Los servicios de empleo dedican más recursos a ocupados que a parados de larga duración

Los servicios públicos de empleo en España y las políticas de orientación, formación y actuación para facilitar el acceso a un empleo a los desempleados son como un puente anclado en dos orillas que en realidad no une. Ni las empresas ven reflejadas en estas políticas activas sus necesidades, ni los demandantes de empleo reciben a ciencia cierta los servicios que requieren.

Esta es una de las principales conclusiones a la que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el informe de evaluación del gasto ('Spending Review') sobre este área presupuestaria que ha presentado este miércoles.

Entre 6.000 y 6.500 millones de euros -no se puede dar una cifra exacta dado el caos administrativo- que fundamentalmente fluyen de los servicios públicos de empleo (SEPE) a las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de las conferencias sectoriales, pero que la AIReF asegura que no se gastan con eficiencia.

Los detalles del informe dan muestras del caos en el que se desarrollan estas políticas. Baste recordar que de los 3,3 millones de desempleados que aún aparecen en la Encuesta de Población Activa (EPA) --algo más de tres millones, en las estadísticas de paro registrado--, alrededor de 1,5 millones son parados de larga duración.  También que la tasa de paro en edades hasta los 29 años, apenas baja del 20%.

Pues bien, la AIReF advierte de que hay una falta de especialización de los programas y servicios ofrecidos para dar respuesta a colectivos específicos. Y, en concreto, señala que los programas destinados a jóvenes y parados de larga duración no destacan sobre el resto de los programas.

Y es así. Porque en la tarta que ilustra la distribución del Presupuesto de gasto ya comprometido del sistema española de empleo por colectivo beneficiario, se observa que solo el 4,3% de estos recursos se destinan a programas específicos para parados de larga duración, frente al 6,5% que se dedica a ocupados que, por ejemplo, se apuntan como demandantes de empleo para mejorar su formación y optar a mejores trabajos.

Por ello, la AIReF  propone desarrollar un sistema de empleo "basado en las necesidades de las personas y los colectivos, alineando el sistema con el gasto destinado a cada uno de ellos". "El objetivo sería elaborar un catálogo de servicios adaptado a las necesidades de los colectivos, con el propósito de configurar una cartera de servicios comunes dinámica y flexible que permita adaptarse a las necesidades específicas de los demandantes de empleo", añade el informe.

Otro ejemplo de cómo se desvía el tiro de los servicios de empleo se refleja en los tiempos de espera para ser atendido que afrontan los desempleados.

De un lado, es cierto que desde el año 2012 se ha producido una reducción del tiempo desde la inscripción de la demanda de empleo hasta la recepción del servicio, pasando de una media de 834 días hasta llegar a 83 días en el 2017.

Ahora bien, en cuanto a la edad del demandante, se observa cierta tendencia a que las personas más jóvenes tarden menos tiempo en recibir el servicio que las mayores, dejando a aquellos demandantes entre los 45 y los 60 años por encima del tiempo medio esperando casi dos años desde que se inscriben hasta la recepción del servicio. Precisamente, es en ese tramo de edades en el que se concentra el mayor número de parados de larga duración.

El caso del Plan Prepara

Pero incluso cuando se pone en marcha un programa destinado a los parados de larga duración, las políticas de empleo se desinflan. La Autoridad Fiscal se detiene, por ejemplo, en las ayudas para el Programa de Recualificación Profesional, el conocido como Plan Prepara, hoy extinto, y analiza su eficacia entre los años 2012 y 2017.

Este programa nació destinado a la cualificación profesional de las personas que agotaban su protección por desempleo, mediante acciones de formación y orientación y la percepción de una ayuda económica de apoyo de hasta 450 euros al mes durante seis meses. Tras varias remodelaciones, el programa terminó dando apoyo a parados que, habiendo agotado las prestaciones y subsidios a los que tenían derecho, presentasen cargas familiares o fueran parados de larga duración.

Durante el periodo observado, hubo 851.822 beneficiarios, con un coste de 1.432 millones de euros, pero los resultados fueron más bien pobres. Hasta el punto de que, la Autoridad Fiscal incluso afirma que, en términos generales, el Plan Prepara "genera desincentivos a incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación" y se cobra la ayuda.

Una vez terminado ese período la diferencia en el acceso al empleo entre participantes y no participantes en el programa se reduce, y solo en algunas regiones llegan a comportarse de la misma manera tras los 12 y 24 meses iniciales. Es el caso de Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, con mercados de trabajo más dinámicos, en las que el efecto parece positivo a partir del primer año.