Las nucleares pagarán un 19% más por sus residuos y habrá más subidas cada año

Enresa, la sociedad pública encargada de los residuos nucleares y lo desmantelamientos de las centrales, ya tiene listo su propuesta de nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la guía que sirve para determinar cómo se van a gestionar a largo plazo los desechos y cómo se van a financiar todos los trabajos.

El actual PGRR fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora el próximo Ejecutivo tendrá que poner en marcha un nuevo plan con la previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo pagar todas estas actuaciones.

Aunque Enresa tenía como fecha límite para remitir al Ministerio para la Transición Ecológica su propuesta de plan antes del 1 de julio, la dirección de la compañía ha paralizado formalmente ese envío por estar el Gobierno en funciones y a la espera de que se forme un nuevo Ejecutivo.

En el documento, Enresa propone una actualización de los costes previstos para el desmantelamiento de todas las centrales y para la gestión de los residuos radiactivos, y también defiende una fuerte subida de las tasas que pagan las centrales nucleares para financiar los trabajos.

La sociedad pública presidida por José Luis Navarro propone elevar la tasa que paga cada central un 19,2% el próximo año, pasando de los actuales 6,69 euros por cada megavatio hora (MWh) producido por las nucleares hasta los 7,98 euros, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del contenido del documento con la propuesta del futuro PGRR.

En los últimos años el pago de tasas por parte de las eléctricas se ha situado entre los 530 millones y los 550 millones de euros anuales, en función de la producción eléctrica de las plantas, por lo que la subida prevista para el próximo año podría traducirse en un incremento de que rondará los 100 millones al año.

Aunque la subida es importante, Enresa ha optado porque el Gobierno tenga cierto margen para poder aplicar nuevas alzas (mucho más moderadas) en los próximos años. El Ejecutivo, Enresa y las grandes eléctricas firmaron el pasado marzo un protocolo sobre el calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas y en el que fijaban que la subida de la tasa que pagan por los residuos podía ser de un 20% como máximo.

Los planes de Enresa, según confirman varias fuentes cercanas al proceso, pasan por dar la posibilidad al Gobierno de revisar cada año la cuantía de la tasa para ajustarla a los costes reales en los que se vayan incurriendo por la construcción de los almacenes temporales individualizados (ATI) de cada central nuclear, entre otros aspectos.

La subida máxima pactada permitiría elevar la tasa hasta los 8,03 euros por MWh en próximos años, aún por encima del nivel previsto para 2020. Previendo desviaciones de costes se deja margen para nuevos incrementos de los gravámenes, pero en ningún caso se superaría la cota del 20% firmada con las grandes eléctricas con participación en las nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo).

La propuesta de nuevo PGRR llega apenas cuatro meses después de que se sellara la paz nuclear, y que las grandes eléctricas, el Gobierno y la propia Enresa pactaran el calendario de cierre de cada una de las centrales. En el protocolo pactado se establece Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

Hasta ahora, según el PGRR vigente, los cálculos de ingresos por el cobro de tasas a las nucleares se hacían sobre la base de que cada central funcionaría 40 años. Con el nuevo calendario previsto la media de todo el parque se acercará a los 46 años de funcionamiento.

Los ingresos por las tasas se destinan en un fondo específico que sirve para financiar las actuaciones de gestión de desechos radiactivos. Un fondo que a finales de 2018 contaba con 5.647 millones de euros, a pesar de que la previsión contemplada en el actual PGRR es que el coste de las trabajos a largo plazo de gestión de residuos y desmantelamiento rondará los 14.200 millones (en el nuevo PGRR esa cifra también será revisada).