España acumula condenas por 740 millones y litigios por otros 8.100 millones por el recorte a las renovables

El primer Gobierno de Mariano Rajoy ejecutó una durísima reforma energética. Lo hizo en plena crisis económica y lo hizo para que cuadraran las cuentas del sistema eléctrico que había cebado durante años un agujero milmillonario. El desfase entre ingresos y costes reconocidos, el famoso déficit de tarifa, alcanzó los 29.000 millones de euros.

Entre otras medidas de aquella reforma ejecutada a plazos, el Ejecutivo del PP recién aterrizado aplicó, primero, una moratoria total de nuevas renovables acogidas a ayudas públicas y, más tarde, asestó un auténtico hachazo a las subvenciones que recibían las energías verdes.

El entonces Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, acabó con el sistema de ayudas verdes que existía (que daba subvenciones en función de la energía que se producía) para reconvertirlo en una garantía de una “rentabilidad razonable” a los proyectos durante toda su vida. El resultado: un hachazo de unos 1.700 millones de euros al año a las subvenciones que cobraban las renovables.

El recorte fue el detonante que desató un aluvión de demandas en instancias internacionales de inversores que contaban con las ayudas que el Estado español les había garantizado durante 25 años. Ahora las demandas siguen sumándose, a modo de goteo, y España ha llegado a acumular un total de 45 pleitos internacionales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…), hasta convertirse en el país con más litigios de todo el planeta.

Ocho laudos perdidos

De todos los procesos iniciados, once litigios se han cerrado ya. Dos los ha ganado el Estado español (contra Charanne e Isolux), uno se cerró por desistimiento del demandante (Solarpark) y en ocho se han impuesto las compañías o fondos de inversión extranjeros que denunciaron al Reino de España por los recortes a las retribuciones previstas para sus instalaciones de renovables en el país.

España acumula conjuntamente por siete de estos ocho litigios perdidos indemnizaciones por 718 millones de euros y 22,5 millones más en concepto de costas o pagos de los servicios jurídicos contratados por los demandantes, en total 740 millones, según un informe del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso El Independiente.

Hay un octavo laudo arbitral desfavorable del que aún no se conoce la cuantía de la indemnización. Un vehículo inversor de Deutsche Bank (RREEF) reclama 441 millones de euros de compensación y el Ciadi le ha dado parcialmente la razón, sin que haya fijado de momento el importe final. Fuentes del sector anticipan que la indemnización a estos fondos alemanes se situará entre los 150 y los 200 millones de euros, lo que elevaría el total de multas impuestas al Estado español por encima de los 900 millones hasta el momento.

El objetivo de España: anular las condenas

La Abogacía del Estado española y los bufetes externos contratados han conseguido rebajar la factura enormemente, ya que los once litigios ya resueltos reclamaban conjuntamente algo más de 2.013 millones de euros. Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones) y Greentech (39 millones).

España, en cualquier caso, puede acabar salvándose de este aluvión de indemnizaciones. La estrategia legal del Gobierno pasa ahora por reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.

La amenaza de un roto milmillonario

España aún tiene pendientes 35 procedimientos de arbitraje internacional por el recorte a las renovables. La mayoría, hasta un total de 27 casos, se dirimen en el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi

El Estado español se enfrenta a reclamaciones de indemnizaciones que entre todos estos casos alcanzan los 7.687 millones de euros, según los datos en manos del Gobierno (y alcanza los 8.128 millones si se suman los 441 millones exigidos por Deutsche Bank a la espera de que se fije la indemnización final por el tribunal). [Ver lista completa]

Además, la  cifra de indemnizaciones reclamadas crecerá en breve porque Ministerio de Justicia aún desconoce cuál es la compensación reclamada por un inversor en una de las últimas demandas tramitadas en el Ciadi (la de la luxemburguesa Canepa). Y también porque, según confirman a El Independiente fuentes del sector, al menos otro inversor extranjero ha presentado ya una demanda que aún no aparece en los registros públicos del organismo de arbitraje del Banco Mundial.

Casi la mitad del montante total exigido por los denunciantes, se concentra en dos únicos litigios en los que los inversores han elevado la indemnización reclamada. The PV Investors –que agrupa a 88 demandantes de Alemania, Holanda, Luxemburgo y también España- ha elevado la compensación que exige en Uncitral hasta los 1.900 millones de euros.

Y la española Abengoa, que ha presentado una demanda contra el Reino de España en el Ciadi a través de su filial instrumental lusemburguesa CSP Equity Investment, también ha disparado la indemnización reclamada y ya se sitúa en los 1.505 millones, frente a la petición inicial de 840 millones, como desveló El Independiente.