El Gobierno trata de frenar algunas de las medidas diseñadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para remover los cimientos de los recibos de luz y de gas natural que pagan los clientes.
El supervisor ultima la aprobación de 14 circulares con la que estrena sus nuevas competencias en la regulación de los mercados energéticos, singularmente en el reparto de una parte sustancial de los costes que se incluyen en la factura de luz y gas, y en lo que cobran las grandes energéticas por sus redes de transporte y de distribución.
El Ministerio para la Transición Ecológica ya había mostrado su discrepancia con algunas de las medidas incluidas en las circulares por invadir competencias propias o por no respetar las orientaciones sobre política energética marcada por el Ejecutivo.
Ahora el departamento comandado por Teresa Ribera confirma su malestar con nuevos informes sobre circulares en los que muestra su disconformidad y con los que invoca la convocatoria de la Comisión de Cooperación bilateral, órgano creado específicamente para disolver estas disputas entre Gobierno y CNMC. Ministerio y regulador abordarán estas diferencias –con representaciones de alto nivel encabezadas por el propio presidente de la CNMC y por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal- en los próximos días.
En uno de los informes hechos públicos por el Gobierno este viernes, el Ministerio pone en cuestión la auténtica revolución diseñada por la CNMC para el recibo de luz que pagan casi 30 millones de clientes a través de una revisión total de los peajes millonarios (unos 7.000 millones al año) que se cargan en la factura.
Una revolución que contempla que los pequeños consumidores pueda contratar dos potencias en un solo día, que haya seis tipos de tarifa diferentes cada día, y que también se paguen peajes diferentes en función de dónde resida el cliente (Península, Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla) y también en función del día en que se realice el consumo (día laborable, festivo, fin de semana…).
El Ministerio para la Transición Ecológica considera la estructura de peajes propuesta por la CNMC es “excesivamente compleja”, especialmente para los consumidores domésticos, y “no incentiva la eficiencia ni tampoco las transformaciones energéticas suficientemente, debido al excesivo peso de la parte fija de los peajes que se propone”.
El Gobierno entiende que, como el diseño del supervisor carga gran parte de los peajes a la parte fija del recibo (término de potencia contratada) y no al consumo, por lo que “no proporciona con la suficiente intensidad las señales de precios correctas en un entorno de transición energética” y, además, no incentiva mediante costes la expansión del coche eléctrico.
“La propuesta de estructura de peajes es excesivamente compleja para el consumidor doméstico e imputa un excesivo peso a la parte fija de los peajes. Lo anterior hace que la señal de precios que envía el peaje a estos consumidores no sea ni clara ni comprensible ni suficientemente incentivadora de la electricidad, la eficiencia o el autoconsumo”, sentencia el Ministerio en su informe.
Los cambios que quiere la CNMC
La CNMC propone una rebaja de los peajes de entre el 6,8% para el cliente doméstico y un 13,4% para los grandes consumidores industriales entre 2020 y 2025, lo que supone un recorte de los peajes del 10,2% para el conjunto del periodo. Los peajes suponen un coste para los consumidores de unos 7.200 millones al año, así que la propuesta del regulador supondría un ahorro cercano a los 730 millones.
Los peajes, que llevan congelados por los sucesivos Gobiernos desde hace cinco años, representan casi un 40% del recibo de la luz, mientras que el precio mayorista de la electricidad (lo que realmente se consume) tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final y cerca del 25% restante corresponde al IVA y al Impuesto de Electricidad. De esta manera, la propuesta de la CNMC supondría abaratar la factura, dependiendo del tipo de consumidor eléctrico, en torno a un 3% y un 5% del precio final.
La CNMC apuesta por que el reparto del coste de las redes entre los diferentes consumidores se haga en función de la energía consumida y la potencia que tienen contratada. Y, al tiempo, la CNMC plantea una ampliación de la discriminación horaria (cobro de diferentes peajes en función del momento del día) para incentivar el consumo eficiente y modificar los hábitos para un mejor uso de la red.
El planteamiento es que si la luz es más barata si se consume en horas valle (en que las redes están menos saturadas por ser en las que menor demanda eléctrica hay) los consumidores cambiarán sus hábitos y trasladarán parte de su consumo. Y, con ello, se puede facilitar la implantación, por ejemplo, del coche eléctrico, al ser más barata la electricidad por la noche, que es cuando se suelen recargar de manera generalizada los vehículos.
En este sentido, la CNMC plantea una auténtica revolución en el recibo de la luz. Por un lado, para los pequeños consumidores se mantiene la tarifa con discriminación de dos periodos (electricidad más barata por la noche y más cara por el día en función de la cuantía de los peajes) en la potencia contratada y se establecen seis periodos diferentes a lo largo del día en el término de energía consumida.
Además, uno de los grandes cambios es que el usuario podrá contratar dos potencias diferentes en un mismo día en función de la hora y del tipo que hace en cada momento. En paralelo, se elimina la actual tarifa de discriminación de tres periodos, muy minoritaria, con sólo 8.000 clientes adscritos.
Otra de las grandes novedades de la propuesta de la CNMC es que se contempla la creación de un nuevo tipo de estructura que divide el día en seis periodos horarios de consumo distintos tanto por potencia contratada como por energía consumida. Una opción a la que, en principio, no podrán acogerse la inmensa mayoría de los consumidores domésticos, ya que se aplicará a todos los tipos de peaje menos precisamente al que se corresponde con los que tienen contratada un potencia inferior a 15 kilovatios en casa.
La CNMC apuesta por una nueva división de la discriminación horaria que contempla que haya seis precios diferentes de peaje (y, por tanto, de la electricidad) en un solo día en función de la hora, pero también que estos precios sean diferente en función de dónde resida el cliente (Península, Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla) y también en función del día en que se realice el consumo (día laborable, festivo, fin de semana…).
La CNMC reta al Gobierno
Desde la CNMC se insiste en que la reunión de la Comisión de Cooperación para dirimir las discrepancias se enmarca estrictamente en la “normalidad institucional” y que las diferencias con el Ministerio son “menores, de carácter puramente técnico, y que se resolverán con facilidad”.
Según la normativa, incluso si no hay acuerdo con el Gobierno, la CNMC puede aprobar la nueva regulación por tratarse de una potestad propia. Y el Ministerio puede, como siguiente paso, recurrir a los tribunales para tumbar el contenido que no comparta.
Sobre un eventual choque con el Gobierno, Marín Quemada ya avisó de que “cada uno hará lo que tenga que hacer para que nadie imponga nada al otro”. En cualquier caso, “seis páginas de letra pequeña tamaño BOE son algo más que orientaciones de política energética”, apuntó el presidente de la CNMC para referirse a la profusión de las directrices impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La CNMC debe aprobar todas las circulares antes del 31 de diciembre de 2019. Si incumpliera ese plazo, la ley establece que los recortes que el organismo prepara a la retribución que cobran las compañías por sus redes no podrían aplicarse y se renovaría la actual remuneración tanto en electricidad como en gas durante seis años. Los mandatos del presidente de la CNMC y de la mitad de la cúpula expiraron este lunes. Su relevo no se podrá acometer hasta que no se forme nuevo Gobierno, pero todos los integrantes del supervisor mantienen todas sus funciones.
Los tiempos para cumplir los plazos legales son ajustados: actualmente todas las circulares están en proceso de consulta pública, la CNMC ha de estudiar las alegaciones de las empresas y los informes del Gobierno, aún debe pasar la normativa por el Consejo de Estado, y sólo después el consejo de la CNMC podrá aprobar definitivamente la nueva regulación. Cualquier dilación pondría en peligro las reformas.
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