Se avecina una multa histórica para los grandes grupos de construcción y servicios españoles. Otra vez. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ultima la aprobación de sanciones a medio centenar de compañías por repartirse contratos públicos y privados de residuos y limpieza.

Se trata, de hecho, de un segundo intento por parte del supervisor de castigar las malas prácticas del denominado cártel de la basura después de que la Audiencia Nacional diera al traste con el primer multazo. La imposición de las nuevas sanciones es inminente, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del estado del proceso. Tras pasar ya varias veces el expediente por la Sala de Competencia del organismo para pulirlo, ya sólo queda la aprobación final.

El caso viene de lejos. Tras dos años de investigación, la CNMC ya impuso en enero de 2015 multas a más de cuarenta compañías y asociaciones empresariales por 98,2 millones de euros. Por repartirse clientes y las licitaciones públicas durante años. Entre las sancionadas se encontraban varias de las grandes corporaciones nacionales, como FCC, Ferrovial, ACS o Sacyr, y varias de sus filiales, que concentraban el grueso del importe las multas.

El expediente era una auténtica sacudida a los cimientos del sector. Tras la larga investigación, la CNMC consideró demostrada una “práctica concertada global” de las compañías que servía para respetar los clientes respectivos y no quitárselos unas a otras; un reparto de los nuevos clientes según iban apareciendo, el intercambio de información sensible; el reparto de las licitaciones públicas presentando ofertas conjuntas o no compitiendo en algunas licitaciones para luego subcontratar parte de los servicios; la coordinación de las actuaciones a través de asociaciones empresariales…

Unas prácticas que se repitieron durante años, en algunos casos más de una década, en los contratos de residuos industriales, en la actividad de recuperación de papel y cartón, en el negocio de saneamiento urbano y limpieza… A pesar de que la CNMC siempre defendió la solidez de las conclusiones de la investigación y la rotundidad de las pruebas, la Audiencia Nacional fue tumbando una a una las multas impuestas a esa cuarentena de empresas.

Sentencia tras sentencia la Audiencia Nacional fue anulando las sanciones por un defecto en la forma del expediente y no en el fondo. Los magistrados no pusieron en cuestión la existencia de las prácticas prohibidas por parte de las empresas, pero consideraron injustificado que se abordará el expediente como una “infracción única y continuada” de todas las compañías cuando, en muchos casos, las empresas no tenían relación entre sí. Esto es, la CNMC trató el caso como una única trama y la Audiencia no vio probada la interrelación entre todas las empresas.

“No hay base para suponer que participara o tuviera conocimiento de un plan conjunto de actuación en el que interviniera otras empresas cuya relación con la recurrente es, simplemente inexistente (…) No se ha acreditado que la empresa sancionada haya cometido la infracción única y continuada que se le imputa”, sostenía la Audiencia Nacional en una de las decenas de sentencias. Un argumento que se repetía en todas ellas.

La Audiencia Nacional “no discute si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona puede ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en una infracción única y continuada”. Y como la justicia discutía la forma y no el fondo, la CNMC decidió el año pasado empezar de nuevo con el expediente para poder sancionar a las compañías.

La Dirección de Competencia de la CNMC volvió a incoar el pasado mayo el expediente sancionador contra 51 empresas y asociaciones empresariales del sector de la gestión de residuos y saneamiento urbano. Pero en esta ocasión, para sortear las reticencias de la Audiencia, decidió investigar de forma individualizada las posibles infracciones no prescritas. Entre el medio centenar de compañías incluidas en la investigación figuran las filiales del ramo de FCC, Sacyr y Ferrovial, así como Urbaser, que ACS vendió en 2017 a un grupo chino.

Otra sanción millonaria

Hay que recordar que varias de estas empresas recibieron hace unos meses una sanción millonaria por parte de Competencia, dada su participación en el denominado 'cártel del AVE', que pactó los precios de decenas de licitaciones relacionadas con la electrificación de líneas de alta velocidad y de ferrocarril convencional, según concluyó el organismo regulador. Las multas alcanzaron en su conjunto los 118 millones de euros.

Entre las empresas que se encontraban en este grupo figuran Cobra, Electrén y SEMI, filiales de ACS. También EYM, del Grupo OHL; y Neopul, de Sacyr. Entre todas, tuvieron que afrontar multas de 48 millones de euros.

El caso no acaba ahí, dado que la CNMC puso estos hechos en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que decida si estas empresas deberían tener restringido el acceso a la contratación pública, durante un período de tiempo determinado, como consecuencia de las infracciones cometidas dentro del 'cártel del AVE'.

La tramitación no ha avanzado como consecuencia del actual contexto político, en el que el Ejecutivo se encuentra en funciones. En cualquier caso, la decisión será relevante, dado que entre estas empresas se encuentran algunos de los mayores licitadores del Estado. Varios de ellos, participantes en el 'cártel' del AVE y en el de la basura.