La imputación de Javier Monzón en el caso Púnica ha vuelto a alterar el frágil orden que se vive en el Consejo de Administración de Prisa, donde conviven accionistas con diferentes sensibilidades e intereses contrapuestos. El último fuego que se ha producido lo ha avivado Amber Capital, el socio principal del grupo, con casi el 30% de las participaciones en su poder, que estudia desde hace un tiempo sus opciones para tomar el control del grupo a través de una OPA; y que en estos días se ha posicionado en contra de la continuidad de Monzón –presidente no ejecutivo- ante el perjuicio que puede ocasionar su presunta implicación dentro del escándalo de corrupción del Partido Popular de Madrid.
El asunto tiene varias implicaciones, dada la posición de Prisa dentro del panorama mediático español, con el periódico más leído y la radio más escuchada, además de con la editorial más influyente en el ámbito de la educación. Desde el punto de vista interno, la declaración de Monzón como investigado ha permitido identificar con claridad la facción del Consejo crítica con el actual presidente, que está encabezada por Amber Capital y de la que forma parte HSBC, una entidad que conserva alrededor del 9% de las acciones de Prisa.
Según explican fuentes cercanas al órgano de gobierno del grupo, Amber Capital ha maniobrado durante los últimos días para forzar la salida de Monzón. De hecho, su intención es pedir la cabeza del presidente en el Consejo en el que se analice su continuidad en la compañía.
Desde el entorno del fondo afirman que entre los planes que desde hace varios meses baraja su dueño, Joseph Oughourlian –tal y como adelantó El Español-, se encuentra el de buscar alianzas para intentar lanzar una OPA para hacerse con el control de la compañía. En este sentido, inciden en que HSBC estaría de su lado y esperan que también se adscribieran algunos de los fondos de inversión que forman parte del accionariado.
Un Consejo fraccionado
Hay que tener en cuenta que entre los accionistas significativos de Prisa se encuentran actualmente –tal y como figura en la CNMV- varios fondos de inversión y entidades financieras. Desde Santander (4,1%), hasta el mexicano Grupo Herradura Occidente (5%) o el catarí International Media Group (6%).
El último en llegar ha sido Polygon, gestionado por el exmilitar estadounidense Reade Griffith y cuya entrada ha causado sorpresa entre algunos de los socios, dado que coincide con un momento en el que Amber Capital ha dejado claro que su intención es ganar peso en el gobierno del grupo. En este sentido, hay que decir que Polygon suele jugar un papel activista en empresas en dificultades o en las que se intuye un cambio de ciclo.
Pese al deseo de Oughourlian de controlar Prisa, la operación para lanzar una OPA sobre el grupo cuenta con varias dificultades. La primeraes la más evidente: la ausencia de inversores españoles que estén dispuestos a apostar por la compañía de medios de comunicación y respaldar a Amber Capital y a sus aliados financieros. Por otro, la situación política española, caracterizada por un escenario de provisionalidad que no suele ser beneficiosa para este tipo de movimientos empresariales. Máxime en el sector de los medios de comunicación.
A esto hay que añadir –apuntan- la posición de Santander en la compañía, que actualmente es muy relevante y que, entre otras cosas, explica la presencia de Javier Monzón al frente del Consejo de Administración del grupo.
Monzón también ejerce de presidente de OpenBank, la filial bancaria de Santander
Sobre el papel, Monzón es un vocal independiente, pero las fuentes del Consejo consultadas por este periódico apuntan a que es obvio que su posición en el grupo se debe a su relación personal y profesional con Ana Botín. De hecho, hay que recordar que también ejerce de presidente no ejecutivo de OpenBank, la filial bancaria de Santander.
Mal momento para Botín
La imputación del expresidente de Indra (1993-2015) se produce en un momento complejo para Botín, con la acción de Santander en su nivel más bajo de los últimos años y con el proceso judicial abierto por Andrea Orcel –por su fichaje fallido como consejero delegado- amenazante en el horizonte. En esta situación de crisis, la pregunta que se plantea es la posición que adoptará el banco en Prisa y si mantendrá la defensa de Monzón o si se pondrá de perfil, con el riesgo existente de que merme su influencia en el grupo, precisan las fuentes cercanas al Consejo.
Fuentes oficiales de Prisa han declinado hacer ningún comentario sobre la opinión de sus accionistas con respecto al caso de Javier Monzón ni sobre los movimientos de Amber Capital para lanzar una OPA sobre el grupo. Sobre su presidente no ejecutivo, se han remitido a lo dicho la semana pasada: “Se aplicará en todo momento lo previsto en su reglamento y en la legislación vigente”.
Otros informantes -entre los accionistas significativos de la compañía- apelan a no precipitarse en este asunto, dado que, pese a que existe la posibilidad de que el juez mantenga a Javier Monzón como investigado, dentro del caso de la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, también podría retirar su imputación tras su declaración, que está programada para el próximo 4 de octubre.
Dentro de Prisa, su situación se analizará en el Comité de Nombramientos y Retribuciones, que será el encargado de remitir un informe al Consejo de Administración sobre este caso. Hay que tener en cuenta que en esta comisión está presente Joseph Oughourlian, es decir, por el representante del principal accionista, que se ha posicionado en contra del chairman de Prisa.
El reglamento del Consejo de Administración de Prisa contempla que “todo consejero deberá informar a la sociedad (…) en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”. Es decir, trata de evitar que cualquier asunto judicial afecte a la imagen de la compañía, pero deja margen para que los procesados puedan continuar, en caso de que el Consejo estime que eso no afecta a la imagen y el funcionamiento del grupo.
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