El Gobierno paga 511.500 euros al mes por los vuelos para deportar inmigrantes

El Gobierno encarga cada año cerca de un centenar de vuelos para repatriar migrantes en situación irregular. El Ministerio del Interior encarga estos traslados a las aerolíneas que se han adjudicado previamente el contrato público correspondiente que tiene un presupuesto establecido, pero sólo paga por los vuelos que efectivamente se realizan, por los transportes que realmente se ejecutan y cuyo precio varía en función de si el vuelo es nacional o internacional, del número de horas del mismo, del tipo de avión que se utiliza…

Según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso El Independiente, el Gobierno destinó de manera efectiva un importe de 11.161.669,18 euros durante los años 2017 y 2018 (que alcanzan realmente los 12.277.838 euros si se incluye el IVA). Esto es, según destaca el propio Ministerio en un informe, la media del último bienio asciende a 465.069,55 euros cada mes (o 511.576,50 euros al sumar el 10% del IVA).

El actual contrato público está en manos de una unión temporal de empresas conformada por Air Europa, de su filial de bajo coste Aeronova (que opera bajo la marca Air Europa Express) y de Swiftair, las aerolíneas que se adjudicaron el último concurso de Interior en mayo de 2018 y que tiene vigencia hasta mediados de noviembre de este año.

Nuevo concurso público

El Ministerio del Interior acaba de lanzar un nuevo concurso público en busca de compañía aérea que se encargue de esta operativa durante 2020 y la mitad de 2021, en un licitación cuyo importe máximo se establece en 10,89 millones de euros (9,9 millones más un 10% de IVA). La duración el contrato es de 18 meses sin posibilidad de prórroga.

Según el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, el precio máximo estimado para el nuevo expediente es de 550.000 euros al mes (605.000 euros al incluir el IVA), un 18% por encima de la media real abonada en los últimos dos años.

La previsión oficial pasa por realizar pagos a las aerolíneas por un máximo de 7,52 millones en 2020 y 3,37 millones más en 2021. Los abonos se ejecutan a mes vencido, y si el nuevo contrato público arranca a mediados o finales de este noviembre los pagos no comenzarán hasta enero de 2020.

La compañía o compañías adjudicatarias deberán estar disponibles permanente para realizar por encargo de la Policía Nacional vuelos nacionales o internacionales de traslado de ciudadanos extranjeros en situación irregular y de los agentes encargados de su custodia.

El contrato impone específicamente al personal de la aerolínea exigencias de confidencialidad “en todo momento” sobre “todo cuanto se refiere a los servicios objeto del servicio como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo”.

La compañía adjudicataria deberá disponer de aviones con capacidades diversas (aparatos de hasta 75 pasajeros, de entre 76 a 120 plazas, de 121 a 200 viajros y de más de 201 asientos) capaces de operar en todos los aeropuertos nacionales e internacionales y, “en concreto”, en el aeropuerto de Melilla.

Los servicios que la aerolínea deberá ofrecer a bordo serán como mínimo los equivalentes a los de la clase turista de los vuelos comerciales de duración similar. En la prestación del servicio de comida “se tendrán en cuenta las peculiaridades de orden religioso o cultural de los integrantes del pasaje” y se prohíbe expresamente que sirvan bebidas alcohólicas “en ningún caso”.

Batalla legal entre aerolíneas

Air Europa ha ganado casi todos los concursos anteriores para los vuelos de repatriación desde la creación del servicio por Interior en el año 2013… En realidad, todos menos uno.  El grupo Barceló -a través de sus aerolíneas Evelop y Orbest- y Air Nostrum ganaron en una de las licitaciones una dura batalla legal y tras intercambio de recursos y contrarrecursos con las que se impusieron definitivamente a Air Europa

En abril de 2016, Air Europa y Swiftair se adjudicaron inicialmente el concurso, a pesar de que su oferta era más cara y gracias a la descalificación de Barceló y Air Nostrum por supuestamente incumplir uno de los requisitos de los pliegos.

Sin embargo, el consorcio perdedor recurrió la decisión y el Tribunal de Recursos Contractuales –órgano adscrito al Ministerio de Hacienda- le dio la razón y Barceló y Air Nostrum acabaron haciéndose con el contrato del Gobierno. Esta decisión llevó a Air Europa, filial del grupo Globalia, a presentar su propio recurso para tratar de revocar la adjudicación. Pero Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó esta última queja y avaló la decisión del Gobierno de formalizar el contrato con Barceló.