El sector de las energías renovables vuelve a prepararse para una burbuja. España vivirá un auténtico boom en la próxima década con la instalación de nuevas plantas de energías limpias. El plan del Gobierno para reducir las emisiones de efecto invernadero contempla la construcción de unos 55.000 megavatios (MW) de nuevas renovables hasta 2030, desde los 38.700 MW actuales.
Sin embargo, se ha desatado una auténtica burbuja en el sector porque actualmente las solicitudes para conectar a la red nuevas instalaciones renovables duplica toda la nueva potencia verde prevista por el Gobierno hasta 2030 (y en breve podrían triplicarla) y las peticiones que ya tienen permiso de conexión ya cubren la práctica totalidad de lo que se planea levantar en una década.
Red Eléctrica de España ya ha recibido solicitudes para conectar instalaciones renovables a la red por 125.200 MW, el doble de esa potencia prevista por el Gobierno a diez años vista. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) eleva aún más esa cifra y apunta que en abril eran ya más de 150.000 MW habían presentado los avales económicos necesarios (pero unos 25.000 MW aún no habrían formalizado la solicitud de conexión).
De todo ese aluvión de solicitudes, un total de 51.000 MW ya cuentan con todos los permisos concedidos para conectarse a la red eléctrica. En concreto, entre las solicitudes ya con autorización de acceso ya cubren el 99% de toda la energía solar fotovoltaica prevista en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno hasta 2030 y el 83% de toda la eólica planeada, según ha desvelado el director general de Operación de REE, Miguel Duvison, durante su intervención en el congreso de la patronal eléctrica Aelec.
El gran problema -aunque desde REE se evita utilizar públicamente ese término para describir la situación del sector renovable- es que una parte sustancial de las solicitudes no cuentan con un proyecto real para construir una planta energética. “De todas los permisos de conexión a la red un porcentaje no despreciable va a ser fallido”, explica Duvison. “Va a haber que discernir el grano de la paja. Hay que garantizar que los proyectos que piden acceso a la red se acaben, que no sirvan sólo para transaccionar con documentos. Eso es indeseable”.
La CNMC estima también que una “proporción significativa” de los avales depositados no cuentan con proyectos viables reales que los respalden (su cálculo es que por cada proyecto viable se han solicitado dos o tres permisos que no lo son) y que hasta dos terceras partes de ellos renunciarán a continuar con la tramitación del permiso de acceso a la red.
En el sector de las energías limpias está proliferando la especulación, porque conseguir una conexión a la red eléctrica sufre una preocupante situación de cuello de botella y los permisos para hacerlo –pese a que Red Eléctrica los reparte gratuitamente- se han convertido ya en un activo con los que las empresas negocio y por los que se pagan cantidades disparatadas en la reventa. De hecho, se están revendiendo por entre 100.000 y 200.000 euros por megavatio de potencia del proyecto, en función del grado del proceso de solicitud. Un fenómeno que está atrayendo a actores que sólo buscan especular con los permisos o simplemente con las solicitudes de acceso.
Desde Red Eléctrica se respaldan las medidas adoptadas o propuestas por el Gobierno y por la CNMC. El Ministerio para la Transición Ecológica cuadruplicó hace unos meses los avales que se exigen para solicitar la conexión a la red (desde los 10.000 a los 40.000 euros por MW). Y, por su parte, la CNMC acaba de proponer que la solicitud de conexión a la red incluya información técnica detallada para confirmar que está respaldada por un proyecto con suficientes visos de viabilidad. Y la modificación de determinadas características del proyecto consideradas clave (la tecnología de generación, la ubicación del punto de conexión…) obligaría a una nueva solicitud.
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