El Gobierno y los sindicatos de Función Pública se reunirán este viernes para abordar la subida adicional del 0,25% ligada al PIB del salario de los empleados públicos, que se reflejará en la nómina del mes de julio y con lo que se ejecutará el acuerdo suscrito por las organizaciones sindicales con el Gobierno de Mariano Rajoy.
En concreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Publica ha convocado a los sindicatos a las 10.00 horas a una reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, suscrito el pasado 9 de marzo de 2018, con la comunicación del dato de crecimiento del PIB como único punto del día, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funciones (CSIF), Miguel Borra, ha señalado en una rueda de prensa que en la reunión también se explicará cómo se va a hacer efectiva esta subida del 0,25% adicional por el comportamiento del PIB, ya que el Ejecutivo todavía no tiene claro si será necesario realizar esta subida vía decreto, o no.
De hecho, el Ministerio de Hacienda tiene que aprobar un acuerdo en el Consejo de Ministros para hacer efectivo el incremento, si bien no está confirmado que vaya a ver la luz este viernes, según han indicado en fuentes gubernamentales.
"Gracias a la insistencia de este sindicato se ha podido hacer efectiva esta subida y se consiguió también que la anterior subida del 2,25% se hiciese vía decreto y no vía Presupuestos, porque si no, todavía estaríamos esperando", señaló ayer Borra en un encuentro con los medios.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó el pasado martes que está previsto incluir en las nóminas de julio de los empleados públicos la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB y establecida en el acuerdo con los sindicatos.
Según datos de CC.OO., la subida adicional del 0,25% en la Administración Local supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70 y 75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales.
En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E, calcula CC.OO. UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.
Según Montero, en Hacienda creen que se podrá abonar la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB en las nóminas de julio, y dijo que espera que no haya "ningún inconveniente" para que pueda ser así.
Dado que el INE confirmó en marzo que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado, los funcionarios verán incrementada su subida salarial en otro 0,25%, ya que el acuerdo suscrito con los funcionarios por el Gobierno y consensuado previamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy establecía dicho aumento en caso de que la economía española creciese por encima del 2,5%.
Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, eleva el la subida salarial de este año al 2,5%. A la subida salarial del 2,5% asegurada para este año podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien este alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.
Por otro lado, USO ha registrado en Moncloa y en el Congreso de los Diputados una petición para reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y con el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, además de con los grupos parlamentarios, para plantearles cambios urgentes en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Para USO, y en relación a los funcionarios, lo más inmediato es adaptar los sueldos base de todas las categorías al salario mínimo interprofesional (SMI), pues la propia Administración aún recoge salarios por debajo de los 900 euros en los grupos o subgrupos F, C2, C1 y B.
"Al final, la nómina está en general por encima del SMI, como ocurre con las empresas que les suman complementos, pero el salario no lo está, y eso no sólo incumple la ley, sino que deja a algunos grupos efectivamente por debajo, como los funcionarios en prácticas, que no añaden ningún complemento, o quienes, a la vuelta de excedencia, esperan destino", ha explicado USO en un comunicado.
Al mismo tiempo, el sindicato reclama aligerar la temporalidad en el sector público, pues muchos interinos y laborales se encuentran "en fraude de ley". "Pedimos que quede reflejado de una manera más restringida que el nombramiento de interinos debe realizarse por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia".
En total, USO estima que en España hay unos 400.000 empleados públicos en situación de interino en fraude de ley o laboral indefinido no fijo.
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