Siete de cada diez funcionarios quieren adelantar la jubilación

Hay una bomba de relojería a punto de estallar en la Administración pública. Es el envejecimiento de las plantillas públicas, que amenaza con una jubilación masiva de efectivos en los próximos años --hasta un 16% del total en cinco años, según CSI-F--.

Tanto es así que, no solo los sindicatos de la función pública, sino también el propio Gobierno, se han puesto manos a la obra para tratar de corregir en lo posible la situación.

La intención de las dos partes era poner en marcha un plan plurianual de empleo público, para sustituir las cortoplacistas ofertas de empleo anuales, a la manera de lo que haría un departamento de recursos humanos en una empresa, pero en la Administración.

El objetivo sería planificar la renovación de plantillas a la vista de que la edad media de los trabajadores públicos supera a día de hoy los 50 años. Sin embargo, la irrupción de las elecciones anticipadas dio al traste con estos planes, y a la vista de la parálisis política, la cuestión puede quedar en el cajón de los proyectos del Gobierno sine die.

El problema es que, a la cuestión puramente vegetativa, se suma otra más inmediata. El 78% de los funcionarios tiene en mente la jubilación parcial y anticipada. Es decir, se quiere jubilar cuanto antes. Y esto, además de anticipar el agujero de personal en la Administración, supondría un gran coste para la Seguridad Social. Y todo porque, según aseguran fuentes sindicales, hay una gran volumen de funcionarios 'quemados' por la acumulación de trabajo tras años en los que la reposición de efectivos ha sido nula o escasa.

El dato es el resultado de una encuesta elaborada por el sindicato de funcionarios CSI-F a partir de las opiniones de cerca de 15.000 empleados públicos. El resultado es que, si bien es cierto que el 95% se sienten especialmente preocupados por las cuestiones retributivas, y un 76,3% por la carrera profesional, un 74% también asegura que le interesa entre bastante y mucho la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial o a la anticipada.

La primera de estas modalidades plantea la necesidad de celebrar al mismo tiempo un contrato de relevo y un sobrecoste para la Seguridad Social –recientes estudios cifra en 2.000 millones el coste anual de esta fórmula en la actualidad--, pero un acuerdo entre Gobierno y sindicatos ya la extendió a todos los empleados laborales de la Administración General del Estado (AGE).

También tiene un coste para las arcas del Estado la jubilación anticipada. Por ello, los últimos empleados públicos en acceder a ella, los policías locales, lo han hecho con una sobrecotización para compensarlo. Pero también muchos otros colectivos, han solicitado (con poco éxito), seguir la misma senda, para poder jubilarse antes.

Ahora, CSI-F asegura que luchará para que tanto la jubilación anticipada como la parcial se extienda a todos los empleados de la Administración Central.

El 25% de las vacantes, de ‘quemados’

La muestra más clara de cómo las plantillas del Estado envejecen y además están quemadas y quieren jubilarse incluso antes de lo que les correspondería, es que, en la trastienda de la última oferta de empleo público, la más masiva en años, está la necesidad de cubrir un gran bolsa de plazas libres por jubilación, de las que el 25% corresponden a salidas antes de tiempo.

La oferta de empleo público de 2019 superó los 33.000 efectivos, una cifra históricamente alta, como también lo fue la de 2018. Entre estas plazas, el se convocaron más de 11.000 de nuevo acceso por tasa de reposición.

Pues bien, una de cada cuatro bajas en el Estado –descontados Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil o empresas públicas, entre otros– se produjeron en 2018 a través de jubilaciones anticipadas y, de estas, un tercio se concentraron en los servicios que implican contacto con el público, donde no solo porque este sector concentra proporcionalmente a un gran número de empleados, sino también porque son los trabajadores más expuestos a la desmotivación.

De momento, las clases pasivas

Según explican desde los sindicatos, la mayoría de estas jubilaciones anticipadas las protagonizaron empleados encuadrados dentro del régimen de clases pasivas, en vías de extinción, y que ha experimentado un verdadero éxodo desde 2012.

La razón es que, de acuerdo con un cambio normativo que va camino de cumplir una década, los funcionarios públicos incluidos en este régimen –los que accedieron antes de 2011, el resto se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social– pueden jubilarse anticipadamente, con carácter general y algunas excepciones,  desde que cumplen los 60 años de edad, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado.

Además de a la jubilación voluntaria prevista para todos los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que tienen fijada la edad de jubilación forzosa en 70 años de edad, pueden acceder a la jubilación desde que cumplen los 65 años de edad si acreditan 15 años de servicios efectivos al Estado.

La particularidad de esta jubilación anticipada respecto a la situación de aquellos que ingresaron desde 2011 y se encuadran en el Régimen General, es que los beneficiarios de clases pasivas no se ven penalizados por coeficientes reductores en el momento del retiro voluntario. De ahí que en aquellos ámbitos en los que cunde la desmotivación, sean miles los que cada año se acojan a esta posibilidad.