos externos a la Administración de Justicia como interinos las pruebas de acceso del turno libre y consolidación de plazas que Gobierno y sindicatos han acordado para las próximas oposiciones de cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, correspondientes a las convocatorias de 2017 y 2018.

En juego están, de momento, casi 6.000 plazas --llegarán a 7.300 contando con la oferta de empleo de 2019-- que han abierto una guerra entre ambos colectivos. Pese a que los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F aseguran que se ha tratado de encontrar un equilibrio entre los intereses de ambos colectivos, los opositores ven en la nueva formulación de los exámenes una alfombra roja para que los interinos consoliden sus plazas.

Por su parte, los segundos creen de entrada que la situación actual de aquellos que llevan más de tres años en el puesto es un fraude de Ley que debe compensarse con el reconocimiento de su fijeza, y en todo caso prevén que las oposiciones se conviertan en un expediente de regulación de empleo (ERE) de los interinos.

En resumen, las próximas oposiciones de Justicia no contentan a nadie y los sindicatos aseguran afrontar la situación con resignación aunque con la conciencia tranquila.

Oposiciones a la vista

De acuerdo con la información facilitada por los sindicatos, después de que se acordaran las bases generales de las oposiciones y que se pactaran las condiciones específicas de la fase de oposición, el último escollo era el acuerdo sobre la segunda fase de méritos. Era muy delicada, puesto que estaba en juego la ponderación que se haría de la experiencia de los interinos.

El Gobierno habría aceptado prácticamente todos los términos del acuerdo propuesto al respecto por los sindicatos. De este modo, la convocatoria se realizará de forma descentralizada. Por un parte, en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia --se incluye en una sola convocatoria a Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla--, y por otra en el resto de comunidades que tienen las competencias de justicia transferidas. Sin embargo, las pruebas de acceso y las fechas de los exámenes serán las mismas en todos los territorios.

Con estas oposiciones se dará por culminada la primera fase de estabilización del empleo público en la Administración de Justicia, que se completará con una nueva convocatoria, derivada de la Oferta de Empleo Público de 2019, hasta reducir al 6% el índice de temporalidad e interinidad, que en la actualidad supera el 25%.

Con estas salvedades, la fase de oposición supondrá un máximo del 60% de la puntuación máxima posible, mientras que la siguiente fase de méritos supondrá el 40% restante.

Según el sindicato CCOO, en esta fase de concurso se valorará la experiencia previa como personal interino, las titulaciones académicas distintas de las exigidas para el acceso, los cursos de formación de contenido jurídico, informático, de igualdad o salud laboral y la superación de exámenes de anteriores convocatorias, siendo la experiencia previa, con un 50% del total de los méritos valorables, la que tendrá mayor preponderancia en esta fase de concurso.

Las convocatoria de las pruebas selectivas comenzarán a publicarse en el Boletín Ofician del Estado (BOE) y boletines oficiales de las comunidades con competencias transferidas a partir del próximo mes de julio y el comienzo de dichas pruebas está previsto para el mes de octubre de este mismo año.

Con ello, se prevé que el nuevo personal funcionario de carrera pueda tomar posesión de sus puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020.

Un cúmulo de enfrentamientos

Se trata del final (dependiendo de si hay o no impugnaciones u otros obstáculos que puedan surgir) de unas negociaciones que se han prologado durante más de un año para tratar de hacer un encaje de bolillos entre los intereses de los opositores externos y de los interinos.

En ese sudoku, se han realizado cambios en las fórmulas de examen habituales. El más llamativo tiene que ver con el tercer ejercicio de las pruebas de Tramitación Procesal. Las pruebas de mecanografía, en las que se valoraba por ejemplo la velocidad del aspirante, consistirán finalmente en un ejercicio teórico sobre Word para poder dar respuesta al aluvión de candidatos generado.

Después, en la fase de concurso de méritos, los opositores han criticado duramente que se excluya del baremo la puntuación por conocimientos de idiomas, algo que, de nuevo, asegura que favorece a los interinos.

¿Una prueba extraordinaria?

No obstante, a estas alturas, los interinos siguen negando la mayor. En primer lugar, todo el colectivo está pendiente de varias cuestiones prejudiciales en manos del Tribunal de Luxemburgo y que podrían venir a reconocer el derecho a la fijeza de los interinos que llevan más de tres años en esa condición. De ser así, todos los procesos de oposición para la consolidación de plazas podrían saltar por los aires.

Por eso mismo, administraciones de Justicia de Alicante o Barcelona han paralizado las oposiciones a la espera de la resolución de esas cuestiones, y lo mismo se ha planteado en Sevilla o Murcia. El colectivo de los interinos incluso recalca que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que, a título individual, reconoce ya este derecho a la fijeza a una interina en Andalucía.

Por otro lado, el colectivo también recuerda que a finales de 2018 se produjo una cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en las convocatorias de empleo extraordinarias se hubieran de realizar solo concursos de méritos. Consideran que el proceso de consolidación de plantillas es uno de esos casos, como se ha reconocido en otros ámbitos de Justicia en Cataluña o Canarias, lo que de entrada plantearía asimetrías dependiendo de los territorios.

Avisos de opositores e interinos

Por ello, las críticas y avisos tanto de opositores como interinos a los sindicatos no cesan. De un lado, la Asociación Sindical Interinos Justicia (ASIJ), recientemente constituida en sindicato, logró colarse como segunda fuerza en Justicia en las últimas elecciones. Por ello, creen que el resto de sindicatos firmantes del acuerdo quieren expulsar de las platillas a los interinos para acabar con ASIJ desde la base.

Del lado opuesto, la asociación ADOAJ, que agrupa los intereses de los opositores externos, avisa que "de lo que pase de aquí en adelante serán responsables tanto la Administración de Justicia como las organizaciones sindicales que están sentados en la mesa de negociación".

Coinciden en que "los sindicatos están que trinan con la pérdida de afiliación sindical" y avisan: "En un futuro no muy lejano, nosotros seremos funcionarios y no olvidamos este maltrato que se no está dando por su parte".