La gran industria avisa al Gobierno: no puede competir con Europa por el precio de la luz

La gran industria española vuelve a alertar de que su situación es insostenible por los costes energéticos que soporta, mucho mayores que los que asumen sus rivales de otros países europeos. La patronal industrial denuncia que la factura eléctrica y la falta de medidas por parte del Gobierno para aligerarla se ha convertido en un lastre crucial para su competitividad, tanto que ya no pueden competir con Europa.

“La industria electrointensiva está en alerta máxima”, subrayan desde la patronal de grandes consumidores eléctricos AEGE. “O se apoya y fortalece a la industria en este peridoo de transición energética o el país puede perder uno de los principales motores tractores de su economía (…) Nuestra industria también necesita una transición justa”.

La patronal industria AEGE vuelve a revolverse contra la falta de política industrial después de que la semana pasada se celebrara una nueva subasta del servicio de interrumpibilidad (un programa de ayudas a las fábricas que estén dispuestas a parar o consumir menos electricidad en caso de ser necesario) y sus resultados hayan supuesto en desplome del importe de las ayudas.

La subasta de la semana pasada, organizada por Red Eléctrica de España (REE), adjudicó ayudas a un total de 123 fábricas españolas, que cobrarán 95 millones de euros. En la subasta correspondiente al primer semestre las ayudas alcanzaron un total de 101 millones. Así que en el conjunto del año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

Además, el Gobierno ha confirmado que la de la semana pasada quiere que sea la última subasta de este tipo, lo que “desata la incertidumbre” para el sector industria, denuncian desde AEGE. El Ministerio para la Transición Ecológica pretende mantener esta fórmula de reparto de ayudas hasta que el Consejo de Ministros apruebe el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos para bajar su factura de luz.

“Desde hace años, AEGE viene reclamando que se armonizcen, cuanto antes las condiciones de suministro con la de nuestros principales competidores, franceses y alemanes. Las empresas necesitamos salvar la situación en el corto plazo, tenemos que seguir produciendo en 2020”, dice la asociación. La patronal denuncia que las factorías españolas soportan precios eléctricos entre 20 y 25 euros por megavatio hora (MWh) que en Francia o Almenia, “donde sí cuentan con una política industrial eficaz”.

La gran industria advierte de la “urgente necesidad de lograr precios elécricos similares a los de los principales competidores europeos”. “Es crucial que se apliquen medidas que solucionen esta desventaja competitiva de la industria básica nacional”. Y es que AEGE alerta de todas las señales que ya apuntan el deterioro de la actividad industrial: tras los anuncios de cierres de factorías, la aplicación de ERE temporales o los recortes de producción en varias plantas.

Recorte de las ayudas

Todos los años, desde hace más de una década, los consumidores eléctricos españoles pagan con su recibo de luz unas ayudas millonarias a la gran industria. Y este año los clientes van a pagar a las grandes fábricas menos que nunca, a pesar de las quejas de las compañías industriales sobre el alto coste de la energía que soportan y pese a sus amenazas de cierres de plantas o de recortes de producción por falta de rentabilidad.

Las ayudas se articulan a través del denominado servicio de interrumpibilidad. Un programa que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario. Este jueves se ha celebrado la subasta que sirve para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año. Y se ha cerrado con un resultado casi un 40% por debajo del año pasado y marcando un nuevo mínimo en su historia.

Para esta última subasta el Gobierno modificó las condiciones de la puja con el objetivo de provocar un recorte del importe de las ayudas que perciben la gran industria y por tanto del coste que se traslada a la factura eléctrica de todos los clientes.  El Ministerio para la Transición Ecológica rebajó el precio de salida de la puja:  precio inicial ha sido de 125.000 euros por cada bloque de 5 megavatios (MW) en liza –frente a los 150.000 de las anteriores pujas- y ha sido de 150.000 euros para los bloques de 40 MW –cuando en las anteriores citas se arrancaba desde los 200.000 euros-.

Siete meses sin parar fábricas

La maniobra del Ministerio para imponer un nuevo recorte de las ayudas llegaba después de siete meses en que las industrias no han recibido la orden de parar sus fábricas. Desde octubre pasado y hasta ahora, ninguna de las fábricas acogidas a la interrumpibilidad había recibido la orden de parar por parte de Red Eléctrica de España (REE), según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del funcionamiento del programa.

En las últimas semanas, en cambio, sí han producido algunas de parada. Pero no se trataban de parones forzosos para atender una emergencia técnica o económica, sino sólo paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien. Unas paradas de prueba que son exigidas por la normativa desde 2013 y que pueden ser como máximo de un 1% del total de horas del periodo previsto (en este caso seis meses). Desde el 29 de abril y hasta el 25 de mayo se han parado las fábricas un total de 42 horas, alcanzando casi ya el tope máximo reglado, según varias fuentes del sector industrial y del energético.

Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó el servicio de interrumpibilidad a finales de 2017 para poder activarlo más fácilmente por motivos económicos, Red Eléctrica –gestor del sistema- en la práctica casi no lo utilizaba. Durante años, las industrias cobraban por ofrecerse a parar, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca. Los datos son confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo cinco horas (aparte de las pruebas del sistema).

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Las instalaciones industriales se vieron forzadas a parar durante 700 horas. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

A la espera de otras ayudas

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Las instalaciones industriales se vieron forzadas a parar durante 700 horas. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

El cambio en las condiciones de la subasta de la interrumpibilidad de se produce después de que el Gobierno paralizara la aprobación del nuevo programa de ayudas a la gran industria para rebajar su factura eléctrica. El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el mes pasado el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, elaborado por el Ministerio de Industria y que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos.

Pero el nuevo plan de ayudas quedó paralizado hasta que lo apruebe (y lo rediseñe) el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 28-A. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió paralizar el programa por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas sean legales.

El propio presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a sacar adelante un nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos una vez que forme gobierno, aunque todavía está por ver cuál serán las condiciones del nuevo texto. En paralelo, el Ejecutivo ha garantizado ya 91 millones de euros para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias y se ha comprometido a elevar esa cantidad hasta los 200 millones, el máximo que permite Bruselas (aunque de momento es sólo una promesa).