España gasta 34 millones en bufetes y peritos por los pleitos por recortes a las renovables

España se ha convertido en el país con más litigios internacionales de todo el mundo. El país acumula un total de 45 pleitos internacionales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…) sólo por el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy a las ayudas a las energías renovables.

De todos los procesos iniciados, doce litigios se han cerrado ya. Dos los ha ganado el Estado español (contra Charanne e Isolux), uno se cerró por desistimiento del demandante (Solarpark) y en nueve se han impuesto las compañías o fondos de inversión extranjeros que denunciaron al Reino de España por los recortes a las retribuciones previstas para sus instalaciones de renovables en el país.

España acumula conjuntamente por ocho de estos nueve litigios perdidos indemnizaciones por casi 752 millones de euros y al menos 22,5 millones más en concepto de costas o pagos de los servicios jurídicos contratados por los demandantes, en total casi 775 millones, según desveló El Independiente. Hay un noveno laudo arbitral desfavorable para España, el que le enfrenta con fondos de Deutsche Bank, que reclama 441 millones.

España aún tiene pendientes 34 procedimientos de arbitraje internacional por el recorte a las renovables. Y el Estado español se enfrenta a reclamaciones de indemnizaciones que entre todos estos casos alcanzan los 7.687 millones de euros, según los datos en manos del Gobierno (y alcanza los 8.128 millones si se suman los 441 millones exigidos por Deutsche Bank a la espera de que se fije la indemnización final por el tribunal).

Decenas de contratos para armar la defensa

A todas estas cifras, que son mareantes, hay que sumarle el presupuesto que el Gobierno ha destinado en los últimos años a firmar 74 contratos con bufetes de abogados internacionales, asesores de todo tipo, consultoras y peritos para armar su defensa en parte de esas decenas de litigios internacionales.

En los últimos seis años, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ahora dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y antes del Ministerio de Industria, ha contratado asesores externos por importe total de 33,91 millones de euros, según un informe del Ministerio al que ha tenido acceso El Independiente a través del Portal de la Transparencia. Una cifra que con toda seguridad seguirá creciendo según vaya avanzando el estado procesal de todos los procedimientos aún pendientes.

La Abogacía del Estado, que es la que comanda la estrategia legal, ha tenido ayuda de bufetes externos en algunos de los procesos. En total, se han suscrito ya ocho contratos con bufetes de abogados foráneos por un importe total de 9,54 millones de euros.

El mayor de los contratos de toda la gran batalla legal es el suscrito para el litigio con Eiser con el bufete de abogados estadounidense Curtis Mallet-Prevot, Colt & Mosle, especializado en procesos de arbitraje, por un importe de 2,3 millones de euros. Sin embargo, es la firma Foley Hoag la que ha hecho mayor negocio con 5,86 millones repartidos en cuatro litigios diferentes.

Consultoras con más de 6 millones en contratos

En estos últimos años, el IDAE también ha contratado a consultoras y expertos para que elaboren informes económicos, informes técnicos sobre la vida útil de las plantas renovables afectadas por los recortes, dictámenes legales o para que testifiquen como peritos ante los tribunales. En total, casi 24,4 millones de euros repartidos en 68 contrataciones.

Según el informe de IDEA, la consultora especializada en litigios Econ One Research ha acumulado contratos por importe de 6,97 millones de euros; BDO Auditores ha concentrado encargos por casi 6,48 millones de euros; Accuracy Asesores de Empresa ha suscrito contratos por un importe total de 6,2 millones; y la unión temporal de empresas de Mac Group y Altran ha percibió 3,94 millones por diferentes trabajos (a los que se sumarían otros 782.000 euros conseguidos por separado por Altran).

El recorte a las energías verdes

Los recortes a la retribución de las renovables ya arrancaron durante el último Ejecutvo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero fue el primer Gobierno de Mariano Rajoy el que ejecutó una durísima reforma energética que, entre otras medidas, aplicó, primero, una moratoria total de nuevas renovables acogidas a ayudas públicas y, más tarde, asestó un auténtico hachazo a las subvenciones que recibían las energías verdes.

El entonces Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, acabó con el sistema de ayudas verdes que existía (que daba subvenciones en función de la energía que se producía) para reconvertirlo en una garantía de una “rentabilidad razonable” a los proyectos durante toda su vida. El resultado: un hachazo de unos 1.700 millones de euros al año a las subvenciones que cobraban las renovables.

El recorte fue el detonante que desató un aluvión de demandas en instancias internacionales de inversores que contaban con las ayudas que el Estado español les había garantizado durante 25 años. Ahora las demandas siguen sumándose, a modo de goteo, hasta alcanzar un total de 45 litigios.

El objetivo de España: anular las condenas

La Abogacía del Estado española y los bufetes externos contratados han conseguido rebajar la factura enormemente, ya que los once litigios ya resueltos reclamaban conjuntamente algo más de 2.013 millones de euros. Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones) y Greentech (39 millones).

España, en cualquier caso, puede acabar salvándose de este aluvión de indemnizaciones. La estrategia legal del Gobierno pasa ahora por reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.