Pedro Sánchez ha aprovechado su discurso en la sesión de investidura para señalar la “emergencia climática” (el término cambio climático ya se queda corto) como uno de los grandes retos para esta legislatura. El presidente del Gobierno, ahora en funciones y aspirante a ser revalidado, se ha comprometido a colocar a España como “líder mundial en la lucha contra el cambio climático”.
“La contaminación del aire mata. ¿Queremos este planeta para nuestros hijos y nuestros nietos?” Y en este afán Sánchez ha lanzado un desafío directo al nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, advirtiéndole de que tendrá enfrente al Gobierno si continúa con su plan para revertir Madrid Central, la zona de bajas emisiones en el centro de la capital que empezó aplicar el anterior equipo consistorial pilotado por Manuela Carmena.
“Nadie va a parar Madrid Central”, ha sentenciado Sánchez. “Es una irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeos y es una irresponsabilidad aún mayor renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio". El presidente en funciones ha retado al Ayuntamiento madrileño prometiendo “máxima exigencia” con todas las administraciones en esta material.
De hecho, Sánchez no sólo ha prometido defender la aplicación de Madrid Central, sino que ha confirmado su plan de hacer que haya zonas de bajas emisiones contaminantes similares en todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes.
Justo antes de que expirara la legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio a conocer el contenido de su proyecto de Ley de Cambio Climático. En él, el Ministerio para la Transición Ecológica ya contemplaba la obligación de que todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes pongan en marcha zonas con restricciones a los coches más contaminantes antes de 2023.
El futuro Gobierno, si consigue los apoyos parlamentarios suficientes, pretende retomar ese texto y mantener la imposición de que se establezcan zonas similares al Madrid Central en cerca de 150 municipios en todo el país. En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 había en España un total de 145 municipios con más de 50.000 habitantes, el criterio de corte que maneja el Ministerio.
Sin noticias de la subida del diésel
El discurso de Sánchez ha incluido otras promesas y advertencias ligadas a la energía y el medio ambiente. El presidente ha prometido una ley para regular los plásticos de un solo uso y también el desarrollo de una estrategia estatal de economía circular, y también ha ensalzado la importancia de una verdadera fiscalidad ambiental.
El jefe del Ejecutivo en funciones ha presumido de, en su anterior mandato, haber reformado el bono social eléctrico y haberlo ligado al nuevo bono social térmico, y también haber acabado con el denominado impuesto al sol para fomentar el autoconsumo. “Son mdidas que tienen como horizonte bajar el precio de la luz”, ha dicho en un claro guiño a Unidas Podemos, cuyos dirigentes lleva días reclamando entrar en el futuro Gobierno para precisamente conseguir ese objetivo. En paralelo, el presidente ha confirmado la aprobación de un nuevo estatuto de consumidores electrointensivos, con “compensaciones de costes y exenciones de pagos” para la gran industria para conseguir rebajar su factura eléctrica.
A lo que no se ha referido Sánchez en su intervención es a si sigue siendo su intención subir el diésel. El anterior Ejecutivo, en línea con postura de la Comisión Europea, intentó la pasada legislatura empezar a subir progresivamente el impuesto que soporta el diésel hasta acabar igualándolo con el de la gasolina en unos años. Una subida que iba arrancar en 2019 y que tenía en vilo a los conductores de los cerca de 18 millones de vehículos que utilizan gasóleo en España.
El plan de Hacienda pasaba por elevar el tributo del diésel en 38 euros cada mil litros de carburante, pasando de los 307 euros actuales hasta un total de 345 euros. Aún quedaría margen para seguir aplicando subidas hasta igualar las tasas de gasóleo y de la gasolina, que hoy es de 400 euros por cada mil litros.
Con esa primera subida en que se trabajaba, los conductores tendrían que pagar unos 2,15 euros más por llenar el depósito de sus coches diésel (que tienen una capacidad media de 57 litros). La subida sólo afectará a los consumidores particulares, y de la quedarán excluidos de la misma los profesionales que utilizan el vehículo como medio de trabajo, como transportistas o taxistas.
Según la previsión de Hacienda, la subida del impuesto al diésel iba a servir para elevar la recaudación en 670 millones de euros al año. Desde el Ejecutivo se había llegado a cifrar el impacto de la medida en un aumento del coste del combustible de 3,3 euros al mes para el conductor medio, que recorre unos 15.000 kilómetros al año con su vehículo.
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