Diez años después de la crisis los ajustes del sector financiero siguen su marcha. Los problemas de rentabilidad que padece el sector, agravados por un escenario de tipos de interés en mínimos que apunta a prolongarse mucho más de lo inicialmente previsto, obligan a las entidades financieras a buscar la máxima eficiencia en costes. El propio vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha reclamado recientemente al sector que realice ajustes adicionales para superar sus dificultades.
Una exigencia que no parece estar cayendo en saco roto, a juzgar por los severos recortes anunciados en los últimos meses por grandes entidades españolas como CaixaBank o Santander. Entre ambas han anunciado ajustes de plantilla que afectarán a alrededor de 5.500 empleados, que se sumarán a los alrededor de 90.000 puestos de trabajo que ya ha recortado el sector en España en la última década, según un informe presentado este jueves por el sindicato CCOO.
Las cifras presentadas por el sindicato muestran que desde el inicio de la crisis, el número de empleados de la banca española se ha reducido desde los 270.855 registrados a cierre de 2008 a los 181.999 que se contaban al concluir 2018. Un ajuste que ha ido en paralelo a la reducción de entidades financieras, que ha pasado de 337 a 238 entre 2010 y 2018.
Cataluña ha visto reducirse el número de sus oficinas un 14% desde 2016, pero se mantiene como la segunda región con más presencia
Este ajuste de capacidad, impulsado también por el creciente impacto de la digitalización en la prestación de servicios financieros ha tenido, igualmente un impacto notable en el número de sucursales bancarias en España, que se ha reducido desde las 39.843 que había al cierre de 2011 hasta las 26.011 al término del año pasado, lo que representa el cierre de hasta un tercio de las oficinas bancarias. Un ajuste que lejos de frenarse en los últimos años ha mantenido un ritmo notable. Sólo entre 2016 y 2018, las sucursales que han dejado de prestar servicio han rondado las 2.600.
Una reducción de la presencia geográfica del sector bancario que alimenta los debates sobre el riesgo de la exclusión financiera que se cierne sobre un creciente número de habitantes, especialmente en áreas rurales. Los datos presentados este miércoles por CCOO reflejan que las regiones que más han sufrido esta última ronda de cierres de oficinas han sido Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, todas ellas con tasas de cierres que superan el 10% de sus oficinas. Entre las cuatro acumulan una pérdida de 1.439 sucursales en dos años, más de la mitad de todas las que han cerrado en el país.
El caso de Cataluña es el más reseñable. La comunidad, que contaba al cierre de 2016 con 4.189 sucursales ha visto reducirse su número en 588, hasta las 3.601, lo que supone el cierre de hasta el 14% de su red de oficinas bancarias. En cualquier caso, el territorio catalán concentra aún la segunda mayor presencia de la banca en España, sólo superada por la de Andalucía (4.269 sucursales).
En el caso de la Comunidad Valenciana, entre 2016 y 2018 han cerrado sus puertas un 12,72% de sus oficinas financieras, que han quedado reducidas a 2.559, mientras que en las Islas Baleares y en Madrid han desaparecido un 10,91 y un 10,83% de las sucursales en este mismo periodo.
Con la excepción de Baleares, el ajuste efectuado en los dos últimos años por el sector financiero en su red de sucursales se ha centrado, en términ0s relativos, en áreas de gran presencia financiera, dado que tanto Cataluña como Madrid y la Comunidad Valenciana se cuentan entre las regiones con una mayor oferta de sucursales.
CCOO advierte de que la pérdida de proximidad con el cliente puede traducirse en una disminución del crédito bancario
Sin embargo, en muchos casos resultan más problemáticos los cierres -aunque en menor número y proporción- en regiones donde la presencia de la banca ya es muy limitada, dado que pueden suponer dejar a grupos de población sin ninguna sucursal en varios kilómetros de distancia. Así, José María Martínez, secretario general de CCOO Servicios ha advertido de que durante los últimos diez años España ha perdido bancarización de proximidad y de competencia, y como consecuencia ha sufrido una fuerte caída de su capacidad para conceder crédito.
Asimismo ha manifestado su preocupación por la reducción de superficie de contacto con la clientela que se ha producido por la concentración de entidades, el cierre de oficinas y la caída del empleo, que podría dar como resultado una disminución del crédito a los clientes, abriendo el camino para que los usuarios busquen esta financiación a través de otras firmas no supervisadas, como las entidades de financiación (EFC) o las fintech.
Entre las regiones con menor número de sucursales se encuentran, además de Ceuta y Melilla (que cuentan con 37), La Rioja, con 305 (22 menos que en 2016) y Cantabria, que suma 329, tras el cierre de 33 en estos dos años.
Las comunidades autónomas que en términos relativos han sufrido menos el impacto de los cierres de oficinas en este último periodo han sido Aragón y Castilla-La Mancha, cuyas tasas de cierre en este periodo apenas superan ligeramente el 5,5% del total con que contaban en 2016.
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