El Gobierno estudia un plan para tener almacén nuclear en 2028 y baraja descartar Villar de Cañas

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales del año pasado. Pero siete años después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, para instalar el cementerio nuclear, las obras ni siquiera han empezado y el actual Gobierno paralizó todo el proyecto hasta tener un nuevo plan nacional sobre cómo gestionar a largo plazo los residuos radiactivos.

Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos en España, ha elaborado una propuesta de ese nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y se la hará llegar al Gobierno esta misma semana. El actual PGRR fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora el próximo Ejecutivo tendrá que poner en marcha un nuevo plan con la previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas actuaciones.

Enresa apuesta como mejor opción para guardar los residuos de alta actividad de las centrales nucleares la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC), donde se concentraría la basura nuclear durante entre 60 y 70 año,s a la espera de la futura instalación de un almacén geológico profundo (AGP), donde se guardaría los residuos para siempre.

Los plazos que maneja Enresa y que tendrá que estudiar el Gobierno contemplan que el nuevo cementerio nuclear temporal esté completado en 2028, con la opción de que parte de las instalaciones ya puedan estar operativas antes, en 2026, según confirman a El Independiente varias fuentes del sector nuclear conocedoras del plan.

Las fechas que ahora se manejan implicarían un nuevo retraso. La anterior dirección de Enresa –el actual presidente, José Luis Navarro, fue designado por el Gobierno socialista hace un año- preveía que el almacén de desechos de alta radiactividad podría estar listo en 2024. Pero se pretendía fraccionar el proceso de autorizaciones para licenciar por separado y con antelación el almacén de espera de contenedores para tenerlo operativo y empezar a recibir residuos ya en 2021.

La propuesta de nuevo PGRR llega apenas tres meses después de que se sellara la paz nuclear, y que las grandes eléctricas, el Gobierno y la propia Enresa pactaran el calendario de cierre de cada una de las centrales. En el protocolo pactado se establece Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

Las centrales cuentan con almacenes temporales individualizado (ATI), los tienen en construcción o cuentan con permiso para hacerlo. Se trata de pequeños almacenes en cada una de las plantas, que servirán como solución intermedia hasta el traslado de todos los residuos al futuro ATC y más tarde al almacén geológico.

Habrá almacén… pero dónde

En España habrá un almacén centralizado de residuos radiactivos. Ésa es la propuesta de Enresa. Pero ya antes el Gobierno no se planteaba cambiar de estrategia en la gestión de residuos y dejarlos en los almacenes con que cuentan (o contarán) cada una de las centrales nucleares españolas. Se sigue considerando imprescindible construir un almacén temporal centralizado, según ha reconocido durante meses la ministra Teresa Ribera.

Pero no tiene por qué ser el proyecto que se ha impulsado hasta ahora y fuentes políticas y del sector nuclear ven cómo probable que se cambie su localización y que no se acabe construyendo en Villar de Cañas. Los propios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llegaron a poner en duda durante estos años la calidad de los terrenos elegidos para construir el cementerio nuclear. Unas dudas confirmadas posteriormente por estudios externos.

El Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, se propuso hacer una revisión total del proyecto de almacén Villar de Cañas. El Ministerio para la Transición Ecológica paralizó el proceso para obtener la autorización de construcción y solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que congelara la tramitación del informe técnico acerca de ese permiso.

Antes de tomar una decisión sobre el futuro del proyecto, el Ejecutivo también encomendó a Enresa estudiar las inversiones ya realizadas para impulsar el cementerio nuclear (de 73 millones de euros desde 2012) y analizar de arriba abajo el proyecto para “anteponer los criterios técnicos, el interés general y la seguridad de los ciudadanos”.