La AIReF desmonta las políticas de empleo: 6.500 millones sin evaluar y de dudosa eficacia

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un nuevo estudio de evaluación del gasto público ('Spending Review'), esta vez centrado en la eficacia o no del gasto en políticas activas de empleo que se destinan a mejorar la formación y el acceso al empleo de los desempleados, fundamentalmente a través de transferencias de recursos de los servicios públicos de empleo (SEPE) a las administraciones autonómicas y locales.

El resultado es que, de entrada, este gasto no se puede cuantificar. En todo caso, según las estimaciones realizadas con datos de 2017, estaría entre los 6.100 y 6.500 millones de euros. Además, estos recursos se concentran en los incentivos al empleo, cuya eficacia ha sido cuestionada por las propias patronales, sin tener en cuenta las necesidades de las empresas, que generan el 83% del empleo.

Esto podría estar restando eficacia a las políticas activas de empleo, frente a las que se desarrollan en otros países como Alemania, donde la tasa de paro es del 3,2%, frente al 14,7% de España, donde actualmente aún hay más de 3,3 millones parados, de los que 1,5 millones son de larga duración.

La Autoridad Fiscal recuerda que el nivel de gasto de España está a la altura de la UE, pero no cuando se mide por empleado. Todo ello a partir de una estimación de los recursos que se destinan a políticas activas de empleo, dada la complejidad administrativa existente.

El 40% del gasto, para incentivos

Más en detalle, el estudio precisa que un 40% del gasto se destina a incentivos –con unos efectos que se evaluarán en un próximo informe-- y, en menor medida a la orientación (15%) o la formación (25%). En Alemania, por ejemplo, solo el 20% del gasto se emplea en los incentivos.

¿Cuál es el problema? Que la orientación es relativamente efectiva, y además consume menos recursos, mientras que uno de los problemas a los que se enfrentan los más de un millón de parados de larga duración es a la falta de formación.

Además, la AIReF identifica que, siendo el SEPE el que financiar a través de la conferencia sectorial correspondiente, no hay una adecuada coordinación con las comunidades autónomas. Más aún, señala que "el sistema de subvenciones para la formación es cuestionable".

El gasto no es eficaz

En términos de eficacia, la AIReF ha elaborado un índice (de 1 a 5) para medir el desempeño de los servicios públicos de empleo. Se trata en último término de evaluar la utilidad de estos servicios en relación a las tasas de paro de cada región. En general, la relación es negativa, esto es, que a mejor desempeño, los niveles de paro son menores.

Pues bien, Asturias, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que sacan mejor 'nota'. En el lado opuesto se sitúan Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria.

Falta de control

Por otro lado, no solo hay dificultades para cuantificar el gasto en políticas activas de empleo. La AIReF asegura que no ha podido hacer una evaluación sobre la formación por falta de formación.

Y esa falta de evaluación es clave. Una muestra es el resultado obtenido por el conocido como el Plan Prepara, trataba de dar formación a parados de larga duración para mejorar su cualificación o facilitar el acceso a un empleo. Todo ello en seis meses.

Pues bien, en el periodo 2012-2017, la AIReF ha detectado 850.000 beneficiarios, con un coste cercano a 1.500 millones. ¿Con qué resultado? "El programa Prepara no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación", señala el informe.

En todo caso, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja cosechan mejores resultados a partir del primer año.

Con este ejemplo de falta de evaluación a tiempo, la AIReF critica que la estructura y costes de las oficinas de empleo y centros de formación está muy atomizada y el contenido de los cursos de formación no tiene presente como debería las necesidades del mercado.

Las recetas de la AIReF

Tras el diagnóstico, la Autoridad Fiscal apuesta por unas políticas activas de empleo, a la alemana. Esto implica una presupuestación plurianual del gasto dedicado a políticas activas de empleo, con una evaluación posterior de los recursos ejecutados.

También llama a revisar la subvención como instrumento de financiación para estas políticas y ha explorar fórmulas de colaboración público-privada pagando por eficacia.

Otra de las recetas pasan por evaluar sistemáticamente las políticas activas de empleo, crear áreas en los servicios públicos de empleo con especialistas dedicados a captar ofertas de empresas; ejecutar formación bajo demanda adaptada a las necesidades de las empresas.