Iglesias paga la factura de las pensiones: Sánchez no olvida que dinamitó el Pacto de Toledo

Poco después, Pedro Sánchez desembarcaba en La Moncloa en junio de ese año con el firme propósito de derogar la última reforma, que había condenado a los pensionistas a exiguas subidas del 0,25% al año, y consolidar la vuelta a la indexación de las pensiones con el IPC más allá de 2019.

La negociación fue dura en el Pacto de Toledo y se desenvolvió entre una creciente oleada de protestas de los pensionistas en la calle, que llegaron literalmente a las puertas de la comisión. Protestas que no habían cesado pese a la caída del Gobierno de Mariano Rajoy y que se hicieron tan evidentes en el último tramo de 2018 que ni PP ni Ciudadanos, principales defensores de la reforma de las pensiones de 2013, no pudieron por más que rendirse: la última reforma de las pensiones no gozaba de un consenso social.

En ese clima, el Pacto de Toledo cerró un acuerdo en octubre de 2018, al que no se sumó ERC, en torno a la recomendación dos, la relativa a la revalorización de las pensiones, que desembocó en una redacción en la que se vinculaban las pensiones al IPC real, aunque dejando la puerta abierta a que cualquier Gobierno, de acuerdo con la comisión y el diálogo social, desactivara esta posibilidad. La pregunta en ese momento era si el Gobierno sería capaz de llevar una recomendación así a la legislación.

Sánchez, el confiado

Era otro tiempo político, prometedor para Sánchez, y todo apuntaba a que, con el acuerdo en el Pacto de Toledo, así sería. Sánchez dejaba que las conversaciones en el diálogo social y en el Pacto de Toledo se sucedieran en paralelo. Hay que recordar que la comisión debía cerrar otra veintena de recomendaciones para suscribir un pacto global que incluyera también iniciativas para reforzar los ingresos del sistema de pensiones.

Un acuerdo en alguno de los dos foros le daría la suficiente legitimidad al Gobierno para aprobar un decreto o presentar cualquier otra iniciativa legislativa para volver a vincular las pensiones con el IPC. Además, los años 2018 y 2019 estaban salvados con las subidas comprometidas por el Gobierno del PP. Había tiempo.

Pasaron los meses y llegó el momento de la verdad. La maquinaria legislativa de Pedro Sánchez estaba en marcha y la necesidad de actuar en materia de pensiones, mientras se tramitaban los Presupuestos de 2019, en los que se consignaba una previsión de gasto en prestaciones récord, dio lugar a un decreto-Ley que fue aprobado el 28 de diciembre, en el que se incluía un amplio abanico de medidas para incrementar los gastos del sistema. Y ahí pudo cambiar todo.

En el borrador de aquel decreto se incluía la modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social “con la finalidad de que la fórmula de revalorización utilizada sea la que se aplique indefinidamente, y no solo para 2019, recuperando en la nueva redacción, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social, incluidas las del Régimen Especial de las Clases Pasivas del Estado, la fórmula de revalorización vigente antes de la reforma operada en 2013”. Dicho de otro modo, el decreto era la esperada voladura de la reforma de pensiones de 2013.

Sin embargo, el mismo día de la aprobación del decreto, esta cuestión desapareció del articulado y, en su lugar, la versión definitiva dispuso que, “en el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar los artículos citados y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social”.

Sánchez, recula y espera

Esta disposición no se ha materializado porque, transcurridos esos seis meses, el Gobierno sigue en funciones. Pero lo más importantes que, según fuentes conocedoras de las deliberaciones del Gobierno en aquellos días, el Ejecutivo habló con todos los grupos parlamentarios, que aún estaban ultimando las recomendaciones en el Pacto de Toledo, y optó por no adentrarse en la derogación de la reforma de las pensiones a la vista de que el acuerdo en la comisión estaba muy próximo.

Con un pacto en ese foro, la patronal se vería impelida a firmar un acuerdo en el diálogo social también. Por eso se decidió esperar y darse un plazo de seis meses más.

Otras fuentes relatan que la patronal afeó al Gobierno que incluyera en el decreto del 28 de diciembre algo que aún no se había firmado en diálogo social. De hecho, era tal la envergadura del acuerdo que incluso se barajó firmarlo en presencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguran, a mediados del mes de enero.

Sea como fuere, ya en el mes de febrero todo saltó por los aires cuando Sánchez convocó elecciones anticipadas. En ese momento, la nueva situación política se coló en el Pacto de Toledo, donde Unidos Podemos presentaron una enmienda a la totalidad de las recomendaciones que ya se daban por acordadas.

Era la última baza del Gobierno para presionar a la CEOE para que firmara un pacto en el marco del diálogo social que le permitiera remitir con toda legitimidad un decreto sobre pensiones que ningún grupo se negaría a convalidar.

En conclusión, según la versión del Gobierno, por jugar con los tiempos y buscar consensos, todo se demoró y el 28-A acabó de apuntillar un decreto fallido que habría sido convalidado sin ninguna duda en un contexto político sin elecciones a la vista. Y al final de la cadena está Unidas Podemos.

Más aún, fuentes conocedoras de lo ocurrido aquel día en el Pacto de Toledo aseguran que la persona que se encargó de presentar esa batería de enmiendas a las recomendaciones no fue la portavoz habitual de la formación morada, Aína Vidal, sino la diputada de En Marea Yolanda Díaz, la misma persona que ha sonado en las últimas semanas como candidata de Unidas Podemos para encabezar el Ministerio de Trabajo en caso de que Sánchez diera entrada a la formación de Pablo Iglesias en su Gobierno.

Ya el pasado 1 de marzo, con el Pacto de Toledo completamente roto, en una reunión del diálogo social, los sindicatos presionaron al Gobierno para que legislara. En efecto, el Gobierno barajó la opción de legislar unilateralmente mediante un decretazo. La redacción estaba disponible en aquel párrafo que no se llegó a incluir en el decreto de diciembre.

Sin embargo, el Gobierno no ha visto claro en ningún momento que el Congreso le fuera a dar la opción de apuntarse el gran tanto ante los pensionistas, nada menos que casi nueve millones de votantes. Además, parecía un suicidio político acudir a al Congreso con un decreto de pensiones cuya urgencia tenía difícil justificación, puesto que la siguiente revalorización sería en enero de 2020, y sin ir acompañado de un plan creíble de ingresos -el Pacto de Toledo no llegó a acordar nada al respecto-.

En estos momentos el panorama no es mucho más favorable, con un Parlamento si cabe más dividido y unas derechas más radicalizadas. Las pensiones subiendo con el IPC están más en el aire que nunca. Al menos, si se tienen que prorrogar los Presupuestos de 2018 un año más, subirían un 1,6%, lo que asegurará una ganancia de poder adquisitivo a los pensionistas dado que el IPC ronda en estos momentos el 0,4%.