El fichaje frustrado de Andrea Orcel como consejero delegado amenaza con convertirse en una crisis de notables dimensiones para Banco Santander. La demanda interpuesta por el banquero italiano, por la que exige algo más de 100 millones de euros a la entidad que preside Ana Botín, ha hecho cundir el nerviosismo en los despachos de la Ciudad Financiera de Boadilla, donde se teme que el enfrentamiento provoque un importante perjuicio no sólo económico sino también reputacional.
Desde la entidad han tratado de atajar este riesgo, tomando la iniciativa para buscar un acuerdo con Orcel que detenga el proceso judicial. Dos importantes directivos del banco, el secretario general y del consejo, Jaime Pérez Renovales, y el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, han mantenido en las últimas semanas sendas reuniones con Orcel y sus representantes legales, según ha podido confirmar El Independiente de fuentes conocedoras de las negociaciones.
Estas reuniones, no obstante, se han saldado sin resultados favorables, ya que Orcel se muestra dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. El exdirectivo del banco suizo UBS ya ha manifestado en distintas ocasiones su frustración por la ruptura del acuerdo alcanzado con Santander y su malestar con la forma de actuar del banco. Ya en una entrevista concedida a Financial Times el pasado mayo, el banquero italiano confesó su "tristeza y enorme decepción" y advirtió de que "no soy una persona que deje pasar las cosas, especialmente si creo que lo correcto es no soltarlo".
Orcel pide a Santander más de 100 millones, por el bonus que no quiso pagarle y por el sueldo que dejará de cobrar por el paso atrás del banco
Para sacar adelante su demanda, Orcel ha contado con los servicios del exministro y abogado José María Michavila, además del despacho De Carlos Remón, "especializado en el desarrollo de estrategias jurídicas complejas, diseñadas para evitar o restaurar una pérdida jurídico-patrimonial", según se definen en su propia página web. Según ha trascendido, el banquero se encontró con la negativa a representarle de varios despachos jurídicos de gran prestigio, reacios a verse involucrados en un caso contra el mayor banco español.
Los más de de 100 millones de euros que Orcel reclama al banco incluyen, además de los algo más de 50 millones de euros que le correspondían en concepto de bonus de UBS, y que entiende que debían ser abonados por Santander -el banco suizo se negó a pagarlos, al marcharse a un grupo de la competencia-, los salarios que el banquero dejaría de percibir durante los siete años que tendría que permanecer fuera del sector para obtener el pago de ese bonus.
De salir vencedor del pleito legal Orcel, el banco español se encontraría con la paradoja de tener que desembolsar el doble de los 50 millones de euros por los que acabó desestimando (al menos, oficialmente), de forma sorpresiva, el pasado 15 de enero, el fichaje de Orcel, que había sido anunciado el 25 de septiembre de 2018. El banco que preside Ana Botín explicó entonces que los costes asociados al fichaje superaban con creces las expectativas iniciales y que esto le legitimaba para deshacer el acuerdo, que no contaría con el visto bueno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del banco.
Orcel, sin embargo, defiende que él tenía ya firmado un contrato con Santander y que, por lo tanto, la posterior renuncia de la entidad supone un incumplimiento del mismo. Según fuentes conocedoras, el banquero italiano cuenta con distintos documentos que confirmarían un trato directo con la propia Botín y en los que quedaría probado que su incorporación era ya un hecho incuestionable cuando el banco decidió retractarse. Desde el banco se desliza, no obstante, que era imposible que existiera un contrato, ya que Orcel se encontraba en el periodo de garden leave (la interinidad establecida en su anterior cargo hasta que pudiera asumir otro).
En Santander se teme que un proceso judicial largo en el que estos documentos vayan siendo expuestos ante la opinión pública pongan un molesto foco mediático sobre el banco y, más relevante aún, supongan un cuestionamiento de la gestión realizada por la presidencia de un fichaje que había sido ejecutado de forma personal por la propia Ana Botín, que podría -de confirmarse que ya existía un contrato firme con Orcel- haber forzado incluso los cauces establecidos por los códigos de buen gobierno de la entidad.
A pesar de las razones económicas aducidas, algunas fuentes señalan que la marcha atrás de Botín en el fichaje de Orcel se debió, precisamente, a cuestiones relacionadas con la gestión. La contratación del banquero italiano fue acogida con cierta sorpresa en los entornos financieros. Aunque era conocida la estrecha relación de Orcel con Santander, desde los años de la presidencia de Emilio Botín, su perfil de banquero de inversión parecía tener poco encaje con el modelo de banca minorista predominante en la entidad española.
Orcel quería hacer notar su poder ejecutivo en todas las áreas y llegó a cuestionar al consejero delegado de Santander España
Sin embargo, con Orcel, la presidenta de Santander buscaba una persona de notable prestigio en los mercados financieros y gran capacidad para captar fondos, en un entorno en el que la búsqueda de capital a costes reducidos se ha convertido en una necesidad vital para el conjunto de la banca, y cuando la credibilidad de Santander ante los inversores se mostraba dañada por los nulos retornos que han generado las millonarias ampliaciones de capital ejecutadas en los últimos años.
Pero, en las reuniones mantenidas entre Orcel y la dirección del banco, en el periodo de transición entre que se anunció su incorporación y hasta que se rompió el acuerdo, Botín pudo comprobar que las intenciones del italiano no pasaban por conformarse a ese papel de representación del banco ante los mercados financieros, sino que pretendía hacer notar su poder ejecutivo en todas las áreas del banco.
De hecho llegó a manifestar su disconformidad con la gestión que se estaba haciendo del negocio de Santander España, llegando a cuestionar al consejero delegado de la división, Rami Aboukhair. Botín preocupada por la posibilidad de que su nuevo directivo tomara con fuerzas las riendas de todo el negocio, relegándola a un papel más propio de una presidenta no ejecutiva, acabó convenciéndose del error de la elección y optó por anularla.
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