Ha pasado ya mucho tiempo desde que las promesas lanzadas desde el Gobierno de España, en el verano de 2012, de que el rescate bancario no costaría un euro a los contribuyentes quedaron sepultadas por la realidad de que aquel proceso acabaría dejando un considerable agujero en las cuentas públicas. Desde entonces, los mensajes institucionales se han centrado más en resaltar los beneficios que tuvo aquel gasto, que taponó una crisis que podía haber sido mucho más costosa.
Pero la factura del rescate financiero ha permanecido todos estos años como una espina clavada para los gobernantes españoles, que buscan desde entonces la manera de reducirla a su mínima expresión. Y, más allá de propuestas inconcretas de aplicar nuevos impuestos al sector, la mejor vía con la que cuenta la Administración para reducir esta importe son las acciones de Bankia que aún mantiene en su poder a través del Frob y que representan algo más del 61% de su capital.
El último balance de las ayudas al sector bancario publicado por el Banco de España el pasado noviembre, en el que se cifraban en unos 42.000 millones las pérdidas de dinero público en la reestructuración bancaria, estimaba en unos 9.857 millones de euros el importe recuperable a través de estas acciones de los 24.069 millones que se inyectaron tanto en Bankia como en BMN (integrada en Bankia desde finales de 2017).
Aunque estos cálculos están basados en el valor que da a su participación el propio Frob y, por ende, no dependen directamente de la evolución en bolsa de las acciones, resulta innegable que el derrumbe que ha experimentado en los últimos meses el valor de mercado del banco que dirige José Ignacio Goirigolzarri los hace extremadamente irreales a día de hoy. Aunque Bankia firmó este lunes su tercera sesión consecutiva en positivo, este avance apenas le ha servido para maquillar un nefasto desempeño sobre el parqué, que ha deparado pérdidas superiores al 32% desde el inicio del presente ejercicio y próximas al 60% desde el cierre de 2017.
Las acciones de Bankia se han depreciado un 32% desde el inicio del presente ejercicio y casi un 60% desde el cierre de 2017
De este modo, el valor de las acciones que posee el Estado en la entidad se ha reducido desde los 7.002 millones de euros en que se valoraban hace poco más de un año y medio, a algo menos de 3.120 millones al cierre de este lunes.
Lo cierto es que, desde su nacionalización en el verano de 2012, las arcas públicas ya han logrado recuperar una parte del dinero invertido en Bankia. El Frob ha ejecutado desde entonces dos ventas de participaciones -del 7,5% en 2014 y del 7% en 2017- mediante las que logró ingresar algo más de 2.100 millones de euros. Y a este dinero se suma lo obtenido a través de los pagos de dividendos anuales que el banco ha ido efectuando desde 2015 y que elevan el monto total del rescate ya reintegrado al entorno de los 3.084 millones.
Así, si se considera el dinero ya devuelto más el valor actual de las acciones de Bankia, el Estado podría llegar a recuperar alrededor de 6.203 millones de euros, lo que dejaría la factura final del rescate de la entidad en unos 17.866 millones, unos 3.600 millones más de lo que el Banco de España asumía como perdido en el último balance del rescate. A cierre de 2017, poco después de la última venta de acciones y de la integración de BMN, la suma de la valoración y el dinero hasta entonces recobrado se elevaba por encima de los 9.650 millones.
Esta situación ha provocado que tanto desde el Gobierno como desde la propia Bankia se hayan lanzado en los últimos tiempos mensajes invitando a ser pacientes en el proceso de privatización del banco, dado que las valoraciones actuales están muy lejos de las expectativas de la Administración. Aunque la fecha límite para la venta de la participación pública en el banco está fijada a finales de 2020, en el mercado se da por sentado que el Estado tendrá que recurrir nuevamente a una ampliación de este plazo.
Los analistas prevén que en el actual escenario de tipos los resultados de Bankia permanecerán estancados durante años
Porque las perspectivas a corto y medio plazo para la entidad no parecen especialmente halagüeñas. No en vano, los responsables del banco ya admitieron en la presentación de sus resultados del segundo trimestre, el pasado 29 de julio, que no alcanzarán sus objetivos de beneficios para 2020. La expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) prolongue -e incluso intensifique- el escenario de tipos de interés en negativo es especialmente perjudicial para Bankia, por la sensibilidad de su cartera de préstamos a la evolución de los tipos.
En ese contexto, firmas como Credit Suisse auguran que los resultados del banco público español permanecerán estancados durante los próximos tres años. Y Goldman Sachs extiende un augurio semejante hasta 2023.
Así, no sólo parece difuminarse la posibilidad de vender en mercado a valoraciones atractivas los títulos del banco de propiedad estatal, sino que tampoco parece probable que ningún otro banco se aventure a buscar una fusión en un momento tan delicado para el conjunto del sector.
En cualquier caso, la previsible prolongación de la permanencia del Frob en el capital de Bankia también puede tener una lectura positiva y es que mientras tanto el organismo público seguirá ingresando la parte correspondiente de los dividendos de la entidad, que se ha comprometido a abonar unos 2.500 millones hasta 2020. En su informe, los analistas de Credit Suisse se mostraban confiados en que, dada la fuerte posición de capital del banco, será capaz de cumplir con este objetivo.
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