Los interinos, antes de la sentencia clave de la UE: “Usan la vocación para tratarte como un esclavo”

Dicen que el primer paso fue quitarse la venda de los ojos. Darse cuenta de que su situación era precaria y para nada normal. La clave, relatan, fue el interés mostrado por el abogado Javier Araúz, que les hizo ver que su situación, además de ser cuestionable desde el punto de vista legal, era además una cuestión moral.

El resultado ha sido que, después de 10, 15, 20 o incluso 35 años, muchos interinos y temporales de la Administración se han sacudido el letargo en el que han vivido y reclaman que se les reconozca su situación laboral, como a un funcionario de carrera más.

De resultas, Araúz –que no es el único abogado que ha plantado cara a la Administración- ha recopilado alrededor de 6.000 demandas de funcionarios interinos y temporales y las ha presentado ante la justicia europea para que tome cartas en el asunto antes de que se convoquen las ofertas de empleo público para consolidar sus plazasm a las que también concursaran opositores de fuera de la Administración.

“Estos interinos son dóciles, no han reclamado nunca, se han achantado por miedo. Así ha sido la vida diaria de ellos, y la sociedad les va a pagar con esto, irse a la calle sin indemnización ni compensación (si no aprueban las oposiciones)”, señalaba este martes Araúz en un encuentro con los medios.

La clave serán los pronunciamientos del abogado general de la UE y del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo a dos cuestiones prejudiciales de la justicia madrileña sobre tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años en sus puestos encadenando contratos temporales.

Los resultados se darán a conocer a finales de septiembre o principios de octubre. La respuesta a responder es tan sencilla como compleja: ¿Debe la justicia obligar a la Administración a reconocer la fijeza de estos trabajadores? Si la justicia europea así lo hace, se podría abrir un gran proceso que obligaría a las Administraciones a hacer indefinidos a la mayoría de los interinos que lo reclaman en los tribunales, según asegura Araúz.

Antes de que llegue ese momento, una serie de interinos, de entre los alrededor de 800.000 funcionarios en esta situación que hay en todas las administraciones y que podrían verse beneficiados por una eventual decisión de la justicia europea de obligar a España a hacer fijos a sus eventuales, han decidido romper su silencio.

Casos reales

Las grandes cifras hablan de un 31% de temporalidad en las consejerías y organismos autónomos de la Comunidad de Madrid o el 45,5% en Aragón. Sin embargo, hay otras cifras que dan más muestra de la situación que denuncian estos trabajadores.

María Luisa lleva más de 20 años como interina, de los que la mayor parte los ha pasado en el Ministerio de Justicia. Tiene tres hijos, el segundo en una residencia por un problema de incapacidad. Y mientras tanto tiene que hacer números para seguir adelante con su vida.

El problema, dice, es que todo se pone cuesta arriba cuando encadena ceses y regresos al servicio. Cada vez que le han dicho que se fuera a casa lo ha hecho "sin ningún tipo de derechos". "Me he ido a mi casa a esperar, sin derecho a indemnización, y con una precariedad importante, porque nunca sabes si te van a volver a llamar; pero tienes que seguir con tus gastos, tu familia, como cualquier trabajador", relata.

Su situación tiene una peculiaridad añadida. Su hija mayor está opositando, con lo que puede darse el caso de que ella, que tiene tiempo, se saque la plaza que ocupa ahora su madre, que tiene que ocuparse de todo. "Sería injusto que ella sacara la plaza y que ese fuera el motivo de que a mi me cesaran y me fuera al paro sin opción de volver a trabajar", añade.

Su caso es uno más de los que engrosan el 35% o 40% de temporalidad que arrastra la justicia en Madrid. Y como tantos otros, María Luisa reconoce que estaba "acostumbrada a que esto fuera así". Hasta que se adhirió a la causa de Araúz.

Interinos en Urgencias

También es el sentir de Juan (nombre ficticio). Médico de urgencias hospitalarias de Madrid, lleva dependiendo de cualquier tipo de contrato, no solo de interinidad, más o menos 10 años.

Denuncia que casi el 90% de los trabajadores de Urgencias en los hospitales públicos madrileños son interinos. Que ha sido víctima de los conocidos como contratos de guardia, que no son otra cosa que una forma de utilizar a trabajadores para que hagan las noches y los fines de semana, sin tener que hacer rotar a los profesionales de estructura.

"La vocación es la herramienta para tratarte como un esclavo, porque por la vocación lo haces todo", asegura, para añadir: "Nos encantan las ofertas de empleo público, pero no después de 18 años. Nosotros estudiamos todos los días, haciendo funcionar el sistema".

El caso Sánchez Ruiz

Domingo Sánchez Ruiz, también cuenta su caso, uno sobre los que debe decidir la justicia europea. Trabaja en la administración de sistemas del servicio madrileño de Salud. Dice que su puesto es "crítico", muy especializado, y que "es absurdo" que le hagan hacer un examen para mantener su plaza, una prueba en la que no le preguntarán por nada de lo que él hace en estos momentos.

Ha buscado la alternativa de dar clases en la Universidad, pero no puede hacerlo con excedencia. ¿Y una hipoteca? Tampoco, porque ningún banco se fía de la solvencia de un interino.

Por último, Mercedes Carrillo tiene 55 años y lleva 17 en como interina en la educación madrileña, en el ámbito de la educación especial. A su edad se enfrenta a unas posibles oposiciones, mientras se hace cargo de sus padres octogenarios. Su situación será más que delicada si no saca la plaza.

Los fundamentos legales

La defensa de los interinos sostiene que para abusar de los empleados temporales, lo que hacen las administraciones es incumplir el Estatuto Básico del Empleado Público, que obliga a convocar procesos selectivos todos los años, incluyendo toda las plazas vacantes servidas por los interinos en dichas ofertas de empleo público.

Lo que se hace es no convocar las OPEs durante años o convocarlas sin incluir todas las plazas, impidiendo que estos empleados puedan ser fijos. Esto, según sostiene Araúz, va en contra de la Directiva 1999/70/CE, relativa al trabajo temporal, que proclama dos principios: la no discriminación entre el personal fijo y el temporal y la prohibición del abuso en la temporalidad sucesiva.

Araúz ha recalcado que esta directiva está vigente desde 2001, con lo que "el problema de los interinos se debería haber solucionado hace 18 años".

De momento, la Administración y los sindicatos firmaron un acuerdo en marzo de 2017 para estabilizar las plantillas públicas y reducir la tasa de temporalidad en el sector público al 8%.

Esta cuestión es la que ha encendido todas las alarmas puesto que se obligará a los interinos a presentarse en igualdad de condiciones a opositores externos para consolidar su puesto, lo que desde el colectivo se considera un expediente de regulación de empleo (ERE) en toda regla tras décadas desempeñando el puesto en muchos casos.