Los caminos de la banca y la Justicia se han cruzado en infinidad de ocasiones en los últimos años. Asuntos polémicos como las cláusulas suelo o, más recientemente, la cuestión de los Actos Jurídicos Documentados sobre hipotecas han hecho de los tribunales un escenario clave para dirimir la situación del sector financiero. Juicios como los de Bankia o los relacionados con la reciente caída de Popular han generado notable expectación, sin olvidar el rosario de banqueros que han pasado por el banquillo para testificar sobre su papel en la crisis financiera.
Menos común ha sido que los problemas legales de la banca hayan partido de sus propios trabajadores. Y sin embargo para algunas entidades se ha convertido casi en una rutina. Este es el caso de Liberbank, el banco que, según señalan fuentes sindicales, presenta una mayor tasa de litigiosidad interna. Actualmente mantiene abiertas más de 600 demandas de sus empleados y todo apunta a que esta cifra podría ir en aumento en los próximos meses. La entidad no ha querido pronunciarse sobre este asunto.
El origen de la mayor parte de estas demandas se remonta a 2013. Entonces la entidad recientemente formada por las antiguas Cajastur (más Caja Castilla-La Mancha), Caja Extremadura y Caja Cantabria aplicó un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que, tras la denuncia de alguno de los sindicatos que no lo firmaron, fue anulado por la Audiencia Nacional, en sentencia posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.
La mayor parte de las demandas derivan del ERTE aplicado en 2013 y que fue anulado por los tribunales
La sentencia implicaba que Liberbank debía devolver a sus empleados los importes detraídos durante los siete meses que se aplicó el ERTE posteriormente anulado. Sin embargo, la tardanza en la devolución de aquellas cantidades, que algunos cálculos han llegado a cifrar en hasta 40 millones de euros en conjunto -un 36% de su beneficio atribuido en 2018-, forzó a los sindicatos a acudir de nuevo a la Audiencia Nacional para reclamar su aplicación. El tribunal acordó entonces que cada uno de los afectados debía interponer una demanda ante los juzgados provinciales pertinentes para determinar el modo en que debían ser satisfechos los importes adeudados.
Desde entonces, la actividad legal de Liberbank ha sido frenética, hasta el punto de que, por ejemplo, en el año 2014 sus gastos en litigios legales ascendieron a más de 20 millones de euros. Los sindicatos calculan que en torno al 60% de una plantilla que, por entonces, estaba compuesta por alrededor de 7.000 trabajadores, ha interpuesto demandas para recuperar los importes que les corresponden por la anulación del ERTE, de las cuales una gran mayoría han resultado favorables a los demandantes.
Para reducir el grueso de demandas, Liberbank ha tratado de llegar a acuerdos con algunos empleados, ofreciendo reintegrar las cantidades adeudadas a plazos como plus de productividad, según explican fuentes sindicales. Pero, a pesar de que algunos trabajadores se han acogido a esta oferta, a día de hoy, casi seis años después, siguen abiertas estas más de 600 demandas de trabajadores en distintos juzgados provinciales.
Además, según explican, la entidad que dirige Manuel Menéndez tiene abiertos otros frentes judiciales en los que es previsible que se incremente el número de trabajadores demandantes. Entre éstos resalta uno derivado por el incumplimiento del convenio en materia de consolidación de categoría a determinados trabajadores que habían ocupado puestos de responsables de oficinas.
El incumplimiento del convenio en materia de consolidación de categoría podría motivar una nueva oleada de demandas
Tras recibir sentencia favorable por parte de la Audiencia Nacional y ratificación de la misma por el Tribunal Supremo, los sindicatos consideran que, la falta de ejecución de la medida por parte de Liberbank, probablemente les obligue a volver a recurrir a la Audiencia Nacional y, presumiblemente, ésta determinará que sean los juzgados provinciales los que tengan que determinar, a partir de demandas individuales, cómo se ejecuta esa sentencia en cada caso particular.
Los sindicatos señalan que ya han recibido muestras de interés por demandar de hasta una decena de afectados por este caso y confían en que la cifra vaya en aumento en los próximos meses, aunque reconocen que al tratarse en muchos casos de directivos que aún siguen formando parte de la entidad resulta más difícil convencerlos para que reclamen.
Estos casos representan, según denuncian los sindicatos de Liberbank, sólo una pequeña parte de la notable conflictividad laboral que ha afectado a la entidad en los últimos años y qué ha afectado a cuestiones diversas como incumplimientos de horarios, irregularidades en los pagos por bajas de maternidad, presiones y amenazas a los trabajadores o la aplicación de bajas voluntarias sin negociación con los representantes de los trabajadores.
Además, denuncian, que en todos estos casos, cuando la Justicia ha dado la razón a los demandandes, la entidad ha optado por una estrategia de dilatar en el tiempo cualquier pago, enredando todos los litigios en una serie infinita de recursos -incluso en casos en los que éstos no están permitidos- y demorando la ejecución de los mismo.
El futuro de Liberbank ha sido en los últimos tiempos motivo de continuas especulaciones. Tras la reciente ruptura de negociaciones con Unicaja para su fusión, la entidad que dirige Manuel Menéndez ha sido relacionada con Abanca, que ya mostró su interés por hacerse con su negocio el pasado mes de febrero.
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