Renta mínima o quiebra del sistema: resucita la batalla política

"La historia de la renta mínima da para escribir un libro". Son palabras de una de las personas que más de cerca han seguido las negociaciones de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que los sindicatos CCOO y UGT llevaron al Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE en abril de 2015 para poner en marcha una renta básica de 430 euros para parados sin recursos.

Su tramitación lleva ya camino de cuatro años por las resistencias fundamentalmente del Grupo Popular, hasta no hace mucho en el Gobierno. En el actual impás, antes de que se constituya un nuevo Gobierno, la renta mínima ha resucitado para vivir un nuevo capítulo. Todo ello en paralelo al compromiso para aplicar una iniciativa similar que se recogía en el último programa de Gobierno el PSOE.

España sigue sin Gobierno por la dificultad de conformar un Ejecutivo estable y la actividad parlamentaria permanece paralizada. Los Presupuestos de 2019 se transmutan en un ejercicio de posibilismo en los de 2020. Pero hay movimientos que prometen una nueva batalla política y económica en torno a la renta mínima en la que ya no estarán en cuestión las cuentas anuales del Estado, sino directamente la quiebra del sistema.

De un lado, nada más constituirse las Cámaras, en los primeros días de este mes de junio, el Congreso de los Diputados consideró para su debate en la próxima legislatura la ILP de los sindicatos. Pero, por otro, apenas diez días después, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha anunciado por boca de su presidente, José Luis Escrivá, que próximamente publicará un informe sobre la viabilidad económica de esta medida. Hasta ahora, la Autoridad Fiscal ha alertado del alto coste de este subsidio. La polémica está servida.

Para entender el trasfondo de la cuestión baste recordar un par de hitos en la negociación de la ILP que, en efecto ha pasado por mil y una vicisitudes.

Las amenazas de quiebra

Antes, cabe recordar las características de la renta básica. De acuerdo con la formulación de los sindicatos, se trata de una ayuda equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente supone algo más de 430 euros, para parados registrados en los servicios públicos de empleo con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

Desde su presentación, los sindicatos han cifrado los potenciales beneficiarios en 1,8 millones de personas y el gasto asociado en unos 10.200 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevaba esta cantidad hasta los 15.300 millones.

Sin embargo, aquí el primero de los hitos, en una comparecencia en una comisión del Congreso de los Diputados en noviembre de 2017, el entonces secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, elevaba el montante hasta los 45.000 millones de euros anuales y aseguraba que esto supondría directamente la quiebra del sistema.

"Acabará con la Hacienda Pública y la economía. Todo el Estado del Bienestar se vería amenazado", advertía exponiendo como argumentos que la renta funcionaría como un desincentivo al empleo y actuaría como un efecto llamada para personas sin recursos de otros países.

Fuentes conocedoras de las deliberaciones internas del Gobierno en esos días aseguran que la cifra era el resultado de una serie de trabajos previos realizados en reuniones de secretarios de Estado, en los que estaban presentes Nadal y el equipo del Ministerio de Trabajo.

Aquellas reuniones sirvieron para acabar de poner en alerta sobre el supuesto riesgo económico que conllevaría la aprobación de la renta mínima. Tanto fue así que, sin llegar a verlo como un escenario posible, se llegó a plantear que para parar la renta el último recurso sería la disolución de las cámaras legislativas.

Meses después, en febrero de 2018, segunda parada de este relato, la renta básica ya había logrado convertirse en un proyecto de Ley, pero sería de nuevo torpedeada por el PP, esta vez de forma más práctica y efectiva.

La ausencia de cinco diputados del PSOE en una votación en la Comisión de Empleo impidió que la norma pasara al Pleno del Congreso de los Diputados.

Este paso habría supuesto prácticamente su aprobación, puesto que la correlación de fuerzas en una y otra instancia era diferente en función de la composición del Grupo Mixto y en el Pleno había una mayoría progresista. Además, el Grupo Popular solicitó un informe técnico a la AIReF que podría paralizar el trámite hasta seis meses. Entre tanto, PSOE y Podemos pugnaban entonces por mejorar la cuantía de la prestación, ante los ojos atónitos de los sindicatos.

Unificación de subsidios

Con todo, esta decisión no frenaba para siempre la renta básica. Consciente de ello, el Gobierno se embarcó en una reunificación de los programas asistenciales para parados, ofreciendo así una alternativa, aunque ello también supusiera un ligero incremento del gasto.

Los sindicatos siempre han defendido que la unificación de los programas era algo necesario, sobre todo porque algunos como el Plan Prepara o el Plan de Activación para el Empleo (PAE) han ido decayendo con la mejora de las cifras de empleo --se han mantenido para los actuales perceptores-- y han sido ampliamente criticados, entre otros, por la AIReF. Pero también han instado a adoptar la renta mínima como un salvavidas añadido y de último recurso.

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez heredó el proyecto para reordenar los subsidios y lo llevó a la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos sin que llegara a concretarse ese nuevo sistema.

En ese vacío, la cuestión de la renta básica vuelve a saltar a la palestra, con el añadido de que el SMI aumentó un 22,3% en 2019, hasta los 900 euros al mes, lo que daría pie a que un mayor número de desempleados cumpliera los requisitos y se ampliara el número de rentas reconocidas, disparando el gasto inicialmente previsto.

Finalmente no fueron seis meses, después de más de un año, AIReF saca del cajón el informe sobre las consecuencias económicas de la renta básica. Así es que todo apunta que la renta mínima vuelve al punto en el que quedó, allá por febrero de 2018. Las cuentas públicas siguen estando cuestionadas, el arco parlamentario más fragmentado. La confrontación política, por ver.