Airef carga contra el alto coste de las ayudas públicas a la industria para su poca eficacia

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aboga por que se rediseñen las ayudas a la industrialización y que se suspendan hasta entonces porque actualmente suponen un coste financiero muy elevado frente a un modesto impacto en la inversión y el empleo de las empresas beneficiarias.

Según los datos recogidos en el sexto informe de gasto elaborado por la AIReF, entre 2008 y 2016, el Ministerio de Industria concedió préstamos para el desarrollo industrial por valor de cerca de 4.900 millones de euros -con un saldo vivo a finales de 2017 de aproximadamente 3.300 millones- de los que se beneficiaron el 2 % de las empresas industriales.

La concesión de estos préstamos ha supuesto un coste directo para la Administración de, al menos, 1.000 millones de euros, debido, principalmente, al elevado coste financiero al que tuvo que hacer frente el Tesoro para conseguir el dinero en los años de crisis (640 millones entre 2008 y 2011).

Los costes financieros de estos programas han ascendido a 830 millones y los operativos a 36, según los datos del informe, en el que se estima que la pérdida por préstamos morosos asciende a 440 millones (cifra que podría elevarse a 670 millones, ya que a finales de 2017 las convocatorias de los tres años anteriores aún se encontraban en periodo de carencia).

La AIReF denuncia también que por cada puesto de trabajo generado de corto plazo (unos 4.700 por convocatoria), el Estado ha necesitado invertir entre 24.000 y 25.000 euros, unas cinco veces más que lo que le cuesta dar un subsidio por desempleo (5.000 euros), a lo que añade que por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos.

Según han explicado este jueves fuentes de la AIReF, el estudio concluye que las ayudas a las industrialización no mejoran la competitividad empresarial porque el análisis comparado con empresas similares y no beneficiarias "no encuentra efectos significativos de largo plazo tras la participación en el programa". En este sentido, el informe concluye que aunque se observa un "modesto impacto" diferencial en inversión y empleo por convocatoria, éste desaparece a los cinco años.

Por otra parte, el organismo considera que el programa no tiene un alineamiento claro con necesidades identificadas ni con objetivos cuantificables, ya que no está claro cuál es el objetivo prioritario por alcanzar y su lógica de intervención.

Además, la gestión directa de los préstamos por parte de la administración pública, sin intermediarios financieros, sin colaboración público-privada y con un enfoque generalista no coincide con ninguna otra iniciativa analizada en países del entorno, "lo que por algo será", han señalado las mismas fuentes.

Por ello, propone no seguir desarrollando el programa en su estado actual sin una redefinición de su marco estratégico que permita revaluar las necesidades y aspectos a mejorar en el tejido industrial, redefinir objetivos a medio plazo, clarificar ámbitos de actuación, cuantificar objetivos y plazo de consecución y adecuar el alcance y potencial financiero del instrumento a los objetivos de futuro de la política industrial.

Como alternativas a la financiación directa por parte de la administración, propone crear un fondo de capital acumulativo con la dotación presupuestaria durante un número concreto de anualidades, desarrollar un modelo de garantías que apalanque fondos del sector privado, completar la oferta de apoyo de otros organismos vía préstamos espejo o compartir riesgos con el sector bancario.

En cuanto al modelo de gestión, propone traspasar el presupuesto del programa a un intermediario financiero fuera de la Ley General de Subvenciones, intermediar la ejecución del apoyo financiero a través del sector privado, unificar la gestión de instrumentos financieros en una unidad global o crear un foro de coordinación de entes concedentes de préstamos públicos de la Administración General del Estado sobre la oferta de instrumentos de apoyo.