Bruselas plantea a España un ajuste de las pensiones iniciales para corregir el agujero de la Seguridad Social

El Consejo de la UE ha emitido unas nuevas recomendaciones específicas para España relativas a su Programa de Estabilidad para 2019, entre las que advierte de la necesidad de adoptar “medidas compensatorias” frente a la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC y el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, llamado a modular las pensiones iniciales para hacer sostenibles las cuentas de la Seguridad Social.

Más en detalle, el documento plantea la necesidad de “abordar tanto la cuestión de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales”. Esto sugiere la posibilidad de ajustar las pensiones iniciales (en la línea del factor de sostenibilidad) y alargar la vida laboral de los trabajadores, si no retrasar la edad legal de jubilación, en un contexto de altos desempleo.

Y es que el documento, fechado el pasado 2 de julio, prevé una desviación significativa en términos de déficit estructural en España en 2019 y 2020, y pone en tela de juicio las previsiones de ingresos recogidas en el Programa de Estabilidad para este año a la espera de un nuevo Presupuesto, para el que antes hace falta que se configure el nuevo Gobierno.

El programa del Gobierno ya admite que no se alcanzará el equilibrio presupuestario de aquí a 2022, como tampoco una reducción de la deuda pública al 60% del PIB que exigen los tratados, sino hasta el 88,7%. Más aún, prevé un lento aterrizaje del déficit estructural, el que tiene en cuenta las partidas recurrentes del gasto e ingresos, como las pensiones.

Esto choca con la recomendación de Bruselas de hace un año, cuando instó a España a reducir el déficit estructural un 0,65% del PIB en 2019, con un incremento del gasto público no superior al 0,6%.

Para 2020, en vista de los escasos avances, la UE ha vuelto a pedir a España el mismo ajuste, pero con un límite al crecimiento del gasto del 0,9%. Ahora bien, advierte de que "si no se producen cambios en las políticas", para lo que de nuevo hace falta que se conforme el Gobierno, "existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestarios requerido en 2020".

Pide más diálogo social

Una de las razones por las que el sistema de pensiones está sufriendo en términos de liquidez y por los que España no es capaz de crecer aún más, recaudar mayores cantidades y destinar estas ganancias a la reducción de la deuda y el déficit es que sus niveles de paro son aún altos y el empleo adolece de una alta temporalidad y baja productividad.

Mientras que el Gobierno se congratula de que la afiliación a la Seguridad Social se encuentra en máximos históricos, la UE señala que la tasa de paro (que ronda el 14%) aún es elevada, y critica el alto grado de segmentación entre los contratos temporales y los indefinidos.

Además, considera que los servicios públicos de empleo siguen tramitando una proporción baja de las vacantes de empleo y que "es necesario realizar más esfuerzos por mejorar su utilización en la búsqueda de empleo y la colocación". En particular, llama la atención sobre la falta de "implicación" de los empleadores en algunas regiones, y el retraso de los instrumentos de elaboración de perfiles para poner en contacto a los solicitantes de empleo con las empresas.

Antes de cerrar el capítulo del empleo, Bruselas hace un importante llamamiento al Gobierno para que profundice en el diálogo social con patronal y sindicatos. "Sigue existiendo margen para que las consultas sean más profundas y oportunas", subraya.

Desaconseja el subsidio para mayores de 52 años

Mientras se debate sobre la mejora de los incentivos a la contratación, el 6,4% de la población activa sigue en situación de desempleo de larga duración.

Bruselas se refiere a las recientes mejoras en la cobertura y protección de este colectivo, en especial a la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Advierte de que "puede socavar los incentivos para trabajar", del mismo modo que las disparidades entre los regímenes autonómicos de renta mínima y los límites para trasladarlas de un territorio a otro también "reducen los incentivos a la movilidad laboral".

La situación política como freno

Al final de esta cadena de carencias, el Consejo de la UE advierte de que el fuerte impulso reformista entre 2012 y 2015 se ha frenado y "el cambiante contexto político experimentado durante el pasado año ha contribuido un año más a progresos limitados en la aplicación de las recomendación específicas de años anteriores".

En cambio, recuerda que "la actual situación económica favorable ofrece una oportunidad para acometer las reformas necesarias pendientes con vistas a lograr que la economía española sea más resiliente y a aumentar el crecimiento de su productividad".