Las grandes eléctricas y compañías gasistas se preparan para un verdadero hachazo a lo que ingresan por sus redes y que pagan todos los clientes con sus recibos de luz y de gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara 13 circulares para reformar la regulación del sector eléctrico y que incluyen una fuerte rebaja de la retribución de lo que cobran las compañías por sus redes de transporte y de distribución tanto de electricidad como de gas natural.
Los recortes que se avecinan han puesto en pie de guerra al sector energético. Las compañías energéticas presionan a la CNMC y buscan el respaldo del Gobierno para frenar el hachazo que se les viene por lo que cobran por sus actividades reguladas, y vienen advirtiendo de las consecuencias para la sostenibilidad de todo el sector, para sus cuentas y para la calidad del servicio por los recortes.
Los sindicatos del sector energético alertan también del impacto que tendrán en el empleo los recortes a las remuneraciones y auguran miles de despidos si se ejecutan tal y como están diseñados actualmente y la CNMC no se pliega a suavizar su dureza.
Comisiones Obreras ha presentado alegaciones a varias de los borradores de circulares de la CNMC y en ellas denuncian la posible pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo en las empresas del sector energético, según se recoge en comunicaciones internas de sindicato a las plantillas de diferentes compañías afectadas por los recortes a las que a tenido acceso El Independiente.
En ese enorme ajuste de plantilla se incluirían los 10.000 empleos que estarían en peligro entre las empresas dedicadas a la instalación de equipos de electricidad y gas, según los cálculos de la propia patronal del sector, la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (Conaif).
En el caso del sector del gas, el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) los recortes en los ingresos de las compañías de distribución –con Naturgy como principal agente- y de transporte de gas –Enagás- supone poner en peligro unos 1.000 puestos de trabajo del total de 2.500 personas que emplean las compañías. “A nadie sorprenderá (…) que se realicen ajustes traumáticos en las plantillas directamente afectadas, en las empresas auxiliares y en los empleos indirectos que el sector del gas genera”, apunta la organización sindical.
SIE también avisa del enorme impacto para las arcas públicas de la pérdida de empleo. Según las estimaciones del sindicato recogidas en sus alegaciones a las circulares del supervisor, la pérdida de 1.000 empleos de las distribuidoras y transportistas de gas supondrá un coste para 100 millones de euros para el Servicio Público de Empleo por los pagos de prestaciones durante dos años. Y a este impacto se sumaría el coste de otros 300 millones por los 10.000 empleos de instaladores en peligro.
“Estas personas, además, dejarán de cotizar el 33% de costes sociales. Y reducirán su nivel de consumo (bajada de recaudación por IVA y otros impuestos vinculados al consumo) y bajarán su nivel de renta bajada de recaudación de IRPF”, apunta también SIE como posibles impactos económicos para las arcas públicas de la merma de empleo en el sector gasista.
La CNMC propone unos recortes de la remuneración de las compañías energéticas por sus redes que pueden superar los 1.000 millones de euros al año y también apuesta por una rebaja de los peajes que se incluyen en la factura eléctrica de otros 730 millones cada año. Un hachazo para las empresas energéticas; pero cuanto mayor sea el recorte a lo que cobran estas compañías, en principio, mayor será la rebaja potencial de las facturas de luz y gas.
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