Las grandes eléctricas y compañías gasistas se preparan para un verdadero hachazo a lo que ingresan por sus redes y que pagan todos los clientes con sus recibos de luz y de gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima 13 circulares para reformar la regulación del sector eléctrico y que incluyen una fuerte rebaja de la retribución de lo que cobran las compañías por sus redes de transporte y de distribución tanto de electricidad como de gas natural.
Los recortes que se avecinan han puesto en pie de guerra al sector energético. Las compañías energéticas presionan a la CNMC y buscan el respaldo del Gobierno para frenar el hachazo que se les viene por lo que cobran por sus actividades reguladas, y vienen advirtiendo de las consecuencias para la sostenibilidad de todo el sector, para sus cuentas y para la calidad del servicio por los recortes.
La CNMC, en cambio, parece dispuesta a hacer una demostración de firmeza y pretende mantener su plan de recortes al sector -con pequeñas matizaciones fruto de la ola de alegaciones presentadas por las compañías interesadas- frente a las quejas de las compañías energéticas y las advertencias del Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en funciones.
“Claro que se van a retribuir las inversiones de las compañías. Pero sólo las necesarias”
Una firmeza que ya anticipaba el propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, la pasada semana. “Nuestra regulación se basa en criterios estrictamente técnicos y económicos. No la hacemos para que le guste a todo el mundo, sino que estamos dentro de nuestras competencias”, advirtió el máximo responsable del supervisor en el IV Foro de la Energía, organizado por El Economista. “Nos debemos al interés general”.
Las compañías eléctricas y gasistas han amenazado con frenar sus inversiones en redes y anticipan duros ajustes (incluso de plantilla) como consecuencia de los menores ingresos. Desde la CNMC se trata de tranquilizar a los grupos empresariales y a sus accionistas (“Nadie duda de que las inversiones hay que retribuirlas”); pero lo hace con muchos matices, que son los que preocupan a las empresas (“Claro que se van a retribuir las inversiones. Pero sólo las necesarias. El resto forma parte de la gestión de riesgos de las propias empresas”).
El Gobierno entiende que algunas de las medidas incluidas en las circulares pueden invadir competencias propias o no respetan las orientaciones sobre política energéticas transmitidas por el Ejecutivo. El Ministerio para la Transición Ecológica y la CNMC abordarán estas diferencias –con representaciones de alto nivel encabezadas por el propio presidente de la CNMC y por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal- en los próximos días en la Comisión de Cooperación bilateral, órgano creado específicamente para disolver estas disputas.
Marín sobre la cumbre con el Gobierno: “Que cada uno haga lo que tenga que hacer”
Desde la CNMC se insiste en que la reunión de la Comisión de Cooperación se enmarca estrictamente en la “normalidad institucional” y que las diferencias con el Ministerio son “menores, de carácter puramente técnico, y que se resolverán con facilidad”. Según la normativa, incluso si no hay acuerdo con el Gobierno, la CNMC puede aprobar la nueva regulación por tratarse de una potestad propia. Y el Ministerio puede, como siguiente paso, recurrir a los tribunales para tumbar el contenido que no comparta.
Sobre un eventual choque con el Gobierno, Marín Quemada ya avisó de que “cada uno hará lo que tenga que hacer para que nadie imponga nada al otro”. En cualquier caso, “seis páginas de letra pequeña tamaño BOE son algo más que orientaciones de política energética”, apuntó el presidente de la CNMC para referirse a la profusión de las directrices impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La CNMC debe aprobar todas las circulares antes del 31 de diciembre de 2019. Si incumpliera ese plazo, la ley establece que los recortes que el organismo prepara a la retribución que cobran las compañías por sus redes no podrían aplicarse y se renovaría la actual remuneración tanto en electricidad como en gas durante seis años. Los mandatos del presidente de la CNMC y de la mitad de la cúpula expiraron este lunes. Su relevo no se podrá acometer hasta que no se forme nuevo Gobierno, pero todos los integrantes del supervisor mantienen todas sus funciones.
Los tiempos para cumplir los plazos legales son ajustados: actualmente todas las circulares están en proceso de consulta pública, la CNMC ha de estudiar las alegaciones de las empresas y los informes del Gobierno, aún debe pasar la normativa por el Consejo de Estado, y sólo después el consejo de la CNMC podrá aprobar definitivamente la nueva regulación. Cualquier dilación pondría en peligro las reformas.
La CNMC propone unos recortes de la remuneración de las compañías energéticas por sus redes que pueden superar los 1.000 millones de euros al año y también apuesta por una rebaja de los peajes que se incluyen en la factura eléctrica de otros 730 millones cada año. Un hachazo para las empresas energéticas; pero cuanto mayor sea el recorte a lo que cobran estas compañías, en principio, mayor será la rebaja potencial de las facturas de luz y gas.
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