La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "mejorable" el modelo de compensación por el servicio postal universal que tiene Correos, ya que el coste público del servicio en España es "elevado" comparado con otros países, por lo que propone reducir el número de días de entrega en zonas de poca demanda, valorar la externalización de la red y no fijar un número mínimo de oficinas para la prestación del servicio, así como mejorar en eficiencia para avanzar en el sector de la paquetería.

Así figura en el séptimo estudio del proceso de revisión del gasto ('spending review'), centrado en la evaluación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y la prestación del servicio postal universal, que analiza, en el período 2011-2020, el procedimiento para fijar el coste público y las condiciones de prestación del servicio postal universal (SPU), encomendado por el Estado a Correos para el periodo de 2011 a 2026 y por el que la compañía recibe una compensación por la carga financiera soportada para prestar este servicio.

En la actualidad el plan de prestación que desarrolla la Ley Postal vigente de 2010 está pendiente de aprobación y la compensación del SPU se realiza mediante entregas a cuentas, que para el periodo analizado asciende a una cantidad de 1.450 millones de euros. En detalle, la compensación fue de 1.099 millones en pagos a cuenta en el periodo 2011-2018, otros 150 millones este año y se estiman otros 180 millones para el próximo ejercicio.

De su lado, Correos ha solicitado 2.200 millones para el periodo 2011-2020, si bien las pensiones de sus funcionarios ascienden a unos 700 millones en este periodo que deberían ser sufragadas por la compañía, por lo que el saldo neto a favor de Correos sería "prácticamente nulo", estiman fuentes de la AIReF.

La Autoridad Fiscal concluye que el coste neto del SPU en España es "elevado" en comparación con otros países, ya que hay diferencias "considerables" a nivel internacional tanto en la configuración de los servicios como en la forma de compensación.

De hecho, solo 12 de los 32 países estudiados por la AIReF realizan compensación directa mediante fondos públicos y otros tres países conservan una reserva de actividad, lo que supone que el Estado cede el control total a los operadores designados de alguno de los servicios postales.

Respecto a los países que compensan con fondos públicos, España presenta un coste absoluto y relativo del SPU "elevado", según el informe, que apunta a que de los 12 países que reciben compensación España ha sido el cuarto país en términos absolutos de compensación media anual en 2016 y 2017, por detrás de Italia, Francia y Bélgica.

Una empresa "deficitaria"

Este nivel de compensación se produce a pesar del "poco uso" que se hace del servicio en España, con una media de 57 envíos ordinarios por habitante en 2017, inferior a la del resto de países y un nivel que "podrá mantenerse pero no volverá aumentar", avisan desde la AIReF.

De hecho, desde la AIReF apuntan que Correos es "campeón" en la disminución de la demanda, ya que ha caído un 31%, mientras que en el resto de países analizados ha menguado en un 18%

Este es uno de los motivos por lo que Correos es deficitario, ya que presenta unos ingresos insuficientes respecto a mercados con menor tasa de sustitución digital y mayor tradición postal, y los costes son superiores respecto a los mercados que compiten con costes bajos. En el caso de la plantilla, en Correos se ha reducido un 8%, mientras que en otros operadores el ajuste ha sido del 11%.

Por ello, el organismo constata que el operador tiene margen para mejorar su eficiencia tanto en ingresos como en gastos, ya que Correos presenta, en el segmento postal convencional y antes de cualquier tipo de compensación recibida, un déficit operativo negativo en los últimos cinco años, y es muy superior al del resto de operadores.

De hecho, desde la AIReF advierten de que, sin una reorientación estratégica, el operador se estabilizará en unas pérdidas de más de 200 millones de euros, dado que compite en un mercado con "poca tradición postal", con una "elevada" sustitución digital y con unas fuentes de ingresos sin diversificar. A esto se suma que el incremento de las tarifas no ha tenido los efectos esperados por el modelo de descuentos.

Zonas con poco trabajo

El organismo presidido por José Luis Escrivá afirma que el retraso de nueve años en la aprobación del plan de prestación crea "inseguridad jurídica" y no permite calcular el coste de este servicio, por lo que subraya las ganancias de eficiencia que podría haber por la parte de costes ante la dispersión de la compañía.

La Autoridad Fiscal propone que el Ministerio de fomento, con la colaboración de Hacienda se encargue de definir la nueva metodología de cálculo y flexibilice las obligaciones de servicio público para disminuir el coste del SPU.

Además, insta simplificar la compensación y que ésta se centre en el despliegue territorial de la red, incluyendo solo las zonas rurales o las áreas donde los volúmenes sean bajos y no permitan una rentabilidad adecuada.

En este sentido, plantea como alternativas de compensación el compensar únicamente por el despliegue de la red postal en zonas rurales de menos de 5.000 habitantes; compensar solo en centros de costes que concentran un volumen reducido de envíos o solo en aquellos que superen determinados niveles de eficiencia.

Entre sus propuestas figura reducir el numero de días de entrega, de forma que el Gobierno revise si esta opción sería adecuada en algunas zonas donde no exista demanda suficiente para un reparto de cinco días, eso sí, garantizando la calidad del servicio, tal y como sucede en Italia, donde se reparte en días alternos en zonas con menos densidad y afecta al 25% de la población.

También sugiere valorar la externalización de la red como ocurre en países como Francia, que ha externalizado el 50% de sus oficinas, o Reino Unido, cuya compañía que presta el servicio es 100% privada, así como no fijar el número mínimo de oficinas para la prestación del servicio.

Hacia un modelo de paquetería

Sobre el modelo de negocio considera que pasa por la paquetería, un mercado en fase de crecimiento, pero muy competitivo, por lo que avisa de que si se siguen bajando los volúmenes de las cartas y no hay ganancias significativas de eficiencia, la compañía tenderá a un menor resultado operativo.

Así, plantea apoyar la transición de una empresa volcada en el sector convencional hacia el mercado de la paquetería urgente, y realizar un plan de eficiencia que permita reducir los costes actuales, lo que pasa por incrementar las sinergias entre los tres modelos operativos actuales y adecuar los volúmenes de cada una de las redes a la capacidad y el personal disponible.

En este punto, el efecto en la plantilla es "difícil" de saber, apuntan desde el organismo, que creen que la plantilla del área del servicio postal tradicional se deberá de ajustar ante una demanda decreciente y podría ser a través de movilidad interna hacia el negocio de la paquetería.