Bruselas presiona al Gobierno para que agilice las oposiciones que rechazan los interinos

La pelea de los interinos por hacerse con un puesto fijo en la Administración es cada vez más una carrera contra el reloj. Su horizonte más próximo es la sentencia que debe emitir el Tribunal Superior de Justicia de la UE a finales de septiembre y principios de octubre sobre la situación de tres funcionarios interinos y temporales del servicio madrileño de salud que llevan en esta situación entre 12 y 18 años.

Si el tribunal de Luxemburgo determina entonces que su situación es de abuso al encadenar más de 10 años en ese estado de eventualidad y condena a la Administración a hacerles fijos, con la ganancia de derechos y protección que ello supone, será un precedente a estudiar en los 800.000 casos similares que se reparten por el resto de sector público, según estimaciones del despacho de abogados Araúz & Belda. Será, en definitiva, un golpe para el Estado.

Dado que queda poco tiempo para que el TSJUE haga público su criterio, los interinos piden que se paralice el proceso de consolidación de plazas que se puso en marcha tras el acuerdo del anterior Gobierno del PP con los sindicatos de la función pública en marzo de 2017.

Fruto de ese acuerdo, el Gobierno se comprometió a reducir la tasa de temporalidad en el sector público hasta el 8% en un plazo de tres años. Para ello, se convocarían oposiciones para sacar a concurso las plazas hoy ocupadas por interinos y temporales, de forma que sus actuales 'dueños' tendrían que pasar por unas oposiciones, en igualdad de condiciones que los candidatos que optaran desde fuera de la Administración, para conservar su trabajo.

Esto abre la puerta a que muchos interinos, tras más de 10 o incluso 20 años de trabajo, acaben perdiendo su plaza y tengan que ir al paro a edades avanzadas.

Por eso, el colectivo demanda que se paralicen estas oposiciones a la espera de la sentencia del TSJUE. Ciertos ámbitos de la Administración de hecho ya las han paralizado. En cambio, en ámbitos como la Justicia se acaban de convocar oposiciones, incluso conociendo que se espera un fallo que puede ser clave, tras meses de negociaciones para el diseño de las pruebas. Tanto es así, que los sindicatos que han participado en esas negociaciones admiten que se ha tratado de facilitar el camino a los interinos, pero manteniendo el equilibrio de intereses con los opositores.

Bruselas quiere acelerar

Y es una carrera contra el reloj porque el Consejo de la UE ha reiterado en las últimas recomendaciones a España en respuesta a su Programa de Estabilidad para 2019 que no se debe esperar al fallo, sino que, por el contrario, es preciso agilizar el proceso de oposiciones para dejarlo cerrado en las pruebas de selección para los años 2019 y 2020.

Hace esta llamada pese a que un fallo favorable para los interinos podría ir, como se ha dicho, en contra de todos esos procesos. No obstante, fuentes jurídicas admiten que, una vez celebradas las oposiciones, un fallo en contra beneficiaría a aquellos interinos que hayan reclamado su situación ante los tribunales. Para los que no lo hayan hecho, será más difícil.

Desde el punto de vista del actual Gobierno, la opción que plantea Bruselas reduciría entonces el impacto de una posible extensión del fallo a muchos otros casos de funcionarios interinos.

Bruselas contra Bruselas

No es la primera vez que Bruselas hace este llamamiento, pero la peculiaridad de esta llamada es que hace alusión a las oposiciones que tratan de tumbar los interinos y lo hace a dos meses de que el TSJUE dicte sentencia.

Concretamente, mientras que en anteriores recomendaciones se limitó a decir que era preciso acelerar el proceso, en este caso concreta que "las oposiciones y los concursos para reducir la cuota de empleo de duración determinada en el sector público en todos los niveles de la Administración han de acelerarse a fin de alcanzar el objetivo del 8% antes de que finalicen las oposiciones y concursos de 2020".

Lo que llama la atención es que la llamada de Bruselas para agilizar estos procesos de oposición iría, según defienden los interinos, contra su propia normativa. El abogado Javier Araúz, que en estos momentos lleva hasta 6.000 casos de interinos que reclaman a la Administración que se les haga fijos como compensación a la situación de fraude en el que han venido trabajando, así lo defiende.

Según ha argumentado ante el tribunal de Luxemburgo, el hecho de tener a interinos durante años en un puesto, además de vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que insta a convocar oposiciones todos los años, incluyendo las plazas ocupadas por interinos pasados tres años a las que pueden optar estos, España no sigue la Directiva 1999/70/CE, relativa al trabajo temporal.

Esta norma proclama dos principios fundamentales: la no discriminación entre personal fijo y temporal y la prohibición del abuso en la temporalidad sucesiva, cuestión esta última en línea con la doctrina del Tribunal Supremo. Sin embargo, la legislación española, aunque pone límites al encadenamiento de contratos temporales en el sector privado, no prevé sanción alguna para luchar contra la precariedad en el sector público.

"Va a tener que ser Europa, como hizo con las cláusulas suelo en las hipotecas, la que tenga que declarar abusiva, anular y sancionar estas actuaciones de abuso en la temporalidad de las Administraciones Públicas españolas, homologando nuestro sistema funcionarial al que rige en la mayor parte de los países de la UE", indicaba esta semana Araúz. A la vista del documento del Consejo de la UE parece que su intención es actuar, pero de momento no en la dirección que reclaman los interinos.