Primera fractura en la cúpula del CSN por la forma de medir los fallos en las nucleares

Primera fractura en la nueva cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La nueva dirección, nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez cuando expiraba la anterior legislatura, ha empezado a revertir algunos de los cambios de los procedimientos sobre el control de la centrales nucleares aprobados por el anterior equipo. Y eso ha provocado la primera disensión con el único consejero que queda de la anterior dirección, nombrado a propuesta del Partido Popular.

La antigua dirección del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) modificó en 2015 los criterios que utilizan sus técnicos para clasificar la gravedad de los incidentes que se registran en las centrales nucleares. Entonces el organismo amplió los supuestos que se clasifican directamente con el nivel de menor gravedad y lo hizo cambiando el contenido del manual internacionalmente admitido.

El pleno del supervisor –el órgano de colegiado de cinco miembros que toma las grandes decisiones del organismo- aprobó en su reunión del 1 de julio la puesta en marcha del procedimiento para corregir a la anterior dirección y recuperar plenamente el estándar internacional, como ya adelantó en exclusiva El Independiente.

La medida se adoptó con los votos cuatro votos a favor (los de los tres consejeros nombrados a propuesta del PSOE y uno de Unidas Podemos) y un voto en contra (el del único consejero que se mantiene de la anterior dirección y fue nombrado a propuesta del PP). El consejero que votó en contra, el catedrático Javier Dies Llovera, ya mostró su desacuerdo ejerciendo su potestad de retrasar la toma de decisión en la anterior del pleno y ahora lo ha hecho evidente también emitiendo un voto particular de rechazo de la medida.

La gravedad de los fallos registrados en una central nuclear se clasifican según la denominada escala INES, que valora los sucesos del 0 al 7 (siendo el 0 una simple anomalía que se considera que no ha supuesto un problema de seguridad y el 7 un accidente de consecuencias extremas, como Fukushima o Chernóbil).

Hace cuatro años, el CSN -entonces comandado por Fernando Marti como presidente-  amplió los supuestos que directamente se consideran de nivel 0 y que hasta entonces podían ser tratados como de nivel 1 (que ya tiene la categoría de incidente, no de mera anomalía o desviación). Tras la reforma, se consideran automáticamente como fallos de nivel 0 todos aquellos que, aunque se estén incumpliendo las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) de las instalaciones, hayan pasado inadvertidos para las compañías eléctricas titulares de la central nuclear.

Esto es, si los gestores de la central no tienen conocimiento del incidente y, por ello, no pueden tomar medidas para solucionarlo en los plazos fijados, ya no se considerará más que una anomalía. Y sólo pasarían a considerarse como suceso de nivel 1 si el titular de la planta no toma medidas en el plazo de tiempo obligatorio desde el momento que tiene conocimiento (o desde el momento que dice que lo tiene).

Ruptura y voto particular

El consejero Dies Llovera, catedrático en Ingeniería Nuclear, defiende en su voto particular contra la decisión del pleno que cuando hace cuatro años se reformó el procedimiento ya se emplearon “numerosas horas” e “intensas discusiones dentro del cuerpo técnico”, por lo que no considera oportuno reabrir ese debate “más aún con la multitud de tareas de licenciamiento que se acumulan en el organismo regulador” a las puertas de renovación de permisos de varias nucleares y del desmantelamiento de la central de Garoña.

El encargado de hacer propuestas para cambiar el procedimiento actual será Paco Castejón, el consejero nombrado a propuesta de Unidas Podemos. Aunque finalmente serán las direcciones técnicas del centro, y no el pleno, las encargadas de aprobar los cambios en el manual de procedimiento interno PA-II-01 que utilizan los técnicos del CSN para hacer la valoración de la gravedad de los incidentes que se producen en las instalaciones nucleares españolas.

Dies Llovera sostiene en su voto particular que la futura reforma podría “derivar en la clasificación como nivel 1 de sucesos con escasa relevancia para la seguridad”. De hecho, el consejero subraya que el cambio que se aprobó en 2015 fue consecuencia por la insistencia del entonces Jefe de Área de Experiencia Operativa en proponer un nivel 1 en tres casos que “por su significación no lo merecían”. Es por ello, que defiende que el procedimiento vigente es “una mejora del mecanismo de clasificación” al hacer que “sucesos que entran dentro de las reglas de uso y aplicación de las especificaciones técnicas no se clasifican” como nivel 1.

La reforma de 2015 fue entonces criticada por la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) y denunció que los 58 incidentes de nivel 1 que se habían registrado en España en los últimos veinticinco años habrían sido sólo 14 con el nuevo procedimiento vigente. Dies Llovera subraya en su voto particular que abrían sido 5 de los 58 los que habrían cambiado de categoría.

La mayoría de partidos del Congreso de los Diputados también rechazó la medida y ha llegado a aprobar dos resoluciones en que exigían revertir la reforma, y ahora el CSN asume esa exigencia de las Cortes y emprende el proceso para recuperar el antiguo procedimiento.

Renovación de la cúpula

El Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo la renovación de cuatro de los cinco consejeros del CSN, con los nombramientos de Josep María Serena i Sender como nuevo presidente del organismo y de los tres nuevos consejeros Elvira Romera Gutiérrez, María Pilar Lucio Carrasco y Francisco Castejón Magaña. Los nombramientos están recurridos por el PP tanto en el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional.

PSOE y Podemos (con el beneplácito de PdCAT) pactaron la lista de candidatos de nuevos consejeros. Los socialistas han propuesto a tres nuevos miembros y la formación morada a uno, cuya candidatura ha resultado la más polémica al apostar por el hasta entonces portavoz de Ecologistas en Acción y que es abiertamente antinuclear.

Con los nombramientos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a apenas un mes de las elecciones del 28-A, rompe mayoría absoluta del PP en la cúpula (con tres miembros) y toma el control del organismo durante los próximos años. Un periodo en que la labor del CSN será clave para pilotar el cierre ordenado de todas las centrales nucleares, que arrancará en 2027 y se alargará hasta 2035. La nueva cúpula de momento ya empieza a revisar algunas de las medidas de la anterior dirección.