La factura de lo que paga España a Francia por guardar parte de sus residuos nucleares no deja engordar. La sociedad pública Enresa –encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles- lleva casi tres décadas firmando sucesivos convenios con empresas francesas para que custodien los desechos nucleares de la central de Vandellós I, que cerró en 1989 tras un incendio y una posterior inundación. Y seguirá pagando al menos cuatro años más.
Enresa lleva algo más de dos años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción a la compañía Orano Cycle (la antigua Areva) por no haber cumplido el plazo para trasladar a España los residuos de la central tarraconense, que se encuentran en Normandía. Y las previsiones que maneja la compañía pública contemplan que los residuos de Vandellós I regresarán a España “a mediados de 2023”, según recoge en su memoria anual la empresa, y hasta entonces toca seguir abonando la penalización.
Una sanción que obliga a Enresa a pagar casi 75.000 euros al día por incumplir el compromiso de recuperación de la basura nuclear. Durante la segunda mitad de 2017 se pagaron 73.045 euros al día y en 2018 subió hasta los 74.887 euros diarios. Enresa no ha desvelado cuál es la cantidad que está abonando durante 2019 (el importe de la penalización se revisa cada año), pero fuentes del sector la siguen situando en el entorno de los 75.000 euros al día.
En total, durante los últimos dos años España ya ha pagado 54,3 millones de euros. Y si se cumplen las previsiones de Enresa y la penalización se alarga hasta mediados de 2023, la factura pude acabar superando los 160 millones de euros tras seis años pagando. Una prórroga que desde Enresa se ha venido vinculando con el retraso acumulado en la construcción del almacén nuclear temporal en Villar de Cañas (Cuenca), aunque los plazos que maneja ahora el grupo apuntan a que el cementerio nuclear debería estar parcialmente operativo en 2026 y terminado en 2028.
Orano Cycle, no obstante, devolverá gran parte de ese importe a Enresa una vez que concluyan los trabajos de transporte de los residuos a España. En el momento en que España repatríe los residuos radiactivos desde Francia, se reintegrarían gran parte de las penalizaciones abonadas. Como si se tratase de una suerte de fianza de garantía, la compañía nuclear francesa cobraría sólo por la labor de almacenamiento realizada durante años, y devolvería la sanción.
Tres décadas pagando
El contrato actual con Orano Cycle es sólo el último de una larga lista de acuerdos que se han ido prorrogando o modificando durante tres décadas. Justo después del cierre de Vandellós I, España ya firmó un acuerdo por 250 millones de euros con Francia para que acogiera los residuos hasta 2010. Y esos 250 millones los pagaron todos los clientes eléctricos con un recargo del 0,7% en el recibo de luz.
Como España no cumplió el compromiso de traer los residuos en 2010, ya entonces tuvo que asumir una penalización hasta que se firmó en 2012 un nuevo acuerdo con Areva para ampliar el plazo hasta 2017 y para tratar los residuos reduciendo su volumen. El contrato implicaba el pago de 194 millones de euros por el almacenamiento y por el tratamiento, y se incluía el pago de 23,7 millones de euros adicionales por el coste del transporte a España de los residuos cuando se produzca (en principio, en 2023).
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