El Gobierno recorta al mínimo las ayudas a la industria que se cargan en el recibo de luz

Todos los años, desde hace más de una década, los consumidores eléctricos españoles pagan con su recibo de luz unas ayudas millonarias a la gran industria. Y este año los clientes van a pagar a las grandes fábricas menos que nunca, a pesar de las quejas de las compañías industriales sobre el alto coste de la energía que soportan y pese a sus amenazas de cierres de plantas o de recortes de producción por falta de rentabilidad.

Las ayudas se articulan a través del denominado servicio de interrumpibilidad. Un programa que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario. Este jueves se ha celebrado la subasta que sirve para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año. Y se ha cerrado con el resultado más bajo de su historia.

La subasta, organizada por Red Eléctrica de España (REE), ha adjudicado un total de 2.340 megavatios (MW) a un total de 123 fábricas españolas, por los que cobrarán 95 millones de euros. En la subasta correspondiente al primer semestre las ayudas alcanzaron un total de 101 millones. Así que en el conjunto del año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

El Gobierno pretende que la de esta semana sea la última subasta de este tipo. Según informa Efe, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha confirmado que la Comisión Europea pretende poner fin a este tipo de pujas para repartir ayudas a la gran y se encomienda al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja el Ejecutivo para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética de las factorías.

Para esta última subasta el Gobierno modificó las condiciones de la puja con el objetivo de provocar un recorte del importe de las ayudas que perciben la gran industria y por tanto del coste que se traslada a la factura eléctrica de todos los clientes. "La subasta deja a la industria en una situación muy delicada y ahonda los problemas de competitividad de las factorías nacionales", subrayan fuentes del sector industrial. Por el contrario, cuanto más cae la retribución a las fábricas menor es el recargo a la factura de luz de los consumidores.

El Ministerio para la Transición Ecológica rebajó el precio de salida de la puja:  precio inicial ha sido de 125.000 euros por cada bloque de 5 megavatios (MW) en liza –frente a los 150.000 de las anteriores pujas- y ha sido de 150.000 euros para los bloques de 40 MW –cuando en las anteriores citas se arrancaba desde los 200.000 euros-. Y, en paralelo, el Ministerio también recortó el número de bloques de mayor tamaño, que son a los que precisamente optan las mayores factorías.

Siete meses sin parar las fábricas

La maniobra del Ministerio para imponer un nuevo recorte de las ayudas llegaba después de siete meses en que las industrias no han recibido la orden de parar sus fábricas. Desde octubre pasado y hasta ahora, ninguna de las fábricas acogidas a la interrumpibilidad había recibido la orden de parar por parte de Red Eléctrica de España (REE), según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del funcionamiento del programa.

En las últimas semanas, en cambio, sí han producido algunas de parada. Pero no se trataban de parones forzosos para atender una emergencia técnica o económica, sino sólo paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien. Unas paradas de prueba que son exigidas por la normativa desde 2013 y que pueden ser como máximo de un 1% del total de horas del periodo previsto (en este caso seis meses). Desde el 29 de abril y hasta el 25 de mayo se han parado las fábricas un total de 42 horas, alcanzando casi ya el tope máximo reglado, según varias fuentes del sector industrial y del energético.

Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó el servicio de interrumpibilidad a finales de 2017 para poder activarlo más fácilmente por motivos económicos, Red Eléctrica –gestor del sistema- en la práctica casi no lo utilizaba. Durante años, las industrias cobraban por ofrecerse a parar, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca. Los datos son confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo cinco horas (aparte de las pruebas del sistema).

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Las instalaciones industriales se vieron forzadas a parar durante 700 horas. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

Otras ayudas

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Las instalaciones industriales se vieron forzadas a parar durante 700 horas. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

El cambio en las condiciones de la subasta de la interrumpibilidad de se produce después de que el Gobierno paralizara la aprobación del nuevo programa de ayudas a la gran industria para rebajar su factura eléctrica. El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el mes pasado el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, elaborado por el Ministerio de Industria y que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos.

Pero el nuevo plan de ayudas quedó paralizado hasta que lo apruebe (y lo rediseñe) el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 28-A. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió paralizar el programa por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas sean legales.

El propio presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a sacar adelante un nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos una vez que forme gobierno, aunque todavía está por ver cuál serán las condiciones del nuevo texto. En paralelo, el Ejecutivo ha garantizado ya 91 millones de euros para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias y se ha comprometido a elevar esa cantidad hasta los 200 millones, el máximo que permite Bruselas (aunque de momento es sólo una promesa).

"El resultado de la subasta de interrumpibilidad vuelve a recortar la retribución y con el Gobierno en funciones el resto de ayudas, por el CO2 y las recogidas en el estatuto de electrointensivos, están paradas. La incertidumbre es la peor situación para la industria para encarar los presupuestos de 2020, que las compañías deberían estar elaborando ahora pero no saben a qué atenerse", indican fuentes industriales. "Es necesario apostar más claramente por la industria porque es un tractor del resto de la economía nacional y por garantizar su competitividad en relación a sus competidores europeos, que tienen menores costes de energía".